La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, convocó para mañana a las 9, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), a Marcela y Felipe Noble Herrera a fin de realizar la extracción de mínimas muestras de sangre, pelo y saliva. Sin embargo, la magistrada no entrecruzará los perfiles genéticos que se obtengan con el resto de las familias que buscan nietos porque la Cámara de Casación estableció límites al entrecruzamiento: no se podrá hacer la comparación del ADN de Marcela con familias cuyas hijas hayan sido secuestradas después del 13 de mayo de 1976 y en el caso de Felipe con hijas secuestradas después del 7 de julio del mismo año. Aquella resolución convalidaba, de hecho, las fechas de la irregular adopción que realizó Ernestina Herrera de Noble, por lo que el fallo de Casación fue apelado ante la Corte. Lo que sucede es que Felipe y Marcela presentaron un escrito admitiendo que se realice el entrecruzamiento con todas las familias del BNDG, pero Arroyo Salgado considera que lo que corresponde es que Casación o la Corte se expidan sobre los recursos. Por lo tanto realizará las extracciones, pero por ahora no hará los entrecruzamientos.

Los hijos adoptivos de la empresaria seguramente concurrirán mañana con los peritos de parte para que éstos, como corresponde, controlen todo el proceso científico. Se trata de la doctora Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán. Por lo que se desprende de la resolución de Arroyo Salgado, la extracción se hará en los términos de lo que ella misma decidió en diciembre, es decir que se obtendrán no sólo la sangre y la saliva ofrecidas por Marcela y Felipe, sino también mínimas muestras de pelo y piel. El objetivo de la magistrada es que el establecimiento de los perfiles genéticos sea indubitable y realizado por todas las vías posibles.

Pero el punto clave es el entrecruzamiento y por ahora la jueza no lo va a ordenar. Según entiende Arroyo Salgado, en el actual momento del expediente rige la limitación de fechas que impuso la Casación. Ese tribunal tomó las fechas de las adopciones de Marcela y Felipe y, para dar un ejemplo, sostuvo que no tiene sentido comparar ADN de los jóvenes con personas secuestradas en 1978, porque –supuestamente– Marcela y Felipe ya estaban en manos de Ernestina a mediados de 1976. O sea que una mujer secuestrada en 1978 no pudo dar a luz niños entregados en 1976.

A esa limitación se opusieron Abuelas de Plaza de Mayo, a través de su abogado, Alan Iud, las familias querellantes, representadas por Pablo Llonto y Alcira Ríos y el fiscal Raúl Plee. Todos argumentaron que no se pueden dar como válidas las fechas de las adopciones realizadas por la señora de Noble ya que hay antecedentes muy claros de que todo fue falsificado. Y, además, a hijos de desaparecidos se le fraguaron actas de nacimiento diciendo que habían nacido en una fecha, cuando para ese momento ya tenían dos o más años. De manera que Iud, Llonto, Ríos y Plee sostienen que no se puede tomar ninguna fecha de adopción como cierta y, por lo tanto, el entrecruzamiento se debe hacer con todas las muestras del BNDG.

Eso los llevó a realizar el recurso a la Corte y no lo desistieron porque Marcela y Felipe podrían cambiar de opinión y también porque no quieren sentar un precedente.

En Tribunales hay quienes dicen que Arroyo Salgado podría avanzar ahora con el entrecruzamiento, porque todas las partes están de acuerdo. Sin embargo, la jueza cree que lo que sostienen las partes no es ley en sí mismo, sino que hay un expediente en el cual se pronunció un tribunal importantísimo: la Casación. Por lo tanto, la propia Casación podría decir que todas las partes están de acuerdo, que se suspenden los recursos, se haga el entrecruzamiento con todo el BNDG y una vez realizada la comparación de ADN declare abstractas las presentaciones anteriores. O sea que tal vez Casación estaba esperando que Arroyo Salgado resuelva y ahora Arroyo Salgado espera que Casación tome la decisión.

En el escrito de la jueza hay un tramo en el cual se refiere a algunos considerandos de los abogados de Felipe y Marcela, quienes sostuvieron “que sus derechos han sido fuente de fuertes ataques y sufrimientos personales”. De hecho, la magistrada no acepta esos términos y les dice a los letrados de los jóvenes, Roxana Piña, Horacio Silva, Alejandro Carrió e Ignacio Padilla que precisen de forma detallada en que consistió una situación tan grave.