“Si, y enfatizo el condicional, hay alguna intención de parte de la república de desafiar y evadir el fallo actual, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado”, advirtió ayer el juez estadounidense Thomas Griesa en referencia a una disputa legal entre los fondos buitre y Argentina. El magistrado realizó sus declaraciones durante una audiencia por la causa sobre “discriminación” del país a los holdouts en los tribunales de Nueva York, donde participaron los abogados del país y los representantes legales de los buitres. A ese convite se sumaron el Bank of New York, agente de pago de los vencimientos, y letrados de un grupo de fondos de inversión norteamericanos que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 para realizar sus descargos respecto de la manera en que podrían resultar afectados por un fallo de Griesa que ordene a Argentina pagarles la deuda en default a los buitres. El magistrado no aceptó el pedido de los holdouts para resolver de forma inmediata un mecanismo de pago, dio hasta el próximo viernes para que las partes presenten por escrito sus argumentaciones, y no estableció ningún cronograma para expresarse. Argentina mantiene su posición de no negociar y no pagarles a los buitres.

Mientras se realizaba el encuentro en Nueva York, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó las decisiones de Griesa y enfatizó que el país continuará cumpliendo en tiempo y forma con los vencimientos de deuda utilizando las reservas internacionales del Banco Central. “Ya sabemos cómo se comportan los fondos buitre, a mí lo que me duele es que haya argentinos que se pongan al lado de los fondos buitre”, sostuvo.

A fines de octubre, la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificó un pedido de los fondos Elliot y NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel, por trato discriminatorio por parte de Argentina respecto de los tenedores de bonos que entraron al canje de deuda de 2005 y 2010. La presentación había sido realizada en el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa, invocando el principio jurídico de pari passu, frase en latín que en la jerga financiera se traduce como “en igualdad de condiciones”. El fallo interpreta que el país está discriminando a los bonistas que decidieron no ingresar al canje respecto de los que sí participaron. Sin embargo, la Cámara no se pronunció acerca de cómo subsanar el hecho, sino que solicitó a Griesa que presente una propuesta.

Ante ese escenario, CFK y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguraron que Argentina “no pagará ni un dólar a los fondos buitre”. En la audiencia de ayer el juez Griesa no ocultó su malestar por esas declaraciones. “Nuestros tribunales no están indefensos, existen pasos que pueden darse para sancionar el no cumplimiento de las órdenes de la corte”, afirmó en el encuentro según un breve informe del estudio Shearman & Streling que representa a NML Capital de Paul Singer. “El juez Griesa enfatizó que los holdouts tenían derecho a recibir dinero y que les correspondía parte de los pagos que Argentina tiene programados para diciembre”, sostiene el documento difundido por los abogados de los buitres. Desde el equipo económico, rechazaron que el magistrado haya realizado esa afirmación. “Desmentimos de forma terminante que el juez haya hecho referencia directa o indirecta a un cronograma de pagos. El statu quo en materia de pagos de vencimientos de deuda se mantiene y Argentina sostiene su oposición a una resolución a favor de los buitres y para ello apelará a todos los medios legales a su alcance”, afirmó el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino.

Fuentes oficiales confirmaron a Página/12 que Griesa pidió a los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que representan al país una declaración jurada donde afirmen el compromiso de Argentina para cumplir con el fallo. Todavía no está definido qué documentos y argumentos presentarán los letrados, pero tienen tiempo hasta el viernes para hacerlo. En Economía ponderan el aporte de la incorporación a la causa de los argumentos de los bonistas que sí ingresaron a los canjes ya que su posición ayuda y reafirma los planteos argentinos en materia de “inequidad, complejidad y efectos colaterales” que tendría la aplicación de la medida.

Después del viernes, Griesa deberá definir una fórmula para establecer la prorrata de pagos que permita resarcir a los fondos buitre por haber sido “discriminados” en relación con los bonistas que ingresaron al canje. Luego, el caso deberá volver a la Cámara de Apelaciones. Frente a un posible fallo adverso para la Argentina, los abogados tienen la posibilidad de apelar en la cámara de segunda instancia.

En el Gobierno afirmaron que no están trabajando en una modificación de la mecánica de pago para evitar un posible embargo si los fallos son desfavorables para el país. Más allá de la decisión que pueda tomar Griesa, explican que al actuar el Bank of New York como agente fiduciario no existen activos soberanos que puedan ser embargados, a diferencia de otros casos como la Fragata Libertad donde la discusión gira alrededor de la “embargabilidad” del activo. Los abogados de los buitres no lo ven de esa forma, por eso esperan que Argentina pierda las apelaciones, rechace la fórmula establecida por Griesa y se habilite la posibilidad para trabar un embargo sobre esos fondos.