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El nuevo ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que el “complemento salarial no remunerativo” de 200 pesos no será directamente incorporado al salario, sino ubicado en las negociaciones entre trabajadores y empresarios, discusiones que el Estado se limitará a “promover”. En la misma línea, el ministro descartó un generalizado llamado a paritarias. En tanto, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, agregó que el mecanismo de doble indemnización, que vence el próximo 30 de junio, será gradualmente eliminado. Las declaraciones de Tomada fueron cuestionadas por el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, quien consideró que en la Argentina no están dadas las condiciones para las negociaciones que el ministro aspira a promover pues “no existe libertad sindical”.
Según la lógica oficial, la redistribución del ingreso no se resuelve mediante la intervención en el mercado de Trabajo, sino en la producción. La base de este argumento es que no todos los sectores formales de la economía se beneficiaron con la misma intensidad por la devaluación. Por lo tanto, no todos están en similares condiciones para mantener el complemento de 200 pesos que vence el 31 de diciembre próximo.
En este contexto, la política oficial será la de promover acuerdos entre empresas y trabajadores. Aunque para decirlo de manera más precisa, de las empresas con el 19 por ciento de los integrantes de la fuerza laboral que se benefician del auxilio de los 200 pesos. Esto es, los asalariados en el sector formal de la economía excluido el sector público.
La secretaria de Trabajo explicó que “cada convenio colectivo tiene características particulares” y por lo tanto “incorporar al básico de convenio los 200 pesos implicaba que el empleador debía erogar 274 pesos y el trabajador percibiría menos porque estaría sujeto a aportes”. Por ello, sostuvo que “la complejidad del tema nos indicó que debía ser una decisión de los actores sociales”. Estos conceptos fueron compartidos por Tomada.
Rial también se mostró optimista con los resultados obtenidos en las negociaciones sectoriales en lo que va del año. “Durante 2003 se han firmado muchos convenios que incorporan al salario estos 200 pesos”, lo que demostraría que “la mejor solución es que trabajadores y empleadores en el marco de cada convenio colectivo se pongan de acuerdo”.
En materia de paritarias Rial recordó que el ministro Tomada “le aclaró a la CGT que no habrá una convocatoria general, sino que el Ministerio de Trabajo colaborará con los actores sociales para que se sienten y negocien cada convenio colectivo de trabajo”. A juicio de la viceministra “hay buena voluntad de los empresarios, pero lo que pasa es que la situación económica es dispar en cada sector”, insistió.
Sobre la vigencia de la doble indemnización afirmó que el Ministerio “esta trabajando en criterios que contemplen dos aspectos. Primero que el sistema sea consensuado con los actores sociales”. Segundo, “paulatino y pautado, en distintas etapas”, porque “cualquier salida brusca puede producir expectativas negativas en el mercado laboral”.
Aunque se manifestó en contra de las medidas de intervención estatal –”no son agradables”, dijo– Rial adelantó que si tras cesar la doble indemnización se eleva considerablemente el número de despidos, habrá que pensar en “nuevas medidas intervencionistas”.
Las declaraciones de los funcionarios de la cartera laboral muestran que la perspectiva gubernamental para la resolución de los conflictos no estará en la participación del Estado en el mercado de trabajo, sino en las “negociaciones entre las partes”. Tomada destacó que “la negociación colectiva es el más legítimo y democrático de los instrumentos” para mejorar la distribución del ingreso.
Esta visión fue fuertemente criticada por Víctor De Gennaro, quien dijo a Página/12 que en el país “no están dadas las condiciones para que trabajadores y empleadores puedan sentarse a negociar”, pues un sector de los asalariados “está proscripto”. “En la Argentina no hay libertad sindical”, argumentó. “Queremos poder elegir por asamblea”, dijo De Genaro, a los representantes sindicales de esas negociaciones. Señaló que”no aceptamos que los que vamos a sufrir o gozar esos resultados no los aprobemos”.
El dirigente de la CTA dijo que no se puede hablar de distribución del ingreso solamente discutiendo salarios. Calificó ese debate de “una discusión asimétrica” porque “la precariedad laboral llega al 72 por ciento y existen 4 millones de desocupados”. Desde su perspectiva, debe llamarse al consejo del salario mínimo y subir el piso de 150 pesos que el Plan Jefes y Jefas de Hogar transmite al conjunto de la economía.