La Subsecretaría de Defensa del Consumidor suspendió ayer preventivamente a Adecua del registro nacional de asociaciones de usuarios. La medida fue en respuesta a los acuerdos que firmó esa entidad entre 2010 y 2012 con seis bancos y financieras de primera línea, supuestamente en defensa de miles de clientes de esas empresas, a quienes les habrían cobrado de más cargos y seguros en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjetas de crédito. Los convenios, sin embargo, resultaron un fiasco para los consumidores y un desahogo para los bancos. Las entidades financieras lograron evadir el pago de indemnizaciones millonarias, estimadas en 367 millones de pesos, mientras que el 99,1 por ciento de los afectados no cobró nada porque los acuerdos en la práctica “bloquearon” su derecho a un resarcimiento. Los afectados fueron más de 1,7 millón, lo cual muestra la trascendencia del tema. Los abogados de Adecua, pese a ello, embolsaron 15,6 millones de pesos en concepto de honorarios, pagados por los bancos.

Los acuerdos de Adecua fueron revelados por Página/12 en febrero pasado. La entidad de usuarios, que encabeza Sandra González, consideró entonces y lo ratificó ayer que su accionar fue correcto, y denunció una persecución política del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María “Pimpi” Colombo. “Persiguen a las asociaciones de consumidores que no dicen lo que quiere Moreno y no esperan los fallos judiciales”, se quejó González a través de su cuenta de Twitter, ni bien le llegó la notificación de la suspensión del registro. La medida implica que no puede seguir operando como entidad de consumidores, ni cobrar los subsidios que venía percibiendo del Estado nacional por esa función dentro de los comités de consumidores en las empresas de servicios públicos. Así lo precisó ayer Colombo a este diario.

Más allá de la posición del Gobierno, el comité de ética de las entidades de usuarios fue muy crítico con la postura de Adecua. Ese cuerpo lo integran asociaciones con reconocida trayectoria y otras más nuevas, a quienes les atribuyen una cercanía con Moreno y Colombo. Todas le recriminaron a Adecua que su comportamiento resultó funcional a los bancos, dado que en lugar de establecer indemnizaciones automáticas para todos los usuarios, con acreditaciones directas en sus cuentas bancarias, limitó la posibilidad de cobrar los resarcimientos a que los clientes fueran a las entidades financieras a reclamarlos. El problema fue que 1.736.499 personas jamás se enteraron de la existencia de los convenios, cuya difusión se limitó a pequeños anuncios en los diarios.

Los usuarios que pidieron acogerse al acuerdo en el Santander Río fueron 109, contra 615.500 que quedaron afuera. El banco pagó indemnizaciones por 23 mil pesos y se ahorró unos 131,7 millones. El Banco Galicia pagó 495 mil pesos a 6 mil personas, contra un millón que no recibieron nada. La financiera GMAC alcanzó a 533 clientes, que obtuvieron 42 mil pesos, cuando debería haber desembolsado 73 millones para cubrir a todos los afectados. El acuerdo de Adecua con el Banco Privado de Inversiones batió record. Sobre 135 mil usuarios damnificados sólo hicieron el trámite para recuperar el dinero mal cobrado 27 personas, lo cual le evitó al banco pagar unos 65 millones de pesos. La tarjeta CMR de Falabella devolvió 250 mil pesos a menos de 9 mil personas, cuando tendrían que haber sido 16 millones. Por último, la Tarjeta Naranja no informó la cantidad de clientes potenciales, pero admitió que sólo hizo devoluciones a 75 personas.

Después de las notas aparecidas en este diario, dos jueces reclamaron al Banco Macro y a la Tarjeta Naranja que cambiaran el mecanismo de devolución y reintegraran el dinero de manera automática a todos los usuarios como marca la ley de Defensa del Consumidor. Es decir, revirtieron el punto central de los acuerdos. Sin embargo, esas medidas no se pudieron aplicar hasta ahora porque los bancos apelaron. Lo más curioso, sin embargo, fue que Adecua se sumó a las apelaciones, trabando una vez más las indemnizaciones a los usuarios.