La acción de YPF bajó ayer 6,8 por ciento en Buenos Aires y 5,8 por ciento en Wall Street por la incertidumbre en torno del futuro de la petrolera. El jueves, los inversores celebraron que Cristina Fernández de Kirchner no haya anunciado la estatización o intervención de la compañía, como se había rumorado en los días previos. Entonces se especuló con una tregua surgida a partir de las gestiones del gobierno español y el papel se recuperó parcialmente luego de una fuerte caída, pero la euforia duró poco. Esa misma tarde, la provincia de Chubut amenazó a la firma con quitarle la concesión de algunos yacimientos si no presenta un nuevo plan de producción, y al día siguiente los títulos volvieron a bajar. El sábado, este diario reveló que Santa Cruz hizo lo mismo y ayer la caída fue aún mayor. El temor de los inversores es que las provincias anuncien en breve una quita generalizada de concesiones.

La volatilidad es lo que distingue a la acción de YPF por estos días, pero siempre sobre una línea descendente. Los rumores del miércoles pasado hicieron que la acción cayera 14,9 por ciento en Buenos Aires y 14,3 por ciento en Wall Street, donde cotizan la mayoría de los papeles de la empresa. Al día siguiente, la acción subió 16,8 y 12,4 por ciento en esos mismos mercados, respectivamente, pero no alcanzó a recuperar lo perdido y desde entonces viene cerrando en rojo. De hecho, desde el 23 de enero, último pico que registró la cotización, las acciones de la compañía se desvalorizaron un 34,2 por ciento en Wall Street y un 30 por ciento en Buenos Aires. La pérdida acumulada en la capitalización bursátil es de más de 5500 millones de dólares. Para quedarse con el 100 por ciento de la compañía, un inversor debería pagar hoy 10.650 millones de dólares.

Eso dio lugar a que en el Gobierno se evaluara adquirir acciones de la empresa para tomar el control, pero fue sólo un análisis entre tantos otros que se vienen haciendo para encontrarle una salida al conflicto. Además, por más que el valor de la compañía sea menor, sigue siendo un monto muy alto, sobre todo en un contexto donde lo que se busca no es incrementar los gastos, sino reducirlos. También se barajó la posibilidad de una intervención, pero la opción nunca estuvo en gateras para ser anunciada ante la Asamblea Legislativa, como hicieron creer algunas fuentes ligadas a la propia empresa.

Lo único seguro hasta el momento es el acuerdo que han sellado el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias petroleras para exigirle a YPF que incremente su producción, bajo amenaza de quita de las concesiones. Primero se firmó un acta donde se incluyó una meta de incremento nacional de la producción en un plazo bastante vago (“en una primera etapa”), pero eso se transformó luego en intimaciones de Santa Cruz y Chubut con plazos de entre cinco y siete días. Mendoza también podría intimar a la petrolera en los próximos días, aunque fuentes cercanas al gobernador Francisco Pérez señalaron ayer a Página/12 que todavía no lo decidieron. “Estamos evaluando cómo proceder”, respondieron anoche.

A diferencia de la estatización, la quita de yacimientos por incumplimiento de inversiones no requiere el desembolso de una indemnización millonaria. Si el conjunto de las provincias avanza en esa dirección, dinamitarían las bases de YPF, dejándola como una refinadora de combustibles con estaciones de servicio. Pero es difícil que a la petrolera la desplacen de todas las provincias. De hecho, en Neuquén, la mayor plaza gasífera del país, pisa fuerte y tiene una buena relación con el gobernador Jorge Sapag. Además, la quita de concesiones genera incertidumbre porque no está claro quién se haría cargo de invertir. Una opción podría ser que las provincias se asocien con el Estado nacional y otros privados. Carlos Bulgheroni, uno de los propietarios de Pan American Energy, asoma en ese horizonte, aunque ahora disimule su interés.