El Frente Nuevo Encuentro presentó ayer en la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. El objetivo es derogar la norma 21.526 de Entidades Financieras dictada durante la dictadura, en 1977, con el impulso del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. La iniciativa toma en cuenta los avances producidos con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “La reforma establece lo que el Banco Central podrá hacer, pero con la Ley de Entidades Financieras se define con mucha precisión lo que los bancos deberán hacer”, dijo a Página/12 el diputado y titular del Credicoop, Carlos Heller. El proyecto contempla que casi 50 por ciento de la cartera de préstamos de los bancos deberá estar compuesta por créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y en líneas hipotecarias.

El proyecto había sido presentado en 2010, generando un acalorado debate en torno de la definición de la actividad bancaria como un servicio público, lo que denota el perfil que debería tener el sector. La versión remozada elimina este concepto para hablar de una actividad de “interés público”. “Las leyes también tienen un sentido de lo temporal y, cuando vemos que el Estado, en temas trascendentes como la regulación de la producción de Papel Prensa o en el tema de hidrocarburos, utiliza el concepto de interés público, nos parece que alinearnos con ese concepto lo hace más compatible con los proyectos que se impulsan desde el Ejecutivo y no pretende ir más allá”, explicó Heller. La diferencia no es menor. Mientras que un servicio público lo presta el Estado, aunque pueda concesionarlo a privados, el “servicio de interés público” se define entre privados, pero es regulado por el Estado.

En los últimos 35 años, la Ley de Entidades Financieras sufrió 37 modificaciones, a través de 19 leyes y 18 decretos. El proyecto pretende cambiar la ley desde su enfoque. “El objetivo es reemplazarla por una nueva regulación concebida desde el interés público, sobre la base de las necesidades de los usuarios y con el objetivo de promover el desarrollo económico y social nacional”, explicó Heller. Según reconocen desde el Central, varias de las iniciativas planteadas en el proyecto original de reforma de la Ley de Entidades Financieras fueron tomadas en cuenta con la reforma de la Carta Orgánica. El proyecto actual contempla “otros cambios para ampliar y mejorar el acceso al crédito de las empresas y los particulares de todas las regiones del país, en particular de los sectores de menor potencial económico”.

El proyecto, al que accedió este diario, establece que un 48 por ciento, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad financiera deberá destinarse a préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas. En este caso quedan exceptuados aquellos bancos cuya participación en la cartera de depósitos sea inferior al uno por ciento. Actualmente, el BCRA estableció también mínimos para que los principales 31 bancos del sistema presten para inversión a una tasa de interés promedio del 15 por ciento anual (ver página 9). “En este tipo de situaciones una ley siempre tendrá más fuerza que una circular”, señaló el titular del Credicoop.

Para el cumplimiento de este porcentaje también se computarán “préstamos hipotecarios que las entidades otorguen para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares”. La propuesta prevé además la regulación de las tasas de interés que se cobran sobre los saldos de las tarjetas de crédito, la cual estipula una media ponderada del 20 por ciento anual, y la inclusión de servicios esenciales para los usuarios, con el objetivo de promover el acceso a medios de pago y transaccionales y ahorro. En ese sentido, se destaca la iniciativa de crear un fondo de garantía que sería utilizado para estimular a los bancos a instalar sus sucursales también en el interior del país.

El proyecto ingresó a Diputados con las firmas de los diputados Heller, Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Juan Carlos Junio y Gastón Harispe. En los próximos días se definirá el tratamiento en comisiones. En el debate parlamentario anterior (con la versión original), los representantes de los banqueros locales y extranjeros hicieron un fuerte lobby para evitar la promulgación de la ley. Desde el espacio político que integra Heller aseguran contar con “el respaldo de cooperativas, organizaciones sociales, municipios, Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales”. “Acá el tema no es sumar porotos. El hecho de que el Central incorpore muchas de nuestras ideas y de que se discuta hoy al sector como un servicio concebido para el interés público, sólo con que se haya instalado el tema estamos conformes”, concluyó Heller.