La Comisión de Legislación Penal de Diputados inició ayer el debate de la reforma de la ley sobre el lavado de activos. Los legisladores analizaron los resultados a los que arribó el grupo de expertos que se creó en diciembre con representantes de los distintos bloques. El objetivo es delinear una norma consensuada. Según manifestó el titular de la Comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), hubo acuerdo en lo que respecta a la tipificación del delito de lavado, pero existen diferencias en cuanto a la autonomía que se otorgará de la Unidad de Información Financiera. En el encuentro se presentó como iniciativa que el titular de la UIF sea elegido de igual manera que al ombudsman o los jueces federales, a partir de la modificación que introdujo el decreto 222 que dictó el entonces presidente Néstor Kirchner.

En los dos meses de receso parlamentario un grupo de expertos de distintos bloques analizaron las distintas propuestas. El objetivo es arribar a una nueva ley antilavado y evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según relató Vega, se acordó la configuración del tipo legal y “se consagra por unanimidad el autolavado”. De esta manera, se evita el encubrimiento como pre-requisito configurativo del delito. “Estamos entrando dentro de los estándares internacionales en la materia. En tanto, continúa la discusión sobre los sujetos obligados, los cuales fueron dictados en los últimos meses mediante resoluciones de la UIF”, apuntó.

Existen disensos en cuanto al alcance de la Unidad y sobre la elección de sus titulares. “No creo que pueda hacerse por consenso como se pide”, señaló el titular de la comisión. Este es un pedido de la oposición, mientras que el oficialismo solicita que sea designado por el Ejecutivo. Por eso se planteó la posibilidad de emular los mecanismos de selección del defensor del pueblo o los jueces de la Nación. El ombudsman es elegido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. En tanto, el decreto 222 contempla que se tenga en cuenta la opinión social para cubrir vacantes en el máximo tribunal. Los diputados acordaron también que la Comisión de Finanzas, que preside Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), trabaje de manera conjunta con la de Legislación Penal, en el tratamiento de los proyectos. Los asesores de ambas comisiones iniciarán las reuniones la semana próxima y en 15 días los diputados se volverán a encontrar.