Los trabajadores rurales temporarios de todo el país contarán desde los primeros días de abril con una estructura legal que pretende asegurar el cumplimiento de condiciones mínimas de empleo que contemplan desde el suministro de agua potable hasta la prohibición del trabajo infantil. La resolución que aprobó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un espacio donde conviven el Estado, el sindicato del sector y las cuatro cámaras patronales, ofrece un paliativo transitorio a los vacíos en materia de protección de los asalariados rurales estacionales mientras que el Gobierno impulsa el tratamiento en el Congreso de un nuevo Estatuto del Peón Rural. La normativa no cuenta con el apoyo de Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro, ni Federación Agraria. Cuando la CNTA discutió los distintos aspectos de la regulación, hace dos semanas, los representantes de la Mesa de Enlace abandonaron el encuentro.

A raíz de los distintos episodios de reducción a la servidumbre y condiciones de empleo infrahumanas detectados en los últimos meses, los técnicos del Ministerio de Trabajo que encabeza Carlos Tomada comenzaron a elaborar una propuesta para establecer condiciones mínimas de protección para los asalariados migrantes. Esos trabajadores representan a más del 66 por ciento del empleo rural y son prácticamente ignorados por la legislación vigente.

La propuesta que fue elevada a la CNTA a mediados de febrero establecía aspectos mínimos vinculados con la calidad de la vivienda en la que deben alojarse los trabajadores, las condiciones de los servicios sanitarios, la disponibilidad de energía eléctrica, los sistemas de cocina y medios de comunicación telefónica y la obligación del empleador de informar a los trabajadores dónde se encuentra el establecimiento, cuál será el salario y cuándo se abonará. A su vez, la norma –que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días– también especifica aspectos fundamentales como la libertad ambulatoria, preservación de la salud, el trato digno, la habilitación de espacios para la contención y el cuidado de los hijos de los trabajadores y la prohibición del empleo de menores de edad.

Durante el primer encuentro del año de la CNTA, celebrado a fines de febrero, las cámaras empresarias y el sindicato solicitaron más tiempo para analizar la propuesta y su tratamiento se postergó hasta el 16 de marzo, cuando las tres partes se habían comprometido a analizar el tema. No obstante, SRA, CRA, Coninagro, FAA y otras asociaciones de productores reclamaron una nueva prórroga, que fue rechazada en una votación. Antes de comenzar la discusión pormenorizada de los 28 artículos de la resolución 11/2011 las entidades agropecuarias –inclusive FAA cuyo presidente volvió a reunirse con el ministro de Trabajo una semana después para expresar su rechazo al trabajo esclavo– se retiraron del convite. Los representantes de los asalariados no siguieron a los patrones, permanecieron en el debate y finalmente se aprobó una normativa que establece parámetros mínimos en las condiciones de empleo rural para todos los trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales de todo el país.

La resolución de la CNTA pretende homogeneizar los dispersos antecedentes normativos vigentes para los trabajadores migrantes y, según precisó el presidente de la comisión y subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, define a nivel nacional obligaciones mínimas que facilitan el proceso de fiscalización en las distintas actividades. El funcionario enfatizó que pueden existir particularidades que requieran adecuaciones de la nueva normativa, pero destacó que era necesario establecer un piso mínimo de derechos y condiciones. La resolución pretende anticiparse a la sanción del proyecto de ley que presentó en el Congreso el Gobierno para modificar la regulación del trabajo rural.

“No es un tema que hayamos descubierto ayer, tampoco dimos vuelta la historia. Pero hemos avanzado sobre la informalidad absoluta, el trabajo esclavo y el empleo infantil en el sector rural”, consideró el ministro Tomada, durante un encuentro con la prensa donde estuvieron presentes todos los secretarios de la cartera laboral. Allí, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, difundió los resultados de las fiscalizaciones realizadas por los inspectores de la cartera laboral en las distintas explotaciones agrarias en todo el país entre enero y marzo. Durante el primer trimestre del año la informalidad laboral en el sector rural ascendió hasta el 67 por ciento, pero las irregularidades treparon hasta el 75 por ciento en el noreste del país, la región pampeana y Cuyo.

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