Sergio Bobrovsky tiene una larga historia como defensor de las causas de los jubilados. Como abogado previsionalista, uno de los más prestigiosos, en 1995 consiguió llevar la problemática de los adultos mayores hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo de la OEA aceptó una denuncia suya y de Horacio González –abogado de la CTA– por violación a los derechos humanos de ese sector durante el menemismo. Recién en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner aceptó la responsabilidad del Estado por el trato a los jubilados y accedió a negociar un acuerdo para una solución amistosa. El proceso concluyó el 4 de noviembre pasado con la firma del convenio, en el cual el Poder Ejecutivo asume una serie de compromisos para reparar los daños de tantos años. Con esa trayectoria sobre sus espaldas, Bobrovsky se permite ser categórico al opinar sobre el tema previsional más importante del momento: el proyecto de ley del 82 por ciento móvil. “Es un mamarracho”, lo califica, en entrevista con Página/12, y revisa pasado y presente del mundo de los jubilados.

–¿Por qué no le gusta el proyecto del 82 por ciento?

–Yo también quiero el 82 por ciento móvil, y no sólo para la jubilación mínima, para todas. Lo que hay que debatir es cómo llegar a eso. El proyecto que se votó en Diputados no me parece una solución. Por muchas razones. La primera es que no tiene ninguna sustentabilidad económica. No alcanza con decir que la Anses tiene plata o que el Estado tiene plata, porque hay un incremento fenomenal de las erogaciones sin fuentes de financiamiento estables. Es un mamarracho.

–El Grupo A dice que la Anses tiene un fuerte superávit para pagar.

–La plata que tiene la Anses es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero eso es un stock. No se puede afrontar un flujo permanente y creciente de gastos con un stock, porque al cabo de un tiempo, que pueden ser dos o tres años, el stock se acaba y el gasto queda.

–El proyecto también modifica la fórmula de movilidad de las jubilaciones. ¿Cuál es su opinión?

–Todavía no se demostró que el mecanismo que propone la oposición, que es el Indice General de Remuneraciones (IGR), sea mejor que la fórmula vigente. Hay que esperar dos o tres años y ver qué pasa.

–La fórmula actual viene dando mayores aumentos que los que hubiera arrojado el IGR.

–La fórmula no es condenable. Algunos podrán decir que el Gobierno dio la movilidad por la presión de la Corte Suprema. Todo lo que quieran, pero otros también estuvieron presionados y no hicieron nada. Lo voy a comparar con uno de los grandes totems de la democracia argentina como lo fue Raúl Alfonsín. En 1986, cuando la Corte Suprema dictó el fallo Rolón Zappa que les reconocía derechos a los jubilados, el gobierno de Alfonsín rápidamente dictó el decreto 2196 que declaró la emergencia previsional y suspendió la liquidación de sentencias por cinco años.

–¿Qué decía el fallo?

–Decía que le tenían que pagar de acuerdo con la movilidad establecida por ley, y que si bien el régimen de movilidad podía cambiar, no lo podía hacer en una medida tal que fuera confiscatoria. Pero la historia no termina ahí. Como la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto 2196, Alfonsín sacó otro decreto, el 648, que decía más o menos lo mismo pero acortaba los plazos. Y después, cuando la Corte estaba por declarar inconstitucional este segundo decreto, el gobierno hizo aprobar la ley 23.568 que estableció el pago de sentencias judiciales dentro de los tres años, el 50 por ciento en los primeros 18 meses y el otro 50 por ciento en los segundos 18 meses.

–Con Menem a los jubilados les fue todavía peor.

–Lo primero que hizo el gobierno de Menem fue un convenio para pagar las sentencias en 15 cuotas, pero con quita. Después asumió Cavallo, anuló el acuerdo y sacó el tema de los bonos que fue un escándalo mayúsculo. En lugar de reconocer las deudas en efectivo dispuso que los jubilados cobraran con bonos a diez años, que empezaban a cortar cupón recién al principio del séptimo año. Los jubilados no tenían más remedio que vender, y en ese momento les daban el 30 por ciento como mucho. El sector financiero que compró los títulos a 30 terminó cobrando la totalidad de los cupones y se llevó más del ciento por ciento en dólares. Fue un gigantesco negocio financiero a costa de los jubilados. Todo eso ocurrió durante el menemismo, cuando Duhalde era vicepresidente y aliado, y ahora se rasga las vestiduras por el 82 por ciento.

–Usted denunció esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

–Fue una denuncia por violación a los derechos humanos de los jubilados y pensionados que hicimos con Horacio González. Desde 1995 hasta 2003, todos los gobiernos negaron que se estuvieran vulnerando derechos de los jubilados. El primero que dio un paso para tratar de buscar una solución fue Néstor Kirchner. El 17 de octubre de 2003 el Gobierno se presentó ante la comisión y aceptó en nombre del Estado que había una situación muy complicada. Entonces se inició un proceso de solución amistosa que se terminó de firmar ahora, el 4 de noviembre del año pasado.

–¿En qué consiste el acuerdo?

–El Estado asume una serie de compromisos. Un punto fundamental es que la Anses se obliga a pagar las sentencias judiciales dentro de los 120 días hábiles de recibido el expediente de la Justicia.

–¿Se está cumpliendo?

–En algunos casos sí, en muchos otros no. Se avanzó bastante en lo que es modificación normativa a favor de los jubilados, pero otra cosa es la conducta administrativa de la Anses. Las sentencias se están pagando mal. Se están liquidando 1200 por mes, cuando lo habitual hace un año eran 2500 y en la época de Massa se llegaron a pagar 3000. Es un tema a mejorar, sin duda. Pero volviendo al tema del 82 por ciento, a mí me aterran los jubilados nuevos, porque los viejos la vivieron, la sufrieron de una manera terrible con Alfonsín, Menem, la Alianza y Duhalde. Los jubilados de los últimos siete años sólo han conocido cómo les fue en el baile con los Kirchner. Entonces, no les va tan bien, es cierto. No les dan todo lo que se merecen, es cierto. Yo tengo muchas cuentas pendientes con la Anses. Pero en comparación con los que estuvieron antes es como el famoso aforismo de Perón: “Nosotros fuimos malos, los que vinieron después –en este caso antes– fueron peores, lo que nos convierte en óptimos”.