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Las entidades agropecuarias, que el jueves advirtieron en una solicitada haber “perdido la paciencia” por la falta de respuesta gubernamental a sus reclamos en materia impositiva, llevarán adelante una protesta. Durante la próxima semana, desde el lunes 3 al viernes 7, no realizarán operaciones de comercialización de granos. Aunque fue consensuada por todas las entidades que representan al sector, la medida fue motorizada por los comercializadores liderados por los exportadores. Se trata de la primera protesta activa que el sector lleva adelante desde el fin de la convertibilidad.
El sector agropecuario considera que los más de 5000 millones de pesos que pagan en concepto de retenciones a las exportaciones son un aporte suficiente por la rentabilidad que obtienen merced al cambio de precios relativos. Por eso no están dispuestos a aceptar pagar un IVA diferencial ni a que se les impida ajustar por inflación sus balances.
Según dijeron a este diario fuentes del sector, la rebaja del 21 al 10,5 por ciento en el IVA que pagan por sus ventas representa un costo extra de 3000 millones de pesos. Para las entidades agropecuarias, la diferencia entre el IVA compras y el IVA ventas rompe el principio de neutralidad fiscal del tributo y transforma “un impuesto al consumo en un impuesto a la producción”. Las empresas agropecuarias pagan el 21 por ciento en el IVA cuando adquieren sus insumos, mientras que al final del proceso, cuando venden su producción, cobran el 10,5 por ciento. Esta diferencia, según los productores, los obliga a acumular crédito fiscal, el mismo crédito que luego el fisco tarda en devolverles. El problema se agrava en las circunstancias en que las empresas actúan como agentes de percepción, caso en el que retienen hasta el 26 por ciento.
Cabe recordar que la rebaja en el IVA ventas fue introducida por el gobierno meses después de la devaluación como un intento por disminuir los valores de los alimentos. Aunque la medida tuvo un impacto prácticamente nulo en los precios, sí provocó un previsible aumento de la complejidad fiscal y, a juzgar por los resultados, también de la conflictividad. La Secretaría de Agricultura no quiso responder las consultas que, sobre el particular, realizó este diario.
La segunda cuestión que llevó a la protesta sectorial es la controvertida cuestión del pago del Impuesto a las Ganancias sin ajuste por inflación. Las entidades agropecuarias sostienen que es “irracional” que se impida el ajuste en la valor de las existencias, pues la mayoría de los activos del campo más que triplicaron su valuación durante el 2002. Para la dirigencia agropecuaria, esto supone considerar la existencia de una “ganancia ficticia” y transformar el tributo en un “impuesto al capital”. Sin embargo, Ganancias se paga cuando ese capital, por ejemplo una vaca, se vende, es decir cuando la “ganancia” se realiza. La contrapropuesta de Economía fue reducir la tasa de Ganancias del 35 al 30 por ciento, alternativa que el campo considera insuficiente.
Al respecto, el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, autorizó a dos empresas radicadas en la provincia a utilizar el ajuste por inflación en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, abriendo así un nuevo capítulo de divergencias entre las decisiones del Ministerio de Economía y el Poder Judicial. El fallo del juez respondió a un amparo presentado por las firmas La Yerba y Rubinzal y Asociados.
El reclamo del campo, impulsado especialmente por los sectores comercializadores y exportadores, consistirá en la paralización de los mercados de granos de todo el país durante los 5 días hábiles de la semana entrante. La decisión se adoptó tras el fracaso de las conversaciones mantenidas con funcionarios del Ministerio de Economía y según fuentes sectoriales, no afectará el normal abastecimiento de productos alimenticios a la población, pero sí se interrumpirán las operaciones de exportación, por lo que es probable que la medida incida en un punto que alegrará al ministro Roberto Lavagna, la restricción de la oferta de dólares. La protesta se produce en momentos en que sus impulsores sonpercibidos por la sociedad entre los más beneficiados por el nuevo contexto macroeconómico. Por la misma razón, el sector agropecuario se percibe a sí mismo como un fácil blanco en la mira de los recaudadores.