Desde la visión del Gobierno, la suspensión de la posibilidad de adquirir dólares para atesoramiento y las distintas regulaciones para la compra de divisas constituyen una decisión de “sentido común” que permite abordar el problema de la fuga de capitales. Ese escenario genera una liquidez excedente que hoy no encuentra dónde colocarse. “Estamos trabajando y pensando para diseñar instrumentos financieros, ya sean atados al financiamiento de proyectos productivos o commodities, que sean atractivos para la colocación de los ahorros que ya no pueden dolarizarse”, afirmó a Página/12 la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Antes del cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias, la funcionaria aseguró que la ampliación del perímetro de regulación comprendida en la reciente reforma de la Carta Orgánica habilita el abordaje de “terrenos que hasta ahora no eran supervisados por el BCRA” como, por ejemplo, las empresas remesadoras de divisas o los sistemas de pago de servicios por Internet.

Durante dos jornadas, reconocidos exponentes de la heterodoxia desplazaron a los tradicionales representantes del establishment financiero internacional y ofrecieron visiones alternativas de la crisis, el rol de los bancos centrales, el financiamiento de los países en desarrollo y la inflación. “Necesitamos un nuevo plexo de ideas funcional al desarrollo”, afirmó Marcó del Pont durante la clausura del evento, donde estuvo acompañada por el vicepresidente Amado Boudou (ver aparte). “Tratan de patearnos la escalera e impedir que volvamos a utilizar políticas de regulación, industrialización y protección comercial que permitieron a otros países llegar al desarrollo”, advirtió la funcionaria. El lunes, la banquera central aseguró que “abordar el problema de la fuga de capitales suspendiendo la posibilidad de comprar divisas para atesoramiento era una decisión de sentido común para un gobierno que pretende mejorar la distribución del ingreso”. Entre 2007 y 2011, la fuga de capitales ascendió a 81 mil millones de dólares, una cifra muy elevada en términos históricos. Ayer, Marcó del Pont explicó a Página/12 que, con el mismo “sentido común” con que se abordó la fuga de capitales, distintas áreas del Gobierno y el sector privado están trabajando para diseñar instrumentos financieros que permitan invertir parte de ese excedente que ya no puede dolarizarse.

“Estamos trabajando y pensando en el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio para diseñar instrumentos, ya sean atados al financiamiento de proyectos productivos o commodities que puedan ser atractivos para la colocación de esos ahorros”, reconoció Marcó del Pont. La funcionaria precisó que se deben “buscar instrumentos que supongan un salto del cortoplacismo de los plazos fijos que tienen un promedio de 45 días, para pasar a algo de más largo plazo”. Asimismo, la funcionaria advirtió que la oferta deberá estar especialmente diseñada para “cada segmento que se quiera apuntar, ya que no es lo mismo un inversor institucional que uno minorista”.

Ante la consulta de este diario cuando se retiraba del evento, Boudou también coincidió con la necesidad de avanzar en el diseño de instrumentos financieros para la colocación de la mayor liquidez. Recientemente, Alejandro Vanoli, titular de la CNV, anticipó que entre las alternativas bajo análisis se destaca la posibilidad de lanzar fideicomisos cuya renta se calcule sobre el precio del valor del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires, así como la evolución del tipo de cambio o la cotización de commodities.

Ampliar el perímetro

Si bien en Argentina el sistema bancario es solvente y líquido y las entidades financieras exhiben elevados niveles de rentabilidad, existen amplios sectores que no están cubiertos por ningún marco regulatorio o con escasa normativa. “Una de las atribuciones que nos dio la reforma de la Carta Orgánica es la ampliación del perímetro de regulación. Eso supone atender terrenos que no eran supervisados”, afirmó Marcó del Pont.

Desde el BCRA precisaron que algunas de las zonas grises que están trabajando para mejorar el marco regulatorio son los sistemas de pagos –empresas como Pago Fácil, Rapipago o Pagomiscuentas.com–, y las empresas que permiten el envío de remesas al exterior como Western Union. Según pudo saber este diario, en ese último caso el gerente general de la entidad, Matías Kulfas, está avanzando en el marco regulatorio, pero el abordaje va más allá ya que, con el fin de evitar las tarifas abusivas que hoy cobran las empresas, se le otorgará al Correo Argentino un papel relevante en la actividad remesadora.

Otro de los sectores sobre los que se avanzará en materia de supervisión son las empresas cámaras compensadoras, frente al riesgo sistémico potencial que puede generar una falla en el funcionamiento del clearing bancario y del resto del sistema financiero. y las empresas transportadoras de caudales. Asimismo, el BCRA publicará en los próximos días un “recordatorio” para los bancos sobre los cargos y comisiones que pueden cobrar por distintos servicios como extracciones, transferencias o giros, entre otras operaciones. “Es una suerte de recordatorio de que los estamos vigilando”, concluyeron desde la autoridad monetaria.