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Nada mejor que recordar los dichos de la abuela para abordar problemáticas de vieja data, que se actualizan en el rostro cotidiano de una violencia que se hace visible, contabilizable, que se agudiza, pero que todavía parece no encontrar las respuestas necesarias en un tema de enorme complejidad.

Con la sanción de la ley integral 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, del 11 de marzo del 2010, se dio un salto cualitativo para abordarla, mediante el enfoque de derechos humanos y la inclusión explícita de la misma como violencia de género. Lo que implica es reconocer sus causas más profundas, asentadas en la cultura patriarcal, basada en relaciones históricas de poder asimétrico entre los géneros. Pero sobre todo es importante porque el Estado asume el reconocimiento de los derechos vulnerados a las personas que padecen este tipo de violencia, lo que supone la obligación respecto a la reparación, sanción, atención y prevención de estas situaciones.

Si bien la ley abarca otros tipos de violencia, como la institucional, laboral, obstétrica o mediática, en estas reflexiones sólo nos acercaremos a los aspectos que hacen a la violencia en las relaciones de pareja o familiar, porque las otras requieren necesariamente de dispositivos diferentes para su tratamiento, aunque sea dicho de paso, todavía mucho menos desarrollados que la problemática específica que nos preocupa. Desentrañar dónde están las principales dificultades para avanzar en políticas más eficaces es una clave que parece aún lejana en los debates públicos.

Volvamos entonces a la complejidad de esta problemática. No se puede pasar por alto las características especiales de este tipo de violencia, por lo ineludible de la biografía personal, afectiva, la construcción de vínculos, la socialización familiar, los modos de resolución de conflictos interpersonales, pero también por el entorno social y cultural. Estamos en una sociedad de transición respecto del modelo tradicional de familia, de géneros, de identidades, de construcción de subjetividades. Cambios que siguen conviviendo y en tensión con el imaginario social de “la sagrada familia” y “el amor romántico” que, a pesar de su buena prensa, siempre han sido cómplices de lo siniestro silenciado. Quien nos pega, humilla, maltrata, viola y asesina, es con quien construimos un proyecto de vida en común, aspecto que vuelve más vulnerable a quien padece esta violencia, situación que cuesta ponderar en su cabal dimensión a la hora de intervenir.

El otro aspecto ineludible es reconocer la imposibilidad de actuar en soledad. A diferencia de otras temáticas sociales que pueden abordarse desde algún ámbito institucional específico, en la violencia de género siempre se requiere de acciones articuladas, interinstitucionales, con una sólida construcción de redes y recursos públicos y sociales. El voluntarismo puede ser importante para resolver alguna situación particular, una emergencia específica, pero no alcanza para dar respuestas sostenidas en el tiempo y con la dimensión que esta problemática reclama. Esto plantea la necesidad de un Estado presente y también inteligente, que ineludiblemente deberá destinar recursos económicos y profesionales mucho más ambiciosos que lo previsto hasta la fecha.

Sin pretensiones de exhaustividad, repasamos algunos pasos indispensables para avanzar en concreto: la implementación del Plan Nacional acordado por ley, con cronograma de acciones, actores involucrados, responsabilidades de cada jurisdicción y presupuestos precisos, con metas a corto, mediano y largo plazo para poder evaluar su desarrollo. El Plan Nacional debe ser rector de las políticas que se implementen en todo el país, para garantizarlo será necesaria la creación de ámbitos intersectoriales en todas las provincias donde acordar la construcción de los programas de acción y la necesaria articulación para implementarlos. Creación de dispositivos especiales para la atención de las emergencias y situaciones de riesgo, que contemplen ayuda económica inmediata, sistema de vigilancia para cumplimiento de medidas de protección, casas de tránsito en los casos más extremos que lo requieran, el reconocimiento de licencias especiales para las víctimas de violencia para protección de la fuente laboral, patrocinio legal, entre otras. Para el tratamiento en general y no sólo en las emergencias se deberá: creación y unificación de líneas telefónicas para la atención; sistematización de los recursos públicos y de la sociedad civil disponibles para todos los actores que atienden violencia; creación de protocolos de actuación para cada organismo según sus incumbencias institucionales; construcción de un registro unificado nacional de casos de violencia; construcción de estadísticas e investigaciones que contribuyan a la revisión de las políticas; formación de equipos especializados interdisciplinarios de atención accesibles en todo el territorio; formación en la perspectiva de género y derechos para los profesionales de todos los organismos de Estado, incluida la Justicia y las organizaciones sociales; creación de campañas de prevención permanentes e inclusión desde la educación del trabajo para la prevención de la violencia y la construcción de vínculos.

Hoy contamos con un recorrido en legislaciones y experiencias de atención en la violencia de los que hace 20 años no disponíamos. Necesitamos un salto de calidad y también cantidad en las políticas públicas en la materia. Nadie dice que es fácil, pero tampoco es imposible lograrlo. Nos anima la confianza de una Argentina donde la defensa de los derechos humanos es un eje vertebrador, donde los derechos sociales y la protección del empleo son prioridad, así también la educación, por mencionar algunas. También se hace en un contexto de convocatoria a participar, a involucrarnos, a pensar que lo imposible sólo nos demandará un poco más de tiempo. Para que Natalia, de Bahía Blanca, no se vea obligada a colgar las agresiones que sufre en la web, y sí en cambio, pueda compartir con nosotras su recorrido para vivir una vida libre de violencia, y así juntamos el gato y el cascabel.

* Coordinadora del Centro de Estudios Mujer y Género (CTA).