La decisión del Gobierno de revisar los adicionales al salario mensual de los empleados públicos generó rechazos e incertidumbre entre las entidades gremiales obreras. “Otra vez la demonización de sueldos. Esta película ya la vimos”, cuestionó el dirigente judicial Julio Piumato, cercano al titular de la CGT, Hugo Moyano, a través de su cuenta de Twitter. La conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cercana a Pablo Micheli, que encabeza una de las facciones de la CTA, difundió un comunicado en rechazo de la medida oficial. En tanto, la parte de la CTA que lidera Hugo Yasky, de buena relación con el Gobierno, fue más cauta y advirtió que “si la medida no se instrumenta con mucho cuidado, puede terminar en un recorte salarial encubierto”. Desde el Gobierno no realizaron ninguna aclaración sobre el tema.

El artículo 8 del decreto 324, publicado el lunes en el Boletín Oficial, indica que a partir del 1º de enero de 2012 la Secretaría de Hacienda de la Nación, a cargo de Juan Carlos Pezoa, evaluará los pagos a los empleados públicos del Poder Ejecutivo Nacional, organismos descentralizados y otros estamentos del Estado nacional, “que contemplen conceptos no comprendidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría escalafonaria”. Se trata de los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados estatales.

El decreto agrega que los titulares de las jurisdicciones y entidades estatales deberán informar la situación de los empleados a Hacienda, que se expedirá con carácter vinculante para autorizar o limitar la erogación. Los dirigentes gremiales, con más o menos virulencia en función de la distancia que tienen frente al Gobierno, respondieron con críticas.

“¿Hacía falta a un día de la operación de la Presidenta sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales? ¿Quién quiere instalar la confusión?”, se preguntó Piumato, que está en la mesa chica de la CGT que lidera Moyano, cuya relación con el gobierno nacional está deteriorada. Por su parte, desde la CTA alineada con Pablo Micheli difundieron un extenso comunicado en rechazo de la medida. “No se permitirá que por la aplicación de este decreto o cualquier otra norma, se elimine de las remuneraciones de los trabajadores del Estado cualquier rubro o suma que sea percibida como contraprestación por el trabajo”, señala. Agregaron que la medida sería inconstitucional, puesto que violaría derechos adquiridos.

El amplio abanico de conceptos que se utilizan para incrementar el salario de los empleados públicos por encima del básico y la antigüedad (como horas extras, viáticos, adicionales o premios), surgen a partir de un largo historial de recortes o congelamientos salariales en el Estado y como forma de compensar los bajos salarios. Los reciben empleados públicos de todas las escalas, desde los menos calificados hasta funcionarios de primera línea, aunque en términos absolutos los trabajadores mejor remunerados concentran la mayor parte de los premios. Tienen mayor cantidad de extras, bonos o premios los organismos con algún tipo de recaudación propia, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios de Salud, Ministerio de Justicia, CNRT, CNC, Enargas y el INTI.

“El pago de extras fue una forma de eludir el cerrojo que históricamente se puso sobre los aumentos de salarios en el sector público. En muchos casos surgen para equilibrar el desfasaje que hay entre el empleado público y el de la actividad privada. En aquellos lugares donde el sindicato es fuerte, los extras aparecen con más claridad en las escalas medias y bajas”, explicó a este diario Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Este tipo de bonificaciones habrían sido aplicadas en forma irregular por el ex presidente Carlos Menem, y Domingo Cavallo y María Julia Alsogaray, con el pago de sobresueldos.