Desde París

En apenas seis meses en el poder, el socialismo francés dio un par de giros históricos. Empezó con una inédita “agenda para recuperar el país, el trabajo, la competitividad y construir una sociedad humana y solidaria”. Esta “agenda” comprende recortes por 33.000 millones de euros repartidos entre las familias más pudientes, las empresas y netas disminuciones en los gastos de la casi totalidad de los ministerios. Cuando presentó ese plan, el presidente francés, François Hollande, interpeló a los ricos para que “demuestren su patriotismo”. Esta semana, sin embargo, los socialistas le imprimieron a su acción una dirección contraria a la prometida durante la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales de abril y mayo pasado. Bajo el sello de la “competitividad”, el gobierno anunció un plan gigantesco destinado a las empresas que implica una auténtica revolución liberal que trastorna el rumbo de los compromisos adquiridos durante la campaña y se inscribe en un plano opuesto a la doctrina socialdemócrata.

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, presentó un “pacto nacional por al crecimiento, la competitividad y el empleo” cuyo eje consiste en un crédito en impuestos por unos 20.000 millones de euros del que se beneficiarán las empresas. Entre otras renuncias a los compromisos electorales, dicho plan introduce un aumento global del IVA cuyo costo recae en amplios sectores de la sociedad. En suma, es la sociedad la que va a financiar la competitividad de las empresas.

La izquierda francesa se desayunó con un café amargo. El aumento del IVA había sido excluido del horizonte de manera reiterada por el entonces candidato François Hollande. Su aplicación se suma a una extensa serie de “renuncias” que tuvieron lugar en un corto lapso de tiempo. El “pacto nacional por el crecimiento, la competitividad y el empleo” se desprende de un informe elaborado por Louis Gallois, un liberal ex dirigente del grupo de aeronáutica y de defensa EADS. Gallois elaboró un informe sobre la competitividad de las empresas que consta de 22 medidas. El gobierno lo hizo suyo y le agregó trece más.

Según el Ejecutivo, la meta declarada apunta a “dar un respiro y un margen a las empresas para que puedan invertir, innovar y subir en la gama”. El primer ministro alegó que esta medida “creará más de 300.000 puestos de trabajo en el horizonte de 2017”. La patronal saludó un plan que responde a sus demandas para reducir el costo del trabajo, la derecha fustigó la contradicción del gobierno entre sus principios declarados y la acción real mientras que la izquierda y varios sindicatos juzgaron que ese enfoque era contrario a todas las promesas. De hecho, el concepto de competitividad se convirtió en el sócalo del mandato de François Hollande. Lo “social” ha quedado en un segundo plano.

La CGT francesa consideró que este plan era un “error político”. Es lícito reconocer que, con el paso de las semanas, la acción del Ejecutivo va enterrando de a poco las esperanzas que su discurso socialdemócrata suscitó en la sociedad. De la justicia social, los jóvenes, el desempleo y la jubilación se pasó a la “competitividad de las empresas” como concepto central. El plan del gobierno y su consiguiente crédito de impuestos a las empresas y al aumento del IVA retoman los argumentos del gran patronato, para el cual el problema de Francia está en el elevado costo de las cotizaciones sociales.

Esa es precisamente la crítica que hace la asociación Attac y la Fundación Copérnico. En un estudio de 27 páginas, varios economistas de ambos grupos fustigan el informe de Louis Gallois sobre la competitividad al tiempo que denuncian el pacto del gobierno con los “dogmas liberales” y la aceptación de una idea constante del discurso liberal: la que hace de “los salarios y las cotizaciones sociales la causa de la desindustrialización y el desempleo”.

¿Qué queda de socialista en todo esto? Casi nada, responden los analistas. En una entrevista con el diario Libération, el economista Bernard Maris, autor del libro Alegato (imposible) para los socialistas, afirma que el socialismo “es una doctrina muerta”. Maris observa que “el actual gobierno estima que la competitividad depende del costo del trabajo. Se trata de un análisis típico de la derecha, la cual considera el trabajo no como una inversión sino como una carga. El aumento del IVA va en ese sentido”. Por sorprendente que resulte, una vez en el poder el socialismo francés integró esa sempiterna canción del patronato liberal: el elevado grado de las cotizaciones sociales deja escasos márgenes de ganancias y esto impide que las empresas inviertan en innovación y desarrollo. Los estudios económicos prueban lo contrario.

En 2011, la distribución de los dividendos de las empresas (9 por ciento) alcanzó el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. La lógica es eterna: en vez de invertir, las empresas incrementan sus dividendos. Muy oportunamente, el vespertino Le Monde recuerda que desde hace poco más de dos décadas Francia disminuye las cargas de las empresas sin que ello se traduzca por más competitividad o creación de empleos. Hasta el anuncio de este plan, François Hollande siempre rehusó asimilar el déficit de competitividad de las empresas francesas con el costo del trabajo. Seis meses después de haber llegado al sillón presidencial, Hollande dio el paso y sin exigir ninguna contrapartida a las empresas. Poco queda de izquierda en estos seis primeros meses de mandato. Como lo viene haciendo desde hace un cuarto de siglo, el socialismo francés se quita el vestido con la rosa para lucir el traje liberal de la modernidad económica.