Desde Córdoba

Con una presentación ante la Corte Suprema para que arbitre un pleito entre la Nación y la provincia de Córdoba, la intención de romper el Pacto Fiscal de 1992 y la represión policial del jueves pasado, el gobernador José Manuel de la Sota se instaló en la escena nacional durante las últimas semanas. A estos hechos se suman los encuentros con Mauricio Macri y Daniel Scioli, más la creciente pirotecnia verbal y epistolar entre el gabinete nacional y el mediterráneo. La secuencia de hechos coincide con la pretensión del gobernador de proyectar su figura como alternativa para 2015.

Luego de gobernar dos períodos su provincia, 1999-2007, De la Sota entronó a su vice, Juan Schiaretti, y se fue a trabajar a la cámara de comercio brasileña, donde había dejado buenas migas de su etapa de embajador menemista. Las vueltas de la vida, la ausencia de nuevos dirigentes en el peronismo cordobés y los votos del 42 por ciento lo pusieron, a sus 62 años, nuevamente como máxima autoridad provincial en 2011. Quienes lo conocen aseguran que sólo aceptó el reto pensando en su sueño eterno: el sillón de Rivadavia. El mismo día en que fue electo gobernador por tercera vez proclamó el “cordobesismo”. El libreto le duró una semana por la aplastante victoria de CFK en las primarias abiertas, que en Córdoba lo obligó a retirar su lista para legisladores nacionales. Decidido a precipitar su candidatura nacional, el Gallego, como se lo conoce en la provincia, buscó posicionarse como un gobernador diferente. Luego de visitar EE.UU. y conseguir fondos frescos vía endeudamiento, decidió demandar judicialmente a la Nación. El reclamo está en la Corte y es por 1040 millones de pesos que la Anses comprometió durante 2011, para paliar el déficit crónico de la caja de jubilaciones local. Los fondos estaban sujetos a un convenio de armonización que la provincia cumplió parcialmente. Los jueces supremos fijaron una primera audiencia de conciliación para el próximo 10 de septiembre.

Tras cartón, De la Sota fue por más y rompió unilateralmente el Pacto Fiscal de 1992, aquél en el que todas las provincias acordaron resignar el 15 por ciento para la administración central. En su estrategia contaba con que otros gobernadores lo acompañaran. Dos semanas después cosechó nueve rechazos y sólo se plegó el correntino Ricardo Colombi. La pulseada también seguirá en la Corte. En afán de mostrar diferencias con el gobierno nacional, De la Sota tuvo gestos simbólicos claros: “En este país es más fácil cambiarse de sexo y sacar un nuevo documento que comprar dólares”, dijo, casi como un chiste.

De la Sota sabe que la relación con la Rosada podrá tener sus altibajos, pero es irremontable. Cuando levanta la mirada del contorno provincial se envalentona. Observa que no son muchos los gobernadores peronistas dispuestos a confrontar al proyecto iniciado en 2003. Por eso, sabe que su eventual candidatura será enfrentando a la alternativa que presente el kirchnerismo. También sabe que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, le lleva unos cuerpos de ventaja, pero tiene una posición más ambivalente y le faltan tres años de desgaste. En ese cuadro, el Gallego intenta ser una rueda de auxilio para el antikirchnerismo peronista. Es por eso que para su estrategia de instalación nacional necesita marcar diferencias gruesas. El mismo jueves en que la policía de Córdoba exhibía su capacidad represiva, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, aterrizaba en Córdoba. Con la excusa de inaugurar un local partidario que hará las veces de “casa de la Capital Federal en Córdoba”, se reunió con De la Sota y juntos brindaron una conferencia de prensa donde apuntaron todos los dardos a la Presidenta. “El que disiente con el gobierno nacional es castigado. Le pasa a De la Sota y también a mí. Nuestra mayor independencia es no atarnos al relato arbitrario de la realidad que hace el Gobierno”, dijo el porteño. A su turno, De la Sota aseguró que quien viera en ese encuentro un acto de conspiración “se equivoca mucho”.

Para su proyección, De la Sota necesita que los problemas de gestión no trasciendan, garantizar los sueldos y justificar todos sus problemas en un mismo origen: “La deuda que la Nación se niega a pagar”. Se trata de 1040 millones, sobre un presupuesto de 24.900 millones que tiene la provincia.

El miércoles 8 de agosto, en plena sesión de la legislatura provincial, De la Sota cayó sin previo aviso. Pidió el micrófono y anunció un cambio en el sistema previsional que su bloque, sin conocer el proyecto, aprobó de inmediato. La Caja de jubilados de Córdoba presenta un déficit recurrente. Todos los gobiernos aplicaron ajustes, y el correlato de resistencia sindical los limó. De la Sota les ganó de mano, pero a la semana se movilizaron 40 mil trabajadores. Las protestas gremiales continuaron y una de ellas fue la que trascendió fruto del accionar policial. Mientras tanto, el gobierno dejó claro que utilizará los medios necesarios para controlar los descontentos.

El senador nacional Luis Juez, principal adversario de De la Sota en la última década, asegura que el accionar policial estuvo preparado. “De la Sota quiere ser candidato a presidente y manda señales a las 24 provincias. Su mensaje es ‘miren lo que tengo que hacer, no me queda otra porque el gobierno nacional me exige a mí llevar a esta situación de asfixia al pueblo’”, dijo.

“El De la Sota de hoy me hace acordar a (Eduardo) Angeloz cuando le echaba toda la culpa de su fracaso al gobierno nacional –consideró el diputado nacional por el Frente para la Victoria Fabián Francioni–. Es evidente que no tiene ganas de trabajar. No está pensando en Córdoba, su gobierno es una mentira.”