La petrolera Repsol descartó ayer que la disputa entre sus principales socios vaya a repercutir en YPF y ratificó sus planes de inversión en el país. Lo hizo su presidente, el catalán Antonio Brufau, quien viajó especialmente para encabezar una reunión de directorio de la filial local, solicitada por el gobierno de Cristina Kirchner. Brufau está siendo jaqueado en España por la constructora Sacyr y la petrolera mexicana Pemex, dos accionistas que el 29 de agosto anunciaron un acuerdo para tratar de desplazarlo, pero sus palabras también fueron en representación de esas empresas. El gobierno igual no quiere sorpresas y el director estatal de YPF, Roberto Baratta, señaló que “hicimos reserva de ejercicio de uso de la acción de oro”. Eso significa que, en caso de que haya un cambio de control de la petrolera, podrían objetar la operación e incluso forzar a los españoles a vender YPF.

La reunión se realizó en el piso 32 de la torre que YPF tiene en la intersección de Macacha Güemes y Juana Manso, en el dique 3 de Puerto Madero. Comenzó a las 11.30 y duró apenas una hora. Primero fue el turno de Baratta, quien pidió precisiones sobre los cambios que se están dando en España. “Solicitamos a Repsol que nos garanticen formalmente la continuidad del plan de inversiones 2010-2019 de YPF, dado el rol estratégico que tiene la compañía en el sector energético de nuestro país, y que nos informen en tiempo y forma acerca de cualquier modificación en el funcionamiento e integración de la empresa”, comentó el director estatal, quien además se desempeña como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal que preside Julio De Vido.

Brufau intentó llevar tranquilidad y descartó “cualquier modificación en los proyectos que tienen para su filial en la Argentina”. La presencia del directivo revela la importancia que le asigna a YPF, donde Repsol controla el 57,4 por ciento de las acciones. La compañía española reportó 1929 millones de dólares de ganancias en el primer semestre y el 34 por ciento de ese total (657,2 millones de dólares) lo aportó la filial argentina.

Los españoles saben que el gobierno de Kirchner no ha dudado cuando tuvo que ordenar la desinversión de una empresa extranjera, luego de que algún cambio en la composición accionaria repercutiera en su filial local. El hecho más resonante fue el de Telecom Italia, al que mantuvo contra las cuerdas durante más de tres años por haber sellado una alianza con Telefónica en Europa que fue objetada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En esa ocasión, aceptó que la multinacional permaneciera en el país recién cuando la Justicia anuló una orden de desinversión y los italianos sellaron la paz con el grupo Werthein, socio local de Telecom, quien terminó oficiando como garante de la competencia con Telefónica.

Este caso se reduce a una disputa interna al interior de Repsol, pero quienes se oponen a que Sacyr y Pemex tomen el control dejaron trascender que ambas firmas podrían haber sellado un pacto para desguazar a la petrolera. La constructora, que controla el 20 por ciento de las acciones, mantiene una deuda con un grupo de bancos españoles, encabezados por el Santander, y se especula con que su presidente, Luis del Rivero, podría impulsar la venta de algunos activos de Repsol para aumentarles la retribución a los accionistas y así conseguir el dinero necesario para cancelar parte del pasivo. En la hipótesis del desguace, el interés de Pemex estaría puesto en quedarse con alguno de los activos de Repsol en Latinoamérica.

Ambas firmas niegan la versión y remarcan que su único objetivo es introducir cambios en la gestión de Repsol para incrementar la cotización de la empresa, pero el gobierno argentino igual dejó en claro que no aceptará ningún cambio que repercuta sobre YPF sin consulta previa. Su carta en la manga es la acción de oro que le permite al Estado bloquear un copamiento consentido u hostil sobre la firma que represente la transferencia de al menos el 51 por ciento de su capital social. Es decir, si el control de Repsol cambia de manos en la próxima asamblea del 28 de septiembre, eso supondría que lo mismo pasó con el 54,7 por ciento de las acciones de YPF, en poder de Repsol, lo que habilitaría al Estado a intervenir. En los hechos, la postura oficial es un respaldo a Brufau y a su socio local, la familia Ezkenazi.

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