El subte llegó a Tribunales: ayer, luego de que el gobierno nacional intimara a la administración porteña para que se hiciera cargo de la red de subterráneos, tal y como se había acordado con la firma del acta acuerdo del último 3 de enero, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ordenó presentar ante la Justicia un pedido de “no innovar” para que el Estado argentino “se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia”. El escrito argumenta un supuesto incumplimiento en el pago de los subsidios que la Nación se había comprometido a mantener por el plazo de un año y alega que hasta tanto no se haya “arribado a un acuerdo sobre las cuestiones legales, económicas y administrativas derivadas del contrato de concesión ni definido cómo se atenderán los distintos compromisos resultantes” no resulta posible continuar con el traspaso. En respuesta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que “el gobierno nacional ha honrado sus pactos”, advirtió sobre “las responsabilidades civiles, administrativas y penales” que podría acarrearles a las autoridades porteñas el incumplimiento y –a través de la carta de intimación– sostuvo que “la torpeza en el ejercicio de la función administrativa no es oponible cuando se trata del Estado o de los hombres que son investidos como funcionarios o servidores públicos por el voto popular”.

El gobierno nacional calificó como “jurídicamente improcedente”, como “ilegítima, irrazonable y arbitraria” la decisión de Macri de revertir de forma unilateral el acuerdo firmado por ambas partes a principios de año para efectivizar, en un plazo de noventa días, el traspaso de la red de subterráneos, un viejo reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue incluso utilizado en campaña electoral por el actual jefe de Gobierno. Así justifican la intimación formal para que “con la inmediatez que la prestación del servicio público requiere” comiencen “a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad, conforme Acta Acuerdo del 03/01/2012 y los considerandos y parte dispositiva del Decreto 27/2012”.

La respuesta de la administración porteña fue judicializar el diferendo: poco después de recibir la intimación, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que “se ordene no innovar hasta que no se cumplan con las obligaciones que figuran por parte del Estado Nacional en el acta acuerdo”. El pedido es claro: que la Casa Rosada “se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero, quinto y concordantes”.

La clave aquí está en el artículo tercero, en el que la Nación asume el compromiso de desembolsar, durante un año, 360 millones de pesos, equivalentes a la mitad del valor de los subsidios que recibía el concesionario del servicio, Metrovías, para mantener el pasaje a precio reducido. Al día siguiente de firmar el acta acuerdo, Macri decidió aumentar el valor del viaje en un 127 por ciento para cubrir el resto de los subsidios, de los que la Ciudad no se haría cargo.

Según denunció la administración porteña, “la Secretaría de Transporte, en forma unilateral y sin fundamento alguno, incumplió la obligación –sustancial a los fines del mantenimiento del servicio–”, eliminando “todo subsidio a cargo del Estado Nacional”, una medida que, aseguran, tuvo “una clara intencionalidad política y puso en grave riesgo la prestación del servicio”. La presentación también menciona “la decisión de iniciar el retiro de las fuerzas policiales destinadas a garantizar la seguridad de las estaciones correspondientes al sistema del transporte subterráneo”, pero ese tema corresponde al progresivo traspaso de responsabilidades de la Policía Federal a la Metropolitana y no figura en el acta, por lo que no podría ser esgrimido como razón para hacer caer lo acordado, al igual que las inversiones atrasadas que Macri reclamó al gobierno nacional cuando anunció, por conferencia de prensa, su intención de incumplir lo pactado.

En respuesta a la maniobra judicial macrista, el ministro De Vido desmintió las acusaciones y aseguró que “el gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso”, por lo que “se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones”. El funcionario nacional, además, argumentó que el incremento tarifario dictaminado por la Ciudad “comporta un reconocimiento indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un acto de ejercicio de las potestades que se transfirieron”.

El acta acuerdo del 3 de enero, en su primer artículo, establece que “la Ciudad ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires”, y en el segundo, que “la Ciudad asume el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad”. Es por esto, sostuvo De Vido, que “la decisión de ‘suspender’ ese procedimiento, en forma unilateral, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su no agotamiento o levantamiento, en ningún caso conmueve la vigencia efectiva de la decisión administrativa” de transferir los subtes, algo con lo que concuerdan juristas tanto afines al Gobierno como abiertamente opositores (ver aparte).

Anoche, durante una cuidada entrevista televisiva, el jefe de Gobierno porteño reiteró los argumentos que viene repitiendo desde que decidió suspender el diálogo. “Nosotros estamos defendiendo la seguridad de la gente”, sostuvo Macri, para quien “lo que pasó con los trenes no es distinto a lo que pasa con los subtes”. Y concluyó: “Nosotros queremos el subte. Queremos hacernos cargo del futuro”. Sin embargo, la decisión ya está en manos de la Justicia y seguramente la última palabra la pronuncie la Corte Suprema.