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El genocida Antonio Domingo Bussi siempre tiene alguien en la Justicia que le dé una mano. Ayer, por caso, la Junta Electoral provincial –presidida por el titular de la Corte tucumana– rechazó de plano la impugnación presentada por los organismos de derechos humanos contra la candidatura del ex dictador por inhabilidad moral para ocupar cargos públicos. En los próximos días, los organismos apelarán la decisión de la junta.
En una escueta resolución, de apenas cinco líneas, la junta sostiene que no se aceptó la causal invocada por el CELS, la APDH y la organización Andhes por considerar que “no es objeto de previsión normativa”. En síntesis, el presidente de la Corte provincial Antonio “Chiquito” Gandur, el ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri y el presidente subrogante de la Legislatura provincial, Antonio Ruiz Olivarez, decidieron desconocer la existencia del artículo 16 de la Constitución Nacional. Dicho artículo exige como requisito sustancial para ejercer cualquier cargo público, el de la idoneidad que, al entender de la Corte Suprema de la Nación, “se entiende como la idoneidad ético-moral, la idoneidad física, y la idoneidad técnica”.
Gabriel Pereira, representante de Andhes, aseguró a Página/12 que la resolución de la junta “no avanza sobre el fondo de las sendas impugnaciones, lo que significa que el Tribunal Electoral no declaró que Bussi cumpla con tal requisito”. Según Pereira, los funcionarios se abstuvieron de pronunciarse sobre el fondo de la impugnación. “Están desconociendo los principios constitucionales que fundamentaban la presentación”, indicó.
Las organizaciones de derechos humanos destacaron además que la decisión de la Junta Electoral es grave porque “compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, al no cumplir con las recomendaciones del Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas, que instaba al Estado argentino, y por ende a cualquiera de sus órganos que lo representen, sean provinciales o nacionales, a procurar que ninguna persona implicada en la comisión de delitos de lesa humanidad ocupe cargos públicos”. Ayer, los abogados de los organismos que impulsan la impugnación de Bussi trabajaban en la apelación que sería presentada el lunes próximo.