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Entre los integrantes de la asamblea popular de Parque Avellaneda hay 46 familias que tienen problemas de vivienda: están hacinadas en habitaciones o conventillos, incluso cuatro de ellas directamente quedaron en la calle. En busca de soluciones, los caceroleros decidieron armar una cooperativa que formalizarán esta semana, con la que aspiran a acceder a un alquiler conjunto como salida a corto plazo, aunque apuntan a construir o refaccionar casas propias donde vivir dignamente. La preocupación por este tema es compartida por otras asambleas que también ayudan a resistir desalojos, a gestionar subsidios habitacionales y esta semana, en conjunto, intentarán frenar los remates que se avecinan.
Por sufrirlo en carne propia o por entenderlo como un problema vital de los barrios en los que trabajan, el drama habitacional empezó en los últimos meses a ocupar un lugar cada vez más destacado en la agenda de las asambleas porteñas. No hizo falta, explican, ninguna estadística de lo que está a la vista de todos. Incluso ya funciona de manera articulada una comisión interasambleas específicamente de vivienda. “Hay una impresión compartida de estar frente a una crisis de vivienda generalizada que incluye distintas problemáticas: la de los sin techo o quienes viven en casas ocupadas, la de gente que vive en situación precaria en hoteles o inquilinatos, los que están endeudados y corren riesgo de perder su casa por no poder pagar, además de quienes no pueden abonar los servicios”, enumera Omar Varela, vecino de Palermo Viejo. También están participando de las reuniones otras asambleas como Villa del Parque, Parque Avellaneda, Plaza Irlanda, Plaza 1º de Mayo, Plaza Flores y Plaza de los Periodistas.
En cooperativa
Los asambleístas discuten alternativas y entre ellas la opción de conformar cooperativas de vivienda suele aparecer como una de las apuestas de máxima. Los de Lacarra y Directorio, Parque Avellaneda, están decididos a intentar tomar ese camino porque, dicen, les permite pensar en la posibilidad de la casa propia apoyándose en políticas de horizontalidad y autogestión, pilares de las asambleas barriales. En esta asamblea el problema de no tener techo es por mayoría abrumadora el más acuciante.
La cooperativa, que inscribirán oficialmente esta semana, se llamará Alameda, como el bar recuperado donde estos vecinos autoconvocados hacen sus reuniones y donde funciona un comedor comunitario. Como presidenta figurará Adriana Alvarez, de 41 años, quien actualmente vive con sus seis hijos –de entre dos meses y 19 años– en una sola habitación de una pensión. “Soy auxiliar de portería, estoy sola y con lo que gano no me alcanza para nada”, dice. Los demás integrantes de la cooperativa serán personas también sin vivienda y con una antigüedad considerable dentro de la asamblea.
Todo lo que logren será de propiedad colectiva. Gustavo Vera, otro asambleísta, explica el plan: “Queremos exigir que se aplique la ley 341 de la Ciudad que prevé un crédito, actualmente de 42 mil pesos por familia sin vivienda. Una de las condiciones es la asociación de familias en cooperativa. Hay muy poca difusión de esa norma y tenemos la impresión de que se maneja con discrecionalidad y de manera clientelar. Lo que vamos a pedir no implica en la relación con el Gobierno de la Ciudad otra cosa más que reclamar lo que es nuestro”.
Hace ya seis meses que estos vecinos vienen recorriendo inmobiliarias, así como edificios y casas o predios vacíos o abandonados de la zona, para ver qué pueden hacer y presentar un proyecto para conseguir los créditos que otorga la Comisión de la Vivienda. “Sabemos que eso puede demorar, pero la gente no puede esperar, de modo que en el ínterin exigiremos el subsidio habitacional de 1800 pesos (por seis meses). A partir de estovemos tres opciones, que serán más o menos pacíficas según la respuesta del Gobierno porteño”, dice Gustavo. Y detalla: “Una, la que esperamos lograr, es alquilar entre varias familias casas grandes, pagando un año por adelantado, con opción a compra cuando salga el crédito; otra, alquilar sin opción a compra e ir gestionando algún lugar donde construir nosotros mismos, que no descartamos que sea algún predio o fábrica abandonada; si el dinero no aparece generaremos algún hecho político”.
Atajos
“Cinco de las 40 personas que integran de manera estable nuestra asamblea se fueron encontrando este año en situación de calle. Estoy hablando de gente, la mayoría, de clase media: alguno que dejó de pagar las expensas y lo terminó echando el consorcio, una mujer desocupada con un hijo adoptivo a quien su pareja abandonó con una hipoteca a cuestas y terminó perdiendo el departamento, y la lista sigue”. Esas fueron las situaciones, según detalla Silvia Díaz, que llevaron a la asamblea de Plaza Almagro a idear paliativos.
“Pensamos que conformar una cooperativa de vivienda es la salida más digna, pero fuimos notando que requiere un alto grado de organización y de cohesión, además de dedicación full time. Vemos dificultades. Por ejemplo, la Comisión de la Vivienda pide, ante posibles incumplimientos de pagos, que la cooperativa tenga mecanismos para excluir a los que no cumplan. Es complejo manejar eso. Por ahora hemos ayudado a nuestros compañeros a conseguir los subsidios para gente en situación de calle, aunque son precarios y sabemos que no es el camino porque sólo dan una solución transitoria: cuando se acaba el subsidio otra vez se quedan sin hogar. Pero si no los reclamamos como colectivo tampoco se los dan”, dice.
Desde que comenzó sus reuniones, por fines de diciembre de 2001, la asamblea de Córdoba y Anchorena recibió reiterados pedidos de socorro de vecinos que estaban a punto de ser echados de sus habitaciones o casas ínfimas y de otros que viven apiñados. Desde un comienzo los asambleístas ayudaron a resistir desalojos y comenzaron a pensar otras soluciones.
En una de sus acciones tuvieron la sensación de estar viendo “un barrio dentro del barrio”, resume Diego. “Hay casas donde vive una familia entera en un ambiente y en el patio vive más gente en casillas de cartón que arman ahí mismo. Comparten un baño entre 20 y 30 personas”, describe. Alberto, otro asambleísta, hizo un relevamiento focalizado en Balvanera, en el que constató que de 50 hogares vinculados a un proyecto de integración social, un 90 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza (canasta de 232 pesos), 44 por ciento está bajo la línea de indigencia (canasta de 105 pesos) y cerca del 60 por ciento habita en condiciones de hacinamiento. Alberto advierte sobre la complejidad de tema: “El deterioro es muy grande y a la gente le cuesta comprender que la vivienda es un derecho. Temen movilizarse o no les quedan fuerzas. A menudo son víctimas de la extorsión de otros tan pobres como ellos que han ocupado una vivienda y la subalquilan. Nos narran episodios de luchas a muerte por el dominio de un lugar donde cobijarse”.
La comisión de vivienda de esta asamblea analizó la opción de armar una cooperativa, pero ven dificultades. “Nos parece que el gobierno porteño ofrece créditos para sacarse un problema de encima, sin garantías para la gente, poniéndola en situación de tener que devolver la plata por años y con condiciones que dificultarían la subsistencia de la cooperativa. Otra opción que vemos es gestionar subsidios tratando de que los otorguen por más de seis meses. Estamos empezando a delinear un proyecto de emergencia habitacional con otras asambleas de Almagro para exigir que mejoren las condiciones para la formación de cooperativas y la obtención de subsidios”, anuncia Diego.
Resistencia
Los intentos por impedir desalojos son denominador común de muchas asambleas. A los vecinos de San Telmo Plaza Dorrego, por ejemplo, siempre se los ve firmes junto a los habitantes del edificio del Padelai, el ex Patronato de la Infancia, quienes aseguran que el 70 por ciento de la propiedad les pertenece por un viejo convenio. Las autoridades porteñas alegan que la construcción corre peligro de desmoronarse, según un estudio de la UBA. La semana pasada el juez porteño Andrés Gallardo concurrió al lugar con una delegación de bomberos que diagnosticó casi lo contrario y, por eso, resolvió frenar el desalojo que estaba previsto.
Resistir los remates es otro tema que empieza a imponerse. En la comisión de vivienda interasambleas que se reunió la semana pasada, los caceroleros de Plaza de los Periodistas contaron cómo lograron parar la ejecución de la casa de un vecino. Ahora esta red de asambleas intentará poner freno a todos los remates que se vienen ahora que termina la feria judicial, con una manifestación en la Corporación de Rematadores, Perón al 1200, que se hará mañana por la mañana.