El Gobierno finalizó ayer una trabajosa ronda de negociaciones con algunas de las empresas más poderosas que operan en el país. En ese lote se cuentan Siderar, del Grupo Techint, Telecom, Petrobras, Banco Macro, BBVA Banco Francés, Grupo Financiero Galicia, Aluar, TGS, Metrovías, Juan Minetti y Central Puerto, entre otras. Las negociaciones se dieron puertas adentro de esas firmas, en las reuniones de directorio donde cada una de ellas tomó decisiones estratégicas sobre su futuro. La participación del Estado se explica por las acciones que tiene la Anses en las compañías, heredadas de las AFJP. El Gobierno hizo valer el peso de esos papeles, pero sobre todo su fortaleza política actual para inducir a esas grandes firmas a no distribuir dividendos entre sus accionistas, sino separar la mayor parte de las ganancias para futuras inversiones. En total, las empresas dejaron de repartir utilidades por 9016 millones de pesos, que utilizarán para ampliar su capacidad productiva. Sólo girarán a los accionistas 294 millones.

Página/12 había adelantado que ésa sería la estrategia antes del inicio de las reuniones de directorio. El resultado de la movida fue calificado como “muy exitoso” en la Anses, que conduce Diego Bossio. En la mayoría de los casos las partes se pusieron de acuerdo rápido, y en otros fueron necesarias intervenciones al máximo nivel. Esto último ocurrió con Siderar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encargó personalmente de cerrar las negociaciones con la empresa del Grupo Techint, en una conversación con el líder del holding, Paolo Rocca. El empresario abandonó la postura beligerante del año pasado, cuando no quería aceptar a Axel Kicillof como director de Siderar, y hoy no sólo tiene al viceministro de Economía dentro de la empresa, sino que accedió al pedido de la mandataria de achicar al máximo la distribución de dividendos y resguardar esos capitales para futuras inversiones.

La compañía terminó pautando 1092 millones de pesos para inversiones y 180 millones para repartir entre los accionistas. Su plan inicial era invertir 636,5 millones y separar un monto igual para reserva de futuros dividendos. Como se ve, el grupo terminó modificando esa posición, en línea con la sugerencia presidencial.

En abril del año pasado el Gobierno dictó el decreto 441 para empezar a ejercer plenamente los derechos societarios que le daban las acciones en 42 empresas privadas. Esos papeles los había tomado la Anses tras la estatización de las AFJP. Techint fue la que mostró mayor resistencia a la medida, mientras que el resto de las compañías tuvo una actitud más conciliadora, si bien la mayoría preferiría no tener a representantes del Estado sentados en sus directorios. El Gobierno está utilizando esa herramienta para marcarles la cancha a compañías líderes en sus respectivos sectores. Y día a día va perfeccionando y aumentando su intervención.

Por un lado, para coordinar mejor el trabajo, ahora casi todos los directores por el Estado son funcionarios del Ministerio de Economía y la Anses, especializados en los distintos rubros involucrados. Por otro, cada vez que las empresas renuevan autoridades –algunas van cambiando su directorio de a tercios, cada tantos años–, el Gobierno hace valer sus acciones y designa nuevos delegados. De ese modo, el año pasado el Estado contaba con 33 directores en 28 empresas, y actualmente tiene 43 en 31 compañías.

Otra negociación clave fue con Telecom. Ayer mismo se aprobó que la empresa elevará su plan de inversiones para 2012 a 4500 millones de pesos, desde los 4000 millones previstos originalmente por la empresa. Y separó para futuras inversiones 2553 millones de las utilidades de 2011. La compañía tenía previsto distribuir dividendos por 2352 millones –el 70 por ciento del total– y en lugar de ello acordó con el Gobierno reducir esa cifra a 807 millones –el 23 por ciento–. En un principio, la Anses le había reclamado a la empresa que manejan Telecom Italia y el Grupo Werthein que no repartiera un solo peso entre los accionistas, pero finalmente el organismo aceptó el pedido de distribuir 807 millones para evitar que la firma cayera en default. Esto es porque Telecom debía cancelar una deuda en acciones por 442 millones de pesos con Nortel, y para llegar a esa cifra se debía estirar el giro de utilidades a 807 millones.

Los directores del Estado en Petrobras Energía pactaron con la empresa la no distribución de dividendos y la conformación de un fondo por 4780 millones de pesos para futuras inversiones. Lo mismo ocurrió con Transportadora de Gas del Sur, que separó 115 millones para invertir. Los bancos Macro, BBVA Francés, Patagonia, Grupo Financiero Galicia e Hipotecario no distribuyeron utilidades por una disposición del Banco Central. Con todo ello, el Gobierno se evita la salida de divisas y va aumentando las cifras de inversión de las empresas.

La contracara es que la Anses deja de cobrar como accionista de las compañías. El año pasado embolsó 1280 millones de pesos por esa vía, mientras que éste recibirá 294 millones. La diferencia, unos 985 millones, es el aporte que hace el Estado para que las empresas inviertan. El Grupo Clarín, en cambio, decidió repartir utilidades. La Anses le inició una tercera demanda por darles voto a sus socios extranjeros, lo que para el organismo está prohibido por la Ley de Sociedades. Otra situación conflictiva se dio con Metrovías. La Anses rechazó la aprobación de su balance –aunque la empresa impuso su número en la asamblea de accionistas– por pagarle 8,4 millones de pesos a una firma vinculada –del grupo Roggio–, cuando para el organismo podría haberse ahorrado ese dinero y mejorar la situación de la compañía.