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Durante el primer trimestre del año, la cantidad de trabajadores rurales registrados, dedicados al desflore de semillas, creció un 165 por ciento. Es decir que se pasó de 8496 peones blanqueados durante el período enero-marzo de 2012 a 22.571 peones para el mismo período de este año. Así se desprende de un informe elaborado por el Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios (Renatea), difundido ayer durante una rueda de prensa. La nueva ley de contrato para los trabajadores rurales prohibió la utilización de las bolsas de trabajo, como Rural Power y Adecco. Estas empresas eran utilizadas por las grandes multinacionales cerealeras para tercerizar la contratación de peones golondrina, que terminaban trabajando en condiciones de precariedad y, en muchos casos, infrahumanas.

“Uatre estaba totalmente enganchado con las empresas que tenían trabajadores en negro”, manifestó Guillermo Martini, titular del Renatea, durante un encuentro con periodistas. Gerónimo “Momo” Venegas es el actual titular del gremio de los peones rurales y era quien presidía, junto con los dirigentes de la Mesa de Enlace, el ex registro de los peones rurales (Renatre). Venegas había montado un esquema para tercerizar la fiscalización y controlar el pago de los aportes por parte de las empresas. En 10 años, Venegas favoreció a empresarios con la suma de 2200 millones de pesos, en concepto de una transferencia de recursos por multas no cobradas.

La mayoría de estas deudas patronales prescribieron a los dos años de ser registradas. La empresa que debía fiscalizar esta situación es Gregard SA, que tenía un contrato por 8 millones de pesos anuales. A partir de la norma que creó el Renatea –una institución que fue resistida por Venegas e incluso criticada por los dirigentes de la Mesa de Enlace, en especial los integrantes de la Federación Agraria–, comenzó un proceso de formación de inspectores fiscalizadores. Actualmente son 50 y el objetivo es que sean 200. De esos 2200 millones de pesos de deudas, actualmente hay 120 millones de pesos que serán reclamados por el Renatea.

Esa cifra surge de cruzar las bases de datos de la AFIP, con el registro laboral de los peones. Durante la gestión Venegas, las bases de datos del registro de los trabajadores rurales habían sido tercerizadas a la empresa Trivio, con un contrato que rondaba los 40 millones de pesos anuales, según comentó Martini. La privatización de esta información le impedía al Estado realizar un cruce de información con la AFIP, situación que ahora se revirtió.

Según el informe del Renatea, durante enero hubo 246.000 empleadores que pagaron en término sus obligaciones a la AFIP, cuando doce meses atrás eran sólo 121.000. Si bien esto denota una mejoría en el control, todavía existe un subregistro de días trabajados y salarios pagados por parte de los empleadores. “Nos damos cuenta de esto porque el aporte empresario individual por trabajador aumentó solamente un 41 por ciento”, agregó Martini.

El ex Renatre registraba 879.000 libretas emitidas, de las cuales sólo el 45 por ciento eran utilizadas por lo menos una vez al año. Cuando el Estado se hizo cargo del registro también descubrió que muchas de las libretas emitidas no tenían por destinatario trabajadores rurales, lo que contribuía a inflar el supuesto número de beneficiarios.

Martini indicó que uno de los desafíos del Registro y de la aplicación de la nueva ley tiene que ver con la prevención de los accidentes laborales, que en muchas casos ocurren porque “todavía hay empresas que se mantienen al margen de la ley”. Este fue el caso del accidente de un camión en el que viajaban 25 trabajadores tareferos, de los cuales 8 murieron y otros 18 resultaron heridos. De estos últimos, nueve eran menores de edad. En este sentido, el funcionario destacó la “necesidad de reforzar las condiciones de seguridad, ya que se prevé que en los próximos meses habrá unos 40.000 trabajadores de Santiago del Estero y otros 14.000 de Tucumán que se trasladarán a la provincia de Buenos Aires”.

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