Asociaciones de defensa de usuarios y consumidores elevaron a la Superintendencia de Servicios de Salud un pedido formal para que “sancione de manera inmediata a las empresas que enviaron comunicaciones de aumentos en sus tarifas, y para que las empresas que ya aumentaron refacturen lo cobrado indebidamente”, según informaron ayer. A principios de julio, algunas empresas notificaron un nuevo cuadro tarifario, a pesar de que ni la Secretaría de Comercio ni la Superintendencia los había autorizado. Las asociaciones, a través de una nota que hicieron llegar a la titular del ente regulador, Liliana Korenfeld, pidieron además que “se convoque inmediatamente al Consejo Permanente de Concertación” para tratar el tema. Las firmas que ya enviaron notificaciones a sus clientes son Medicus, Cemic, OSDE, Swiss Medical, Galeno y Omint, entre las más importantes.

En diciembre último se promulgó la ley 26.682, que determina que las empresas de medicina prepaga no están habilitadas para aplicar aumentos sin previa autorización de la Superintendencia. De hecho, este organismo es el que recibe el pedido de las empresas y envía la documentación a Comercio, que decide sobre la aprobación del ajuste. Sólo después de que las nuevas tarifas son autorizadas se deben informar los aumentos a los clientes con, por lo menos, 30 días de anticipación. Pero las empresas ya enviaron notificaciones a sus clientes informando sobre los incrementos y algunas, incluso, ya enviaron facturas con el nuevo valor, según denunciaron por documento 22 asociaciones de defensa al consumidor.

“Lo que están haciendo es tirarse el lance presionando al Gobierno para que les autorice el aumento, lo cual ya fue descartado por la Superintendencia. Están informando que presentaron la estructura de costos para comenzar a cobrar, en promedio, un aumento del 15 por ciento en agosto (se paga el mes siguiente) y otro 10 por ciento en diciembre”, dijo a este diario Sebastián Pandolfelli, representante de Prevención, Asesoramiento y Defensa de Consumidores (Padec). Por su parte, Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que incluso se registran inconsistencias entre las notas. “Mientras OSDE asegura haber presentado el pedido de aumento aportando los cálculos actuariales correspondientes, Swiss Medical reconoce que el sistema para solicitar reajustes de precios no se ha implementado a la fecha.”

La semana pasada las entidades de defensa al consumidor llevaron a cabo una reunión plenaria, de la cual surgió el documento que elevaron a la Superintendencia. “Lo que solicitamos es una sanción a las empresas que informaron o ya facturaron los próximos aumentos; una rectificación reconociendo que no estaban autorizados, que se fije la reestructuración de la tarifa para los que ya pagaron los incrementos y que se publiquen los aumentos en el Boletín Oficial”, explicó Boada. En cuanto a las sanciones que podrían aplicarse a las prepagas, el representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, recordó que puede ir “desde una amonestación hasta el retiro de la autorización para funcionar”.