La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, fijaron ayer una posición común para tratar de superar la crisis de la deuda griega que amenaza la estabilidad de la Zona Euro. Ambos mandatarios remarcaron que la participación de la banca privada en la reestructuración de los pasivos deberá ser voluntaria para que las calificadoras de riesgo no la consideren un default, que actuarán “lo más rápido posible” y que cualquier decisión deberá contar con el visto bueno del Banco Central Europeo. La mayoría de los analistas interpretó el anuncio como una flexibilización de la posición alemana, que había planteado postergar siete años los vencimientos, y el riesgo-país de las economías más endeudadas de la región bajó. Sin embargo, el gobierno de Angela Merkel nunca se había manifestado a favor de una reestructuración compulsiva y logró que la participación de los privados continúe en agenda, pese a la presión en contrario del BCE. Ahora resta que los ministros de Economía de la Zona Euro consensúen una propuesta concreta, la cual se inspirará en la iniciativa de Viena.

Luego de que trascendieran las diferencias entre Alemania y Francia sobre cuán “suave” debía ser la reestructuración de la deuda griega, el gesto político de ayer ayudó a descomprimir la situación. “Queremos una participación de los acreedores sobre una base voluntaria. Insisto en lo de la base voluntaria”, afirmó Merkel en la conferencia de prensa posterior al encuentro que mantuvieron en Berlín. Luego la canciller alemana se manifestó a favor de que el nuevo programa de ayudas para Grecia se apruebe “lo antes posible”, una vez que se presenten las conclusiones del análisis técnico sobre la situación de ese país. “No fijamos una fecha, pero es claro que en septiembre no sería lo más rápido posible, que en agosto pasan pocas cosas (por las vacaciones europeas) y que ya estamos a mediados de junio, entonces creo que ustedes pueden entender lo que queremos decir”, agregó Sarkozy.

Merkel y Sarkozy admitieron que buscan para Grecia una salida en los términos de la iniciativa de Viena que permitió a los países del Este de Europa reestructurar sus pasivos en 2009. La propuesta es similar a la extensión de plazos que propuso el ministro de Economía de Alemania, Wolfgang Schäuble, pero tiene algunas diferencias sutiles que evitarían que las calificadoras de riesgo la consideren como un default. El plan alemán contemplaba que los bancos canjeen de manera voluntaria sus títulos por otros nuevos, con los mismos intereses pero con un vencimiento posterior. La iniciativa de Viena prevé, en cambio, que Grecia cumpla con los pagos al momento del vencimiento y que esos mismos acreedores luego compren nuevos bonos de la deuda helénica. En los hechos, el impacto será el mismo, pero la valoración de las calificadoras es distinta.

Si bien Alemania “cedería” así con respecto a su posición inicial de canjear los bonos, su decisión de que el costo de la ayuda a Grecia se reparta de manera equitativa entre los contribuyentes y los inversores privados se mantiene. Se busca evitar así que las entidades reduzcan su exposición hasta salir indemnes del desastre gracias a los aportes del FMI y la UE, que de ese modo facilitarían una socialización de las pérdidas.

Ahora resta que los ministros de Economía de la Zona Euro le den forma a la propuesta y que el Consejo Europeo le ponga la firma, pero se supone que no habrá mayores inconvenientes porque Alemania y Francia son los que llevan la voz cantante dentro de la Unión Europea. Mientras tanto, Grecia deberá avanzar con el plan de ajuste para cumplir con su parte (ver página 25). Si no lo hace, el FMI, la UE y el BCE la dejarían librada a su suerte y trazarían un “cordón sanitario” para proteger al resto de los países en riesgo, como Portugal, Irlanda, Italia y España, pero ésa es la última opción, porque supone fuertes pérdidas para los bancos y esos organismos no están en contra de los bancos sino para defenderlos.