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¿Usted qué prefiere, presidente, poner contentos a los mercados con mucho ajuste fiscal para pagar la deuda externa y que cualquier día de éstos se desmorone el puente de Zárate Brazo Largo, cortando la ruta del Mercosur, o al revés? Néstor Kirchner deberá afrontar esta urgente disyuntiva, planteada por una dramática realidad: en 2002, la inversión del Estado, incluyendo Nación y provincias, sólo fue un 10 por ciento de la necesaria para mantener el stock de equipamiento público. La situación es mejor en 2003, pero no mucho. De acuerdo a estimaciones oficiales, el Estado debería estar invirtiendo este año por lo menos cinco veces lo que invierte, simplemente para evitar que continúe el acelerado deterioro del capital social. Si no, catástrofes como la de la ciudad de Santa Fe pueden ocurrir en cualquier momento. Y aunque milagrosamente no sucediera ninguna, lo seguro es que después de dos o tres años, el crecimiento de la economía quedaría estrangulado. En tal caso, difícilmente los acreedores siguiesen cobrando.
Los amenazantes sunchos de Zárate Brazo Largo obsesionan mucho más a los planificadores oficiales que los divagues de los economistas del establishment, que, a tono con las presiones del FMI, plantean que el superávit fiscal primario (el excedente previo al pago de intereses) debería alcanzar no menos de 4 por ciento del PBI (hoy serían cerca de 17 mil millones de pesos anuales). Con humor negro podría decirse que, por suerte, la tremenda contracción sufrida por la economía argentina entre 1998 y 2002 le permitió soportar que la inversión pública hubiera venido declinando desde 1995, hasta descender a los niveles irrisorios del año pasado o incluso del actual. Es más: el existente equipamiento público permitiría crecer al 4 ó 5 por ciento anual hasta el 2005, pero no más. Y el problema es que si se necesita que una inversión esté madura para fines de ese año, hay que empezar a poner plata ahora mismo. ¿Pero de dónde sacarla?
Esta no es la única cuestión peliaguda con que tendrá que lidiar Kirchner. También deberá digerir una noticia mala para cualquier político: no hay recursos para pensar en obras nuevas, cortar cintas y sacarse fotos en las inauguraciones. La prioridad es evitar que se venga abajo lo que ya existe. Hay que reponer, rehabilitar, repotenciar. Sólo esto hubiese exigido invertir el año pasado entre 1500 y 2000 millones de pesos, pero sólo se destinaron menos de $ 200 millones, ello incluyendo a las provincias. Es decir, nada. A veces se trata de trabajos inesperados, como el que exigen las cloacas de San Juan, que colapsaron a los pocos años de inauguradas por errores respecto de la estructura del suelo.
Hay que tener en cuenta, además, que la obra pública se encareció considerablemente tras la devaluación del peso, y que el próximo aumento de las tarifas elevará aún más su costo, por lo que decir que este año se está invirtiendo por $ 400 millones, contra los 200 del año pasado, no significa demasiado en términos físicos. Obviamente, quien revise el Presupuesto Nacional hallará números mucho más alentadores, pero sin reflejo en la realidad. Por un lado, por el fuerte margen de subejecución. Por otro, porque tres cuartos de los egresos de capital (inversión) previstos consisten en transferencias a las provincias para ese fin, vía diversos fondos, pero ellas han sido autorizadas a desviar esos recursos a gastos corrientes, y han utilizado masivamente ese permiso. Tal el extremo sesgo antiinversor del ajuste fiscal. Hay que agregar que algunos distritos, como Corrientes o Chaco, tienen embargados esos recursos.
Hablando ante un grupo de profesionales y dirigentes políticos, el economista Jorge Gaggero explicaba el martes último que, en una hipótesis extrema, podría aspirarse a un superávit fiscal primario de 2,5 por ciento del PBI (2,8 incluyendo a las provincias), siempre que la economía crezcaanualmente a una tasa no inferior al 4 por ciento. En este sentido, la pretensión del Fondo Monetario, que exige excedentes primarios de entre 4 y 5 por ciento, es descabellada. La negativa de Roberto Lavagna a asumir estos números como compromiso terminó en una expresión de deseos más vaga, consignada en el acuerdo de enero, consignándose que la meta de 2,5 por ciento para 2003 debe ser elevada sustancialmente a mediano plazo (léase 2004, 2005) y hasta niveles no conocidos en el pasado por la Argentina.
Alfonso Prat Gay, que antes de asumir la presidencia del BCRA se había pronunciado por un superávit primario de 2,5 puntos, lo disparó recientemente a 3,5 puntos, y esto antes de que se inicien las negociaciones con el FMI. Pero Gaggero señaló que era preciso incrementar el gasto público corriente en un punto del PBI (unos $ 4000 millones) para que el Estado pueda cumplir con sus prestaciones elementales, y la inversión pública en otro tanto, lo cual acota las metas máximas del superávit primario destinado a los acreedores externos. Estas prioridades, incluyendo el plan de obras públicas, deben quedar definidas para el período 2004-2006 previamente al reinicio de la discusión con el Fondo, que apuntará a un acuerdo trianual.
Mientras se puje con John Dodsworth y los demás personeros de la institución, el tiempo apremiará. Un caso: a fin de año vence la financiación del Banco Mundial para los llamados “crema”, por contratos de rehabilitación y mantenimiento, indispensables para que la red vial no concesionada sea mínimamente atendida. Si el BM no renovase esa línea, Vialidad se caería a la banquina. Y ello dependerá de cómo resulten las tratativas con los subordinados de Horst Köhler y Anne Krüger. Es, por cierto, una historia conocida.
Una de las mayores urgencias en materia de inversión pública atañe a la salud, que incluso en el caso de obras ya construidas demanda recursos adicionales para ponerlas en operación. Ni provincias ni municipios tienen fondos para sostener el funcionamiento. En el caso de la educación el diagnóstico es diferente porque no se considera necesario construir por ahora más escuelas, pero también hay deficiencias en el equipamiento y faltan bibliotecas.
Otra prioridad es enganchar la Patagonia al sistema eléctrico interconectado, y mejorar las precarias redes de distribución eléctrica en las ciudades del interior. También es imperioso multiplicar la inversión hídrica para atender problemas como el ascenso de la napa freática o evitar inundaciones. Mientras tanto, el equipamiento informático del sector público es víctima de la obsolescencia, y las redes ya no pueden soportar el tráfico de información. En este rubro, todo es a valor dólar.
Aunque se corra contra reloj para establecer la inversión pública imprescindible, el primer problema con que tropiezan los técnicos gubernamentales es la ausencia de datos suficientes. Mucha información dejó de compilarse en los ‘90, cuando se derivó a manos privadas gran parte de la inversión que antes debía ser realizada por el Estado. Este, por un lado, no tiene una idea precisa de qué sucedió realmente con los planes de inversión que asumieron como compromiso las privatizadas, pero no puede desentenderse del tema porque cada una de esas inversiones, todas básicas ellas, condiciona el desenvolvimiento de otros sectores. A los expertos oficiales no les sirve de gran consuelo que, en materia de comunicaciones, a Inglaterra le suceda lo mismo desde que privatizó British Telecom.
¿Cuán articulables son las inversiones ya hechas o proyectadas por las privatizadas, tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal, con un plan global? No hay respuesta. Ni siquiera se tiene en claro cuáles son las obligaciones de las firmas privadas en relación a la inversión pública, vista como un plan general, que responda a objetivos armonizados. Curiosamente, los servicios jurídicos de muchas áreasgubernamentales asumen posturas muy favorables a la independencia de las privatizadas, y en algunos casos sostienen que lo que éstas cobran a los usuarios no es una tarifa sino un precio, lo que implicaría su automática liberación.
¿Qué hacer? ¿Darle para adelante con el Paso de Jama con Chile o el de Yacuiba con Bolivia, o concentrar los escasos recursos en reparar el peligroso deterioro de la infraestructura disponible? O en atender los problemas de desagües y cloacas en todo el país. O las penosas vías férreas. Lo que saben los especialistas es que la falta de inversión puede no notarse de inmediato, pero a la larga le estalla en las manos a quien gobierne, y tanto antes cuanto mayor sea el crecimiento de la economía. Dado que el período de un plan de inversión pública es necesariamente plurianual, Kirchner debe trazar ahora el rumbo para toda su gestión.