El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.

El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.

Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.

Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.

La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.

La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.

El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.

Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.