Al menos 2,3 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros, según datos parciales del Ministerio de Justicia. La Ley de Tierras, sancionada en diciembre, estableció que las provincias y municipios debían informar quiénes son los titulares de los campos en las distintas jurisdicciones. Esos datos fueron recopilados por el Registro Nacional de Tierras Rurales y las primeras estimaciones indican que los estadounidenses encabezan el ranking entre los propietarios extranjeros de campos de la Argentina. Los estadounidenses cuentan con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas. A su vez, las provincias donde hay más tierras en manos extranjeras son La Rioja y Salta, con 407.323 y 334.834 hectáreas, respectivamente, según informó ayer la agencia de noticias EFE.

La Ley de Tierras busca proteger los recursos naturales argentinos como política estratégica del país, en un contexto global de crecimiento demográfico y aumento de la demanda alimentaria y energética. Para ello establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no debe superar el 15 por ciento del territorio nacional, y ninguna nacionalidad puede copar más del 30 por ciento total. Además, el texto aprobado prohíbe que los extranjeros compren más de mil hectáreas por región aunque, al no prever retroactividad, no vulnera derechos ya adquiridos, como las más de 150 mil hectáreas que el magnate estadounidense Douglas Tompkins posee en los Esteros del Iberá (Noroeste). El impulsor de la ley, el diputado radical Pablo Orsolini, declaró que los mayores logros de la norma son ganar control sobre la soberanía nacional y poner restricciones a la adquisición de tierras con recursos naturales, en especial donde hay agua dulce. Por ejemplo, ya no se podrán repetir adquisiciones como la de Tompkins, propietario de un área rica en fauna y agua dulce. O la del inglés Joe Lewis, demandado ante la Justicia por haber cerrado el acceso al paradisíaco Lago Escondido tras comprar 18 mil hectáreas en Río Negro.

El presidente de la Comisión de Uso y Tenencia de la Tierra de la Federación Agraria, Omar Príncipe, reconoció que la nueva legislación es “muy positiva”, pero como aún no se ha completado el censo, “en términos prácticos es como si no se tuviese ley alguna, porque los operadores inmobiliarios conocen la situación y avanzan con las transacciones”, criticó. Príncipe se mostró confiado en que la situación cambie a partir del 1º de septiembre, vencido ya el plazo para declarar.