Un día después que el establishment en su conjunto –a través del Grupo de los Seis, que eran Siete y, originalmente, Ocho– cuestionó y descalificó al proyecto CGT-Recalde para el reparto de las ganancias empresarias con los empleados, la Unión Industrial Argentina anticipó que concurrirá a la próxima convocatoria de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados para discutir la propuesta. Todo hacía prever que la cúpula empresaria rompería lanzas. Incluso, desde las filas patronales se dejó trascender que se lanzaría una estrategia conjunta para contener “la ofensiva de Moyano”, titular de la CGT. Sin embargo, el comunicado que ayer difundió la UIA se distanció de esa estrategia, aunque manteniendo sus diferencias respecto del proyecto de Recalde. No fue ese el único plano en el que aparecieron cortocircuitos en relación al proyecto de distribución de las ganancias empresarias: el diputado Carlos Kunkel respondió en severos términos las polémicas declaraciones de monseñor Jorge Casaretto.

En el comunicado difundido ayer, la UIA expresó que concurrirá a la cita del 2 de noviembre con la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja para exponer sobre el proyecto de Héctor Recalde sobre las ganancias empresarias. Anticiparon que, en la oportunidad, fijarán posición en el sentido que “la iniciativa, lejos de mejorar la distribución del ingreso, alienta la informalidad laboral, promueve la desigualdad entre los trabajadores y fomenta un aumento del poder sindical”, al tiempo que “genera efectos contrarios a los buscados en materia de mejorar la distribución del ingreso”.

La posición de la UIA habría cambiado luego de escuchar la opinión de las entidades del interior. En vez del rechazo de plano al proyecto, reclamaron un análisis técnico. En la jornada anterior, las cúpulas empresarias lo habían descalificado planteando que ahuyentaría la inversión y que iba a provocar un avance del sindicalismo sobre el control de las empresas.

La estrategia de la UIA parece así independizarse de la que había dejado trazada el G-6, apenas 24 horas antes. En esa oportunidad, incluso, se relacionó el asesinato del militante Mariano Ferreyra con la inconveniencia de avanzar en un proyecto de distribución de ganancias no acordado con la cúpula empresaria. “Es necesario consensuar y alejar los fantasmas de la violencia, cuyos efectos han vuelto a generar hechos lamentables y desgraciados”, decía textual el comunicado del G-6. Pero, después de la fijación de la postura de la UIA, al G-6 sólo le quedaría buscar consenso en el seno del Congreso.

Simultáneamente, Kunkel, del Frente para la Victoria, se refirió a los dichos del día anterior de Casaretto, titular de la Pastoral Social del Episcopado, quien al criticar el proyecto de Recalde había señalado que “no es momento” de discutir sobre distribución de ganancias, “no es lo que necesita hoy el país, hay que pensarlo bien”. El prelado cuestionó que se tratara de “un beneficio sólo para las personas que están en blanco, sin que se tomen en cuenta a los que están en negro”. Kunkel le respondió sin eufemismos: “Siento vergüenza de lo que está diciendo Jorge Casaretto”.

“El, que está al frente de la Pastoral Social, niega que se entre a discutir; porque es un proyecto de ley que va a ser debatido en el Parlamento”, enfatizó Kunkel. Y de inmediato vinculó a monseñor Casaretto con los intereses de los grupos concentrados enfrentados con el Gobierno y “a los mayores pooles sojeros del país”.