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Ocho entidades de defensa de los consumidores y usuarios definirán hoy una estrategia conjunta para enfrentar los aumentos de las tarifas del gas y la electricidad dispuestos por decreto. La presentación judicial, que se propone dejar sin efecto las subas en las que insiste el Ejecutivo, está prevista para mañana martes. Desde el sector empresario defendieron los aumentos, pero dijeron que “no alcanzan” para cubrir los costos operativos actuales.
Horacio Berstein, de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó que “el denominado Foro de Asociaciones de Consumidores, integrado por ocho miembros, realizará la presentación judicial el próximo martes”. De la demanda para que “se frene la suba dispuesta sin la correspondiente consulta pública” participarán: Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, Unión de Consumidores de la Argentina, Consumidores Activos, Deuco, Duc, y Centro de Educación al Consumo. El pedido también contará con la firma de Ariel Kaplan, representante de las entidades de consumidores ante la Comisión de Renegociación de los Contratos.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, defendió los aumentos en los servicios eléctricos por entender que los costos en dólares que deben pagar las empresas “son altísimos”. Por ello demandó la necesidad de contar con ajustes superiores a los autorizados por el gobierno.
Si bien los ajustes, que entraron en vigencia este sábado, promedian el 9 por ciento en la electricidad, y un 7,2 por ciento los del gas a nivel residencial, llegan al 18 por ciento para los consumidores industriales y al 19,3 por ciento para el Gas Natural Comprimido (GNC) en el ámbito metropolitano de Buenos Aires.
La presentación de las entidades de consumidores tiene como meta reforzar el criterio planteado en el artículo 9 de la ley 25.561, la cual fue dictada por el Congreso, y que a juicio de las asociaciones “no puede ser modificada por un decreto de necesidad y urgencia”, tal como fue el 120 promovido por la administración Duhalde para allanar el camino del ajuste tarifario.
Las entidades alegan que el procedimiento empleado por el gobierno nacional “es inconstitucional” y que “no respeta el criterio” dispuesto en las leyes reguladoras del régimen eléctrico y del gas (24.065 y 24.076), donde se establece que cualquier modificación tarifaria debe ser adoptada con posterioridad a un debate en audiencia pública. “El decreto 146 viola estas leyes y plantea graves inconvenientes”, concluyó Berstein.