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De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.

Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.

El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.

La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.

No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20 de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.

Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.

Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.

* Titular de Sociología Rural de UBA.

** Abogado ambientalista.