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El Estado argentino admitió que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consideró que los fallos judiciales que declararon la invalidez de estas normas son “pasos en cumplimiento de las recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa fue la posición que los representantes del Gobierno sostuvieron ayer en Washington, en una audiencia en la que los organismos de derechos humanos actualizaron la información sobre las presiones que los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas y los militares mismos hacen para intentar interrumpir los juicios a los represores de la última dictadura.
El secretario de Derechos Humanos, Oscar Fappiano y Horacio Basabe, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron la voz del Estado en las tres reuniones en las que la CIDH se interiorizó sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. En la última audiencia,
Víctor Abramovich y Andrea Pochat –director ejecutivo y directora del área jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales– llevaron un escrito en el que Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Centro para la Justicia y Derechos Internacional y el CELS narraron el lobby que hacen las Fuerzas Armadas para contrarrestar los fallos en los que distintos jueces y fiscales del país declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En el momento de plantear la posición del Estado, Fappiano afirmó que consideraba que el informe en el que en 1992 la CIDH señaló que las leyes eran contrarias a distintos tratados sobre derechos humanos firmados por el país “ya formaba parte del sistema jurídico argentino”. El secretario dijo que sobre el tema de fondo había que esperar la decisión de la Corte pero que “siempre existe el recurso” de concurrir ante la CIDH. A su turno, Basabe destacó que las sentencias de los tribunales federales que habían cuestionado la validez de las normas que impedían juzgar a los represores de la última dictadura eran un paso en el sentido de dar cumplimiento a las recomendaciones del organismo internacional. También mencionó en ese camino el dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra y la derogación de las leyes por el Congreso.
Esta audiencia fue pedida por la CIDH luego de que los organismos de derechos humanos denunciaran que el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni y el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, habían hecho gestiones oficiosas para asegurarse en la Corte un fallo que dejara tranquilos a los represores. Después se supo que el obispo castrense Antonio Juan Baseotto se había sumado a la cruzada. Fappiano aseguró que cuando Jaunarena afirmó que los fallos que cuestionaban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final generaban incertidumbre lo hizo a título personal y no como vocero del Gobierno.
Los funcionarios plantearon argumentos que no se suelen escuchar como postura oficial y, aunque ante un fallo de la Corte a favor de la impunidad puedan parecer simplemente como testimoniales, se trata de un precedente importante, no sólo político sino también jurídico. “Ellos estuvieron en la audiencia como representantes del Estado, es el Poder Ejecutivo quien tiene delegada las relaciones exteriores pero los funcionarios representaron al Estado en su conjunto, incluido el Poder Judicial. Además, hay una regla que sostiene que el Estado no puede contradecir sus propios actos y esta posición, eventualmente podría agilizar un pronunciamiento de la Corte Interamericana”, explicó Abramovich.
La posición de los funcionarios no fue la misma en la audiencia en la que el CELS, CEJIL y la Asociación para la Prevención de la Tortura plantearon que existía un incremento preocupante en las torturas en el país y pidieron a la CIDH que recomiende al Estado medidas destinadas aerradicarla. Fappiano y Basabe dijeron que les parecía exagerado hablar de prácticas y de políticas institucionales de tortura y marcaron que estaban en marcha estrategias para evitar los apremios y tormentos por parte de funcionarios públicos, como los miembros de la policía y el servicio penitenciario. Cuando las organizaciones introdujeron el tema de la superpoblación carcelaria y la detención de menores, el secretario de Derechos Humanos y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores hablaron de un plan gubernamental para construir más cárceles. La respuesta de los miembros de los organismos de derechos humanos fue que más cárceles sólo iban a conducir a más presos y que la solución para el problema estaba en una reforma de las prácticas judiciales. Recordaron además, lo que las organizaciones humanitarias repiten en el país desde que regresó la democracia: que sólo castigando las violaciones a los derechos humanos del pasado se comenzarán a respetar los derechos humanos en el presente, porque la impunidad frente a la violencia sistemática de la dictadura hiere de muerte al estado de derecho.