“Todos los países evaluaron muy positivamente lo actuado por el país en materia de lucha contra el lavado de activos”, dijo a Página/12 el ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario encabezó la delegación argentina que participó hasta ayer de un nuevo encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en México, en el que presentó los avances del programa de lucha del Gobierno contra delitos de lavado y financiación del terrorismo. La Argentina se comprometió a fin del año a encarar una serie de reformas, luego de que el organismo publicara un duro reporte respecto de la gestión durante el período 2004-2009. La delegación oficial, de la que también formó parte el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, pretende pasar el examen del GAFI y así conservar su condición de país “confiable y cooperante”, según las normas internacionales. Esa decisión será comunicada por el GAFI mañana.

El GAFI realizó a fines del año pasado una evaluación en la que concluyó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones que consideraba necesarias. El Gobierno presentó, en respuesta, un plan de acción que incluía todos los señalamientos, con lo cual logró un período de gracia –hasta noviembre próximo– para que los pusiera en práctica. Ayer las autoridades expusieron esas mejoras. La reunión duró tres horas, en la que hubo un duro intercambio de opiniones.

El lunes expuso Sbattella y ayer lo hizo Alak. “Hubo muy buena recepción, sobre todo respecto de la sanción de la ley antilavado”, expresó el ministro de Justicia. Anteayer, mientras tenía lugar el foro del GAFI, el Gobierno promulgó la modificación al Código Penal, a través de la cual se tipifica el lavado de dinero como delito autónomo. La ley permitirá evitar y sancionar las maniobras de lavado de activos sin necesidad de una causa previa. Tal como anticipó a Página/12, el nuevo régimen, aprobado el mes pasado en el Congreso, se publicó “parcialmente” en el Boletín Oficial, ya que el Ejecutivo vetó el artículo 25, que impedía a la Unidad de Información Financiera (UIF) actuar como querellante en este tipo de causas. Este cambio en el Código Penal era el principal pedido que realizó el GAFI a la Argentina. Con esa carta y las más de 25 resoluciones que la UIF publicó durante el transcurso de los últimos meses, los funcionarios defendieron al país para evitar que sea calificado de “no cooperante”.

“Lo que generó muchos elogios fue el tratamiento que se le da, a través de un nuevo capítulo en el Código Penal, al orden económico y financiero”, explicó Alak a este diario. El nuevo marco jurídico que se aplicará a las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que serán tratadas a partir de ahora como un delito autónomo, incluyó la creación de un capítulo bajo el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”. Este artículo, introducido por pedido expreso de la presidenta de la Nación, fue clave para la aprobación de la ley contra el lavado. Pero, además, abre la puerta para que se gesten normas que sirvan como herramienta para evitar y sancionar otras maniobras de elusión monetaria y cambiaria.

Según comentaron desde el entorno del titular de la UIF, el país recibió recomendaciones para que “sigan con las reformas”. No obstante, se manifestaron confiados en que no habrá sanciones ni listas negras y que la Argentina mantendrá su estatus de país “confiable y cooperante”. Las reuniones del GAFI se extenderán hasta mañana, pero sin la presencia de representantes argentinos. Luego el organismo emitirá un comunicado con la sentencia.

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