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El debate de ayer entre el canciller Héctor Timerman y Horacio Rodríguez Larreta, mano derecha de Mauricio Macri, se entiende mejor con un marco y algunos datos.

El marco es simple. Macri nacionalizó sus opiniones políticas por lo menos desde el 2008, el momento de peor crisis entre el Gobierno y un sector de los productores agrarios. Como esta semana lanzó su candidatura para polarizar con la/el candidata/o del oficialismo a la Presidencia en las elecciones de octubre, es posible que aproveche cualquier tema para perfilarse como el más opositor de los opositores. El movimiento le serviría a Macri tanto para armar la fórmula, eventualmente con los restos del peronismo federal, como para prenderle una vela al escenario, hoy improbable, de una hipotética segunda vuelta.

Los datos hablan de una institución poco citada. Se trata del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, o Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Es un organismo que depende del Pentágono, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Y para aclarar el entendimiento conviene recordar que Hemisferio Occidental es, en el lenguaje diplomático norteamericano, un eufemismo que alude a la relación de Washington con América latina.

Creado por ley del 2000 para reemplazar a la Escuela de las Américas, el WHISC, como se lo conoce por sus siglas en inglés, tiene el objetivo de “dar educación profesional y entrenamiento a personal de naciones del Hemisferio Occidental dentro del contexto de los principios democráticos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”. Plantea un principio de “mutuo conocimiento, transparencia, confianza y cooperación”, siempre dentro de la “promoción de valores democráticos, respeto por los derechos humanos y comprensión de las costumbres y las tradiciones de los Estados Unidos”.

El tipo de personal que puede participar de los cursos de entrenamiento y las actividades de cooperación es, según la ley, de tres tipos: militares, miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley (así se designa en los Estados Unidos a oficiales de seguridad o de organismos con la agencia antidrogas, la DEA) y civiles.

A diferencia de la Escuela de las Américas, que entrenaba torturadores, el Instituto dice preocuparse por el “control civil de las Fuerzas Armadas” y los derechos humanos.

La ley de creación prevé entrenamiento en desarrollo de líderes, operaciones antidrogas, operaciones de mantenimiento de paz e intervención frente a desastres. En su funcionamiento, el Instituto incorporó a la currícula académica entrenamiento en la lucha antiterrorista.

Para un país como la Argentina, con una división legal tajante entre fuerzas militares y fuerzas de seguridad votada por mayoría en los primeros años de la democracia, la participación en el Instituto plantea, al menos en teoría, un problema. Los Estados Unidos conciben a las Fuerzas Armadas latinoamericanas también con funciones policiales. Así sucedió en el pasado con Colombia y hoy con México en el combate contra el narcotráfico.

Puede suponerse, por un momento, que los entrenadores norteamericanos serán cuidadosos y que nunca un militar estadounidense entrenará a un policía, un gendarme o un prefecto argentino. Las fuerzas federales de seguridad tienen como parte de su trabajo la prevención antiterrorista y podrían encontrarse con colegas de otros países. En ese caso persistiría un problema específico para la Policía Metropolitana. ¿Qué tiene que ver con el antiterrorismo, es decir con las actividades de Inteligencia, una fuerza que Macri suele definir como “de proximidad con los vecinos”? ¿O es otra coartada más para espiar?

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