Los presidentes de la cámaras que integran el Grupo de los Seis acordaron ayer apoyar a la Unidad de Información Financiera (UIF) ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los líderes de esas entidades empresarias buscarán “coordinar alguna gestión para mejorar la calificación argentina ante el organismo extranjero”. El GAFI aprobó hace dos semanas los avances que el país mostró en los últimos meses en el plan de acción presentado el año pasado para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en especial con la aprobación de una ley que penaliza el autolavado. Argentina tiene un nuevo examen en octubre. “Queremos ir para hacernos escuchar. Los controles de los organismos, como el Banco Central, son estrictos”, señaló a este diario el titular de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega.

Los titulares de las principales entidades empresarias se encontraron en el marco de sus reuniones mensuales. La sede anfitriona fue la CAC y hubo asistencia perfecta. Estuvieron el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Cámara de la Construcción, Enrique Wagner; de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren. El temario del almuerzo fue similar al de los últimos encuentros. El proceso electoral, las paritarias y el crecimiento de la actividad económica fueron los tópicos que se repitieron, a los que se sumó la problemática de las cenizas volcánicas que sufren varias provincias patagónicas. No obstante, se destacó la preocupación empresaria por la calificación de la Argentina ante el GAFI. Pese a esa inquietud, prefirieron no mencionarlo en el comunicado conjunto del G-6.

A fines del año pasado, la Argentina recibió un duro reporte del GAFI por incumplir 47 de las 49 recomendaciones de esa institución. El Gobierno se comprometió a encarar una serie de reformas para subsanar la situación y presentó un plan de acción, con lo cual logró un período de gracia hasta noviembre próximo para ponerlos en práctica. Hasta el mes pasado, la UIF emitió más de 25 resoluciones determinando los sujetos obligados para la fiscalización. A esto se sumó la aprobación en el Congreso de la ley antilavado, que modifica la normativa para perseguir y castigar ese delito. El mes pasado el país aprobó el examen, pero recibió nuevas recomendaciones. “Hablamos de apoyar a la UIF, aunque no definimos cómo. La idea es hacerle entender al GAFI que las regulaciones aquí son mayores que lo que ellos piensan. No puede ser que quieran poner a la Argentina a la altura de otros países con baja regulación”, aseguró De la Vega a Página/12.

El almuerzo fue breve, se extendió hora y media, y los temas no llegaron a profundizarse, coincidieron las fuentes consultadas por este diario. “Reiteramos la necesidad de que los diferentes candidatos y partidos políticos realicen propuestas y planteen posiciones claras con respecto a las políticas públicas que se comprometen a implementar si son elegidos, en materia económica y de inversión, infraestructura, educación, salud y vivienda, con el fin de promover el desarrollo económico y la equidad social”, precisa el comunicado conjunto. En ese sentido se acordó un encuentro antes del 14 de agosto con un consultor, todavía no definido, para que les presente el panorama electoral. “De las elección de jefe de Gobierno porteño casi ni se habló”, sostuvo el anfitrión.

Si bien las paritarias son un tema preferido en este tipo de cónclaves, en esta oportunidad tuvo un tratamiento diferente. Esta vez no se quejaron de la presión de los sindicatos, cambio de actitud que se registra desde que la Presidenta reprendió a los gremios pidiéndoles mayor entendimiento con las empresas. “Destacaron el clima general tranquilo en el que se desarrollaron las recientes negociaciones paritarias. Las mismas han confirmado que representan un verdadero canal idóneo donde los principales actores de la economía pueden llegar a acuerdos consensuados, con reglas de juego previsibles y de cumplimiento para todos”, señalan en el comunicado. No obstante, alertaron acerca de una posible erosión de la competitividad. Los empresarios coincidieron también en la necesidad de avanzar en un diálogo tripartito en el cual se traten todas las modificaciones normativas en materia laboral. “Esto aplica específicamente al tratamiento de proyectos que hoy se están elaborando en distintos ámbitos y que deberían redireccionarse bajo un tratamiento entre los representantes sindicales, empresarios y Gobierno”, agrega el documento de del Grupo de los Seis.