La toma de la vereda comenzó en noviembre pasado y los ocupantes son en su mayoría cartoneros.
Imagen: Télam.

Los ocupantes de la vereda de la calle Portela, en el Bajo Flores, deambularon toda la mañana oyendo distintas ofertas del gobierno porteño, tras confirmarse la orden de desalojo emitida por la jueza Amanda Alvaro. Los funcionarios de Desarrollo Social insistieron primero con ubicarlos en paradores y también prometieron, según afirmó la titular de esa cartera, María Eugenia Vidal, una “cuota de emergencia de 700 pesos” para alquilar algo durante un mes, mientras se busca la forma de acomodarlos en otros programas sociales. Sin embargo, Vidal aclaró que “bajo ningún punto de vista” ofrecerán viviendas. “Para que continúe ese subsidio te piden ABL y con 700 pesos conseguís una habitación en alguna villa. Pero, ¿quién paga el ABL en la villa?”, observó Laura Fornos, delegada de los ocupantes. La zona fue “gendarmizada” por orden judicial.

La toma comenzó en noviembre pasado y se extiende desde la esquina de Portela y Castañares, donde están ocupadas las viviendas sociales del gobierno porteño destinadas a quienes viven en la ribera del Riachuelo, hasta la intersección de Riestra y Portela, zona lindera al campo deportivo del club Argentinos Juniors. Del otro lado de la vereda hay una empresa de químicos y también un barrio de 33 viviendas que fueron adjudicadas a los habitantes de la incendiada Villa Cartón. En los alrededores, miles de cartoneros seleccionan lo recogido en el día.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad denunció la ocupación de la vereda y el caso llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño. Allí se confirmó la orden de desalojo dictada en primera instancia por Alvaro, titular del Juzgado Nº 16. “Al principio la jueza pidió que la Policía Metropolitana hiciera el operativo y fuera respaldada por las fuerzas federales, lo que hizo la Cámara fue invertir este orden”, explicó a este diario una fuente de la Defensoría General porteña, que defiende a los ocupantes.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de las fuerzas federales, sostienen la misma postura que tuvieron ante la toma del Parque Indoamericano, el Club Albariño y las viviendas sociales del Bajo Flores: buscar una solución política al conflicto. “El problema es que el gobierno porteño no agota las instancias previas. No hicieron censo, no escucharon propuestas de los ocupantes y tampoco dan soluciones reales al problema habitacional”, comentó la fuente de la Defensoría. Vidal, por su parte, culpa al gobierno nacional por “incumplir” la orden judicial.

En el lugar hay camionetas del ministerio de Vidal y un patrullero de la Metropolitana estacionado a 200 metros de la toma, pero no se ven ambulancias ni carros sanitarios. La Policía Federal y la Gendarmería cercaron la calle Portela, aunque no dispusieron límites a los ocupantes. Sí a la prensa. “No quieren que se vea la miseria en la que vivimos”, dice Ana Castro a Página/12 sentada sobre el asfalto, mientras le da la teta a su hijo de dos años. “Es un mamón”, se ríe la hermana del pequeño Tony.

Castro limpia una escuela porteña y gana 1500 pesos. Consiguió el trabajo gracias a una cooperativa, pero apunta, como muchos en la toma, a transformar los 400 pesos que paga de alquiler en el barrio Ramón Carrillo en una cuota para su propia casa.

Fernando Malle Choque cuenta que se vino desde el Alto de La Paz, en Bolivia, hace cinco años y sobrevive cartoneando. “Yo tengo 62 años, fui albañil toda la vida, pero ya no me da el cuerpo –dice–. Tengo a mi esposa enferma y gano entre 40 y 50 pesos al día. No hay forma de que pueda alquilar algo. Una de mis hijas me trae comida cuando puede. La verdad es que me gustaría jubilarme, acá o en Bolivia, donde pueda.” Malle Choque trabaja doce horas diarias y sabe leer “un poco”; su esposa, Dorotea Machaca, anda con muletas porque se quebró el tobillo. “Yo quiero plata porque vivienda no nos dan”, dice la mujer.

Como el resto de los cartoneros, Malle Choque vende lo que encuentra a la cooperativa El Trébol, cocina con la leña que carga en su carrito y usa como baño un tarro de pintura que diariamente descarga en la esquina de Portela y Riestra. Cristián Villalba también sale con su carrito todos los días y asegura que ocupar la vereda fue la única solución que encontró desde que se terminó el tren blanco. “Muchos usamos estas casillas para dormir al mediodía y seguir cartoneando a la tarde, pero después nos vamos a provincia (de Buenos Aires). Si hay trabajo, pasamos la noche y de última visitamos a nuestras familias el fin de semana”, asegura.

Es tan mayoritaria la presencia de cartoneros que Rubén Garay, el herrero del barrio, montó un negocio de armado y reparación de carritos. “A muchos se les rompe el carro porque lo llenan mucho o se les oxida”, dice el hombre, que vive a media cuadra de la esquina de Riestra y Portillo.

La delegada, Laura Fornos, arma reuniones a cada rato para actualizar la información y llevar tranquilidad. “Hay apoyo de otros jueces y políticos”, asegura la joven. Los legisladores porteños Francisco “Tito” Nenna, Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova ya se solidarizaron con el reclamo habitacional.

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