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En estos días en los que ha vuelto a surgir el interés por la discusión sobre tener o no una estrategia petrolera nacional, mucho es lo que se ha dicho y escrito en forma de condenas generalizadas y fuera de contexto a las recientes medidas oficiales de incentivo a la búsqueda y producción de hidrocarburos (decreto 929, régimen de promoción de inversiones), y poco ha sido el esfuerzo en comparar políticas de distintos momentos de la historia reciente para tratar de sacar conclusiones algo más fundadas.

Incluso los que fueron responsables de las políticas de desregulación y privatizaciones de los ’90 hoy cuestionan “la cesión de beneficios a empresas extranjeras”, sin esbozar un mínimo gesto de arrepentimiento por haber construido un sistema que borró, literalmente, al sector público del control y planificación de la actividad, posibilitando y favoreciendo una política de saqueo que, desde mediados de los ’90 hasta casi nuestros días, provocó una pérdida de reservas probadas de hidrocarburos del 70 por ciento y una caída en la producción de petróleo y gas del 40 por ciento, mientras las empresas concesionarias seguían sacando ganancias al exterior, gozando de beneficios fiscales sin ser obligadas a cumplir ningún compromiso.

Son esos mismos ex funcionarios, hoy devenidos en fuertes críticos, los que generaron un grado de desmantelamiento tal en un sector productivo clave, que terminó hundiendo al país en la necesidad de importar recursos energéticos (gas natural y gasoil, principalmente) para poder sostener sus tasas de crecimiento, generando un rojo en las cuentas externas de más de once mil millones de dólares al año. Ese resultado es, en gran medida, el origen de las restricciones posteriores que se aplicaron a las importaciones comerciales y a las compras de dólares de particulares para turismo o atesoramiento.

Sin perder de vista esta realidad, en la que por responsabilidad de políticas altamente perjudiciales para los intereses nacionales el país iba perdiendo paulatinamente sus recursos energéticos y sus divisas, conviene ahora echar una mirada sobre los años recientes, en los que pese al cambio de paradigmas y de signo político del gobierno, estas tendencias declinantes no lograron revertirse.

Ya en el año 2008, “la pronunciada caída en las reservas comprobadas y en la producción de petróleo, y la disminución en las inversiones reflejada en la baja del número de pozos exploratorios llevaron al gobierno nacional a poner en marcha los programas Petróleo Plus y Refinación Plus, que deberían generar inversiones directas por 8570 millones de dólares con las que se espera lograr, entre otros resultados, un aumento del 13 por ciento de la producción de petróleo en cinco años y la expansión y crecimiento de actividades relacionadas con la explotación y producción de hidrocarburos y sus derivados” (revista Informe Industrial, año 2008).

Los mecanismos que se establecían para alcanzar dichos logros consistían en una serie de incentivos para las empresas productoras y/o refinadoras, que iban del otorgamiento de Certificados de Crédito Fiscal transferibles por “los incrementos en la producción y reservas, que los beneficiarios podrán destinar al pago de los derechos de exportación”. En los hechos, una fórmula encubierta de baja en las retenciones (en un año particularmente sensible políticamente a este tema), que presuponía la continuidad de las autorizaciones de exportación para hidrocarburos y combustibles.

No habían transcurrido tres años de su puesta en vigencia, cuando el Gobierno resolvió dar de baja los programas, ante la evidencia de que los resultados no se alcanzaban pese a que las empresas cobraban los incentivos. A las firmas con yacimientos de alta capacidad de producción y un circuito de exportaciones ya armado, no les habrá resultado difícil demostrar saltos en la producción entre dos períodos a considerar, si en el primero desacelera el ritmo de extracción y en el siguiente lo apura. Hay que recordar que para un yacimiento ya descubierto y en actividad, “extraer” es sinónimo de “producir”, que es sacar afuera el crudo de la formación en la que está almacenado. Las estadísticas de la época son bastante elocuentes respecto de este mecanismo de “apurar la extracción” y pasar a cobrar. Los aumentos de producción resultaron transitorios. Los de reservas, inexistentes.

¿Cuál es la diferencia principal en el recién lanzado régimen de promoción de inversiones? El principal es que el compromiso de la empresa debe quedar expresado en una inversión concreta, mil millones de dólares como mínimo, y sobre un programa de exploración y explotación que requiere ser explícitamente aprobado. Recién a partir del quinto año empieza a correr el beneficio o premio, que es el de disponer del 20 por ciento de la producción que se obtenga para comercializarlo a precios internacionales, sin obligación de liquidar las divisas en el mercado local. Al inversor se le dice: primero ponga la plata, muestre los resultados durante cinco años y luego cobra los beneficios. ¿Es esto un decreto hecho a medida para Chevron? Seguramente la empresa norteamericana podría mostrar –es fácil suponer que no lo hará– otros contratos en condiciones mucho más ventajosas, con menor costo de inversión de riesgo y de más rápido retorno que éste. Incluso, en este mismo país en otras épocas.

Para el capital privado extranjero –se trate de Chevron, Exxon o la china Cnooc–, el decreto es un llamado a invertir a largo plazo, con un cambio de reglas a favor de la “liberalización” de una parte de la producción en el futuro. Pero con una fuerte apuesta previa, no menor a mil millones de dólares. Para las petroleras locales –YPF y las del sector privado– es la oportunidad de captar socios extranjeros que, a partir del cambio de condiciones a través del decreto 929, “van a tener otra mirada para los proyectos de inversión en Argentina, porque los acerca más a sus expectativas”, confió una fuente ligada a dichas empresas.

Para el gobierno nacional, quizás se trate de recomponer políticas erradas en la materia, como el mencionado fracaso de los programas Plus. Cuando se lanzó, hace quince meses, la decisión de expropiar el paquete de control de YPF para recuperar la empresa como instrumento central de la política energética nacional, se estableció también el carácter de interés público para los hidrocarburos y toda la actividad que lo circunda (reservas, extracción, refinación, transporte, comercialización). Así también, se fijó que habría organismos del Estado encargados del seguimiento y regulación de la actividad, sobre todas las empresas del sector. El decreto que dispuso esas condiciones fue fundante de una nueva política sectorial. El decreto de promoción de inversiones de esta semana es una oferta de beneficios a cambio de las inversiones de un capital muy poderoso: es hijo de la necesidad, pero no contradice los principios del decreto de recuperación de YPF.

Empieza una nueva etapa, con nuevas reglas. Sin renegar del capital extranjero, el Gobierno acepta que participe del juego. Ahora deberá demostrar que es capaz de hacer respetar las reglas del juego y que es la soberanía energética la que fija los planes y los objetivos. Esa soberanía que ayer entregaron los mismos que hoy acusan al Gobierno de “ponerse de rodillas” ante las multinacionales.