El ministro de Economía, Amado Boudou, adelantó que el Estado nacional impulsará más acciones judiciales contra Papel Prensa, bajo los presuntos delitos de asociación ilícita, vaciamiento de empresa y perjuicio fiscal al Estado. El funcionario hizo estas declaraciones luego de presentar un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación, el cual ya fue entregado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su investigación, la Sindicatura, a cargo de Daniel Reposo, aseveró que la actual pérdida operativa de la compañía llega a los 4 millones de pesos y que la papelera sigue vendiendo el insumo básico para la fabricación de diarios por debajo del costo de producción, donde los beneficiados serían el Grupo Clarín y La Nación. “Esta es una clara transferencia de ganancias hacia los accionistas privados en detrimento del Estado”, afirmó Boudou, quien a su vez le reclamó al Congreso un rápido tratamiento del proyecto que busca declarar de interés público la fabricación, producción y comercialización del insumo básico para los diarios. La iniciativa ya tiene dictamen de comisión y cuenta con el apoyo de fuerzas del centroizquierda.

El informe de la Sindicatura fue presentado ayer en una conferencia de prensa de la que participaron el ministro de Economía, la directora por el Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, el síndico Reposo y Alberto González Arzac, miembro del órgano de vigilancia dentro de la papelera. La posible denuncia por “asociación ilícita” está vinculada con el famoso pacto de sindicación de acciones, donde los accionistas privados se comprometieron –en 1977– a “actuar conjunta y coordinadamente, asegurando la unidad de criterio en la conducción de la empresa”. También habrían aplicado ese pacto para alternarse en los cargos de dirección y control, algo que la CNV denunció como “incompatibilidad de cargos”.

“A los problemas de control interno dentro de la compañía se agrega otro dato. Por más de 30 años, Papel Prensa contrató los servicios de la auditora externa Bértola y Asociados, cuando en realidad todos los años se debía haber dado un proceso de licitación para cambiar de auditor”, afirmó Boudou, quien además calificó esta situación como de “anomia interna, donde no existen manuales de procedimiento, ni un sistema contable claro e integrado”.

El informe presentado ayer indica que durante 2010 “el precio de venta por tonelada de papel a las empresas vinculadas con los accionistas privados fue inferior al promedio e incluso por debajo del costo de producción”. Si bien actualmente está en vigencia la resolución 1/2010 de la Secretaría de Comercio, que fijó un precio igualitario para todos los jugadores del mercado, “Clarín y La Nación siguen recibiendo descuentos por pago en efectivo y volumen de compra que los coloca en mejor posición que el resto de sus competidores”, indicó a Página/12 el síndico Reposo.

Dentro del conjunto de denuncias, la apuesta más fuerte podría ser la figura de “perjuicio fiscal al Estado”. Para explicar esta situación, Boudou se remontó a la historia, al señalar que la creación de la compañía estuvo financiada por un cargo a la importación de papel del 10 por ciento, el cual era pagado por todos los diarios del país, más un préstamo del ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade).

“El Estado contribuyó a la creación de la compañía con el objetivo de que se convirtiera en una industria nacional dedicada exclusivamente a proveer papel a todos los diarios en forma equitativa, y a un precio justo e igualitario”, señaló Boudou, para luego aclarar que la compañía está “lejos de esa situación ideal”.

El cuadro de “perjuicio fiscal” se completaría –según la descripción que realizó el ministro de Economía– con los gastos de la compañía en los sueldos de los gerentes. “De un total de 820 empleados, hay seis gerentes que se llevan en total por año aproximadamente 8 millones de pesos. Después encontramos promedios de sueldos cercanos a los 60 mil pesos”, agregó Boudou.

Toda esta información ya fue presentada a Cristina Fernández de Kirchner. Según indicó Reposo al término de la conferencia de prensa, la mandataria deberá instruir (o no) al procurador del Tesoro para avanzar en nuevas causas judiciales dentro del Fuero Penal Económico, que podría sumarse a la causa ya iniciada por delitos de lesa humanidad, vinculados con la forma de apropiación de Papel Prensa por parte de los accionistas privados.