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Hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó más resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Mientras desde varios sectores el organismo estadístico es descalificado, como si lo único que produjera fueran sus índices de precios, ciertamente, advertimos que hasta ahora no fue suficientemente valorado el censo como complejo operativo de Estado y fuente privilegiada de información acerca de la Argentina actual.

El censo es un instrumento que permite realizar un análisis y evaluación demográfica que constituye un punto de referencia para el uso estadístico continuo. Como base de datos pública, permite proyectar, establecer y desarrollar políticas públicas tanto como estudios especiales. Justamente ahí radica su importancia y centralidad estratégica.

Si el Censo del Bicentenario hubiese fracasado, sería tapa de todos los diarios hegemónicos; sin embargo, como fue un operativo exitoso, el censo no es “noticia”.

Cuando señalamos que fue exitoso, nos referimos no sólo a los altos niveles de cobertura territorial y respuesta conseguidos el día del relevamiento (a pesar de la fuerte campaña “no le abra la puerta al censista” instrumentada desde grupos Facebook y amplificada desde los medios opositores), sino también a la velocidad de procesamiento del inmenso volumen de información relevada a partir de las respuestas de la población: en tres meses se entregaron los primeros datos provisionales, a los nueve meses los primeros datos definitivos y casi un año y medio después fue entregada prácticamente la totalidad de la información esperada.

Hay además, en el ámbito académico local e internacional, un consenso generalizado respecto del valor de contar en esta oportunidad con datos actuales, como insumo para diversas investigaciones, a diferencia de lo ocurrido en censos anteriores. Por caso, el operativo censal realizado en el 2001, cuyos datos fueron difundidos –sólo parcialmente–, en el año 2006.

Asimismo no es vano recordar que los cen-sos de población deben realizarse, por recomendaciones internacionales y por mandato constitucional, cada diez años en los años terminados en “cero”. Esto no sucedió con el censo 2001 ni con el censo del año 1991.

Los datos que surgen del Censo 2010 nos permiten avanzar en una caracterización política y teórica del modelo de sociedad iniciado en el 2003. Para anticipar un poco nuestros argumentos, diremos que este modelo puede ser pensado (debe ser pensado) a partir de dos “ideas fuerza”: la recuperación del Estado y la ampliación de derechos.

A nuestro entender, el Censo 2010 permite dar cuenta de un conjunto de conquistas sociales que, lejos de ser abstractas, impactan en la vida de millones de habitantes de la Argentina. Y claro, permite señalar también lo que falta.

Esto lo vemos más en detalle a partir de algunos de los datos referidos a la calidad de vida de la población: se ha ampliado el derecho al acceso al agua de red, el derecho al acceso al gas natural y el derecho a disponer de cloacas.

4.614.715 más de personas en todo el país han sido incorporadas al servicio agua de red; 3.624.921 más personas acceden a la red pública de gas natural; 4.112.042 más de personas pasaron a disponer de cloacas en sus viviendas particulares.

Es a partir de la recuperación del Estado que es posible implementar un conjunto de inversiones en infraestructura que permiten que más personas accedan, efectivamente, al agua, al gas y al servicio de desagüe cloacal. A decir verdad, tendríamos que referirnos a la recuperación de las capacidades estatales para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de los sectores más postergados de la población. Políticas públicas que permiten hablar de una ampliación del conjunto de la población que es alcanzada por un conjunto de derechos que son, podemos acordar, fundamentales.

Ahora bien, la posibilidad de acceder a este conjunto de datos habla también de otra recuperación de los últimos años. La recuperación de poder “contar” con un Sistema Estadístico Nacional que realiza en tiempo y forma el mayor operativo que puede encarar un país.

* Vicedecano y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata; director de Posgrado de la Universidad Nacional de Lanús; investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.