Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, por facturación y cantidad de clientes, se sumó a la actitud previamente asumida por la mayoría de las proveedoras de energía en todo el país y resolvió empezar a hacer pagos parciales a Cammesa por el fluido que ésta le entrega. La firma distribuidora en Capital (zona centro y norte) y Gran Buenos Aires (partidos del conurbano norte) informó, por escrito, la decisión de abonar sólo el 50 por ciento de la factura por el suministro eléctrico hasta tanto entre a regir un nuevo marco tarifario para el sector, prometido por las autoridades ya hace meses. Las distribuidoras alegan que la falta de actualización de los valores que percibe ese segmento (prácticamente congelados desde el fin de la convertibilidad) las coloca en virtual situación de quiebra, por lo que deben optar entre dejar de pagar salarios, a los proveedores o el suministro eléctrico. En ese cuadro de situación, Cammesa aparece como el eslabón más débil.

Las recomposiciones de la tarifa eléctrica dispuestas de 2003 a la fecha apuntaron a compensar mayores costos de generación, cubrir necesidades de fondos para alguna inversión o por eliminación de subsidios. En cambio, la porción de tarifa correspondiente a las distribuidoras, el denominado VAD (valor agregado de distribución) fue dejado para el final. “Ahora explotó, el rojo que denuncian las empresas es real”, explicó ayer a este diario un especialista sectorial muy cercano al Gobierno.

A fines de agosto, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, había encabezado una reunión con los principales directivos de las generadoras, transportistas y distribuidoras eléctricas. Fue después de haber recibido un informe de situación de los distintos actores del sector, en el cual describían su cuadro de costos y las falencias derivadas de la falta de actualización de la tarifa, tanto en materia de inversión cuanto en mantenimiento. El gremio del sector, Luz y Fuerza, venía denunciando por esos días la falta de inversiones en el tramo de distribución y reclamaba que “si no se garantizan a través de las concesiones, el Estado se haga cargo del servicio”.

En semejante contexto, estaba justificada la elevada expectativa empresaria por escuchar el anuncio de alguna vía de recomposición de la tarifa. Pero los empresarios debieron postergar su ansiedad, tras ser informados por Kicillof que había medidas en estudio y la intención de avanzar en un plan a mediano y largo plazo para dar respuesta a la creciente demanda.

El principal interrogante que se plantea desde entonces en el sector es si es posible restablecer el equilibrio sin aumentar la tarifa. Por lo pronto, el problema se fue incrementando y se generalizó. Más de 20 distribuidoras del interior del país y muchas cooperativas eléctricas ya habían entrado en mora cuando se concretó el megaencuentro de agosto con Kicillof. Posteriormente, otras distribuidoras fueron dejando de pagar la energía a Cammesa o dispusieron hacerlo parcialmente. Las distribuidoras de tres distritos (Santa Fe, Córdoba y San Luis) elevaron sendos amparos ante la Justicia por imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. Edesur pidió financiación para una deuda acumulada de más de 200 millones, después de haber decidido pagos parciales y, a veces, sólo simbólicos. Ayer, finalmente, Edenor se sumó a la cadena, al informar la decisión de abonar sólo la mitad de la factura de la electricidad que recibe para la distribución.

Cammesa, que aparece como la directa afectada por esta cadena de decisiones, es una sociedad mixta encargada de la administración del mercado mayorista eléctrico. Les compra la energía a todas las generadoras del sistema nacional, y se la vende a las distintas distribuidoras del país para que la suministren a hogares, comercios e industrias. Sólo un número menor de grandes empresas compra directamente a generadoras, debiendo pagar un “peaje” a las distribuidoras en caso de uso de la red que operan.

Pero Cammesa, pese a ser mixta, está administrada por el Estado. De modo que el desbalance entre lo que paga para la generación y la transmisión, y lo que cobra a los distribuidores, cuando esta última partida se resiente, es financiada por el Estado. La intención de las distribuidoras de dejar de pagar la factura es “cobrarle” al Estado, por otra vía, lo que no recibe por recomposición de tarifa. “Reciben el pago del usuario, pero no lo transfieren a Cammesa para el pago al generador. Es decir, le endosan el problema a la administradora del mercado mayorista”, sostuvo el mismo experto ya mencionado.

Obviamente, por esta vía no se resuelve el problema sino que se hace más complejo, mientras se demora la respuesta sobre el nuevo esquema tarifario que, se espera, reordene el sector.