El Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de ley que modifica el Régimen de Riesgos del Trabajo. La iniciativa eleva el monto de las indemnizaciones por accidentes, dispone su actualización automática y reduce los plazos para cobrar. “Los cambios terminarán con el empobrecimiento de las víctimas, las reparaciones tienen que ser adecuadas, por eso aumentarán significativamente”, enfatizó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El proyecto elimina también la posibilidad de recurrir a la Justicia para reclamar por la diferencia entre lo que paga el sistema y el monto que el trabajador considera que “debería” percibir. En su lugar, establece una “opción excluyente” entre el sistema y la Justicia civil. Esa resolución es un reclamo histórico de los grupos económicos para frenar lo que denominan la “industria del juicio”. Sin embargo, una parte del sindicalismo y abogados laboralistas la cuestionan por considerar que afecta derechos de los trabajadores (ver aparte).

Desde el Ministerio de Trabajo entienden que los cambios permitirán comenzar a abordar un conjunto de aspectos de fondo que hoy están “trabados”. Esas modificaciones estaban contempladas en gran parte de los distintos anteproyectos de reforma integral negociados por la cartera laboral y frustrados por el sector empresario desde que la Corte Suprema realizó, en 2004, la primera de más de veinte tachaduras de inconstitucionalidad acumuladas por la ley.

Los cambios

El proyecto que fue consensuado con las cámaras empresarias y un sector del sindicalismo eleva las indemnizaciones, elimina los topes para las compensaciones, pone pisos más altos y establece su actualización semestral, en marzo y septiembre, por el Ripte (un índice que evidencia la evolución del salario de los trabajadores registrados). Cuando se apruebe la ley se realizará un ajuste inicial que tomará las escalas establecidas por decreto en 2009 –el intento previo para mejorar los montos y habilitar una reforma integral– a partir de la mejora acumulada en el Ripte, alrededor del 80 por ciento. Así, por ejemplo, el piso de la reparación por muerte pasará de 180 a 460 mil pesos. Además incorpora a la ley el pago del 100 por ciento del salario durante el período de la prestación médica, según explicó Tomada ayer.

Con los cambios, un trabajador de 56 años con un grado de incapacidad del 30 por ciento y un salario de 4500 pesos verá incrementada la prestación en un 66 por ciento, mientras que para un asalariado de 30 años con una incapacidad de 65 por ciento y un salario de 8400 pesos, la ley incrementa la indemnización un 26 por ciento.

La nueva legislación introduce el pago de una indemnización adicional del 20 por ciento de la suma que le corresponda para cubrir la compensación por otros daños, por ejemplo daño moral. El Gobierno considera que así se logra lo que la Corte llama “reparación integral”. Asimismo, se limitan los honorarios de los abogados para que no puedan superar el 25 por ciento de la prestación, explicó Tomada.

Para acotar el tiempo de espera hasta que la ART establece el monto de la reparación, la iniciativa fija un plazo de 15 días desde el fallecimiento del trabajador o la homologación de la incapacidad del sobreviviente –una vez concluidas las curaciones– para el pago de las indemnizaciones. En tanto, las indemnizaciones por accidentes in itinere (desde y hacia al trabajo) se mantienen sin cambios.

La iniciativa, que ayer recibió el respaldo de la Unión de ART, establece nuevas pautas para fijar el valor del seguro que hoy no está regulado y limita los gastos administrativos y de comercialización de las aseguradoras. De esa forma, se busca amortiguar el impacto de las mayores indemnizaciones en las alícuotas. La suba en las cuotas que pagan las empresas será de 19,7 por ciento y llegará la alícuota promedio del mercado a 3,59 por ciento. Las pymes abonan alícuotas significativamente más elevadas.

Lo que falta

Según explicó Tomada, la nueva ley permitirá avanzar sobre otros aspectos que estaban empantanados, como la ampliación del acotado listado de enfermedades, el Fondo para Fines Específicos o la creación de comisiones mixtas de Higiene. Son elementos que reclaman los trabajadores pero que encuentran una dura resistencia en la representación empresaria. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo detectó en un relevamiento que el 46 por ciento de los acciones judiciales se inician por enfermedades que no están listadas, básicamente hernias, lumbalgias y várices. “Se va a incorporar por decreto más adelante”, consideró Tomada.