La asamblea de accionistas del Grupo Clarín reconoció ayer la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441, que permitió ampliar la participación del Estado en las empresas donde tiene inversiones, y con ello no convalidó la postura de Techint. El holding que lidera Paolo Rocca desconoció la norma presidencial y llevó a cabo la votación en la asamblea aplicando el techo del cinco por ciento a la participación política de la Anses que regía antes de la sanción del DNU. En cambio, el cónclave en el multimedios se desarrolló con normalidad y, como se esperaba, la Anses perdió todas las votaciones, porque posee una porción menor del capital social. Clarín aprobó la distribución de unos 120 millones de pesos en dividendos, pero acumula cerca de 1200 millones de ganancias no repartidas. En la Anses aseguran que las condiciones legales están dadas para reforzar la demanda contra el grupo para que esos dividendos se distribuyan. También hubo asambleas en San Miguel, Solvay Indupa y Mirgor, en las que la Anses ratificó su participación en los directorios. Hoy tendrán lugar las de TGS, Metrovías y Metrogas, donde suenan nombres vinculados con el sindicalismo para representar al Estado.

La Anses posee el 9 por ciento del capital del Grupo Clarín en acciones de clase B, que tienen menos derechos políticos que los títulos controlantes. Incluso dentro de la clase B, la Anses tiene un peso bastante menor que el de dos importantes fondos de inversión, que le ganaron la votación al organismo previsional y le impidieron designar representante. La Anses informó que se reservó el derecho de impugnar judicialmente los nombramientos de la clase, porque los fondos de inversión no estaban inscriptos en la Inspección General de Justicia. Todos los puntos del orden del día, como la consideración del balance, de la gestión del directorio y el destino de los resultados, fueron aprobados por la asamblea de accionistas, aunque en algunos casos con el voto negativo de la Anses.

La asamblea aceptó la propuesta de Clarín de distribuir a los accionistas unos 120 millones de pesos en dividendos, quedando el resto, unos 387 millones, incorporados a “resultados no asignados”, una cuenta que acumula más de 1200 millones de pesos y que luego puede ser utilizada de forma discrecional por el directorio, por lo que la empresa debería justificar adecuadamente su utilización. Según pudo averiguar Página/12, Clarín argumentó que no tenía dinero en caja y que hicieron inversiones importantes. Desde la Anses aseguraron que “no lo explicaron en forma satisfactoria, resultó totalmente contrario a lo que la Ley de Sociedades Comerciales establece en materia de dividendos”.

Las condiciones están dadas para que la Anses presente una acción legal contra Clarín para forzar la distribución de dividendos, explicaron en el organismo previsional. Ya hay una demanda del Estado contra Clarín por la distribución de dividendos, dado que en la asamblea de accionistas del año pasado la firma decidió no repartir nada y enviar la totalidad de las ganancias a “resultados no asignados”. La presentación del Gobierno obtuvo un fallo en contra en primera instancia y ahora está en la Cámara Nacional en lo Comercial, que ya dictó sentencia en el caso de Endersa, que es de similares características, en favor de la Anses.

Más recientemente, el juez Hernán Diego Papa, del Juzgado Comercial Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, suspendió preventivamente la asamblea de accionistas de Siderar, en la cual se dejaron sin distribuir unos 6800 millones de pesos. Esa reunión fue cuestionada por la Anses porque la empresa desconoció la vigencia del DNU 441. En la asamblea de ayer el Grupo Clarín no adoptó la misma postura, ya que reconoció la norma del Ejecutivo. Solamente al comienzo de la asamblea un representante del accionista mayoritario aclaró que “un famoso constitucionalista” le había asegurado que el DNU era inconstitucional.

Entre la inicial postura de Techint y la de ayer de Clarín se sucedió una larga serie de asambleas, y en todos los casos fue tenido en cuenta el DNU. “Nosotros respetamos mucho a los accionistas minoritarios”, indicó en esa línea Allan Simoes Toledo, vicepresidente del Banco do Brasil, entidad que controla el Banco Patagonia, adonde la Anses ubicó un director. Bajo la misma premisa, ayer se realizaron las asambleas de San Miguel, Mirgor y Solvay Indupa.

En la citrícola tucumana San Miguel la Anses tiene el 26,96 por ciento del capital. Como representante del organismo previsional fue reafirmado Rubén Darío Patrouilleau, quien se desempeña en el cargo de director desde mayo de 2009. A su vez, en Mirgor, la empresa fueguina fabricante de aires acondicionados para vehículos, donde la Anses tiene una participación de 21,54 por ciento, se reeligió como director del Estado a Maximiliano Petrossi, un funcionario próximo a la ministra Débora Giorgi. Desde la compañía explicaron que la presencia de un representante del Estado les permite fortalecer su posición como proveedores frente a las automotrices. En la petroquímica Solvay Indupa fue reelegido Sergio Daniel Piriz por parte de la Anses.