La estrategia oficial de no negociar con los fondos buitre por fuera de los canales judiciales vigentes se mantiene, pese a los intentos de acercamiento por otras vías que pretendan algunos demandantes. Fuentes oficiales admitieron ayer a este diario que uno de los demandantes con posición más dura en el litigio por los 1330 millones de dólares en títulos en cesación de pagos, el fondo Elliot Management, hizo llegar a través de uno de sus representantes su voluntad de aceptar una quita, pero menor a la que obtuvo el resto de los acreedores. El Gobierno dejó en claro que la única oferta que estará disponible es la que surja a partir de la reapertura del canje, una vez que el Congreso la apruebe, con las mismas condiciones establecidas en 2010.

Frente al fallo adverso recibido el viernes último de parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes pasado la reapertura del canje y modificar el lugar de pago de los bonos con legislación extranjera para evitar posibles embargos. El miércoles, los fondos buitre solicitaron una audiencia para el día siguiente ante el juez Thomas Griesa para analizar si el cambio de jurisdicción propuesto no contradice el fallo de primera instancia que impide modificar las condiciones de pago de los títulos argentinos.

Horas antes de que se llevase a cabo la audiencia, de la que también participaría el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al país, los buitres solicitaron posponerla. No fundamentaron esa decisión. Desde Economía advirtieron que no había sustancia suficiente para una audiencia, ya que el potencial cambio de jurisdicción no se había formalizado. La cancelación despertó rumores sobre una posible negociación paralela a ese proceso judicial, lo que fue descartado ante este diario por colaboradores del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quienes además se mostraron sorprendidos por la dinámica del pedido y posterior cancelación de la audiencia.

La especulación surge a partir del acercamiento informal que pretendió el fondo Elliot, por intermedio de su manager, Jay Newman, pese a contar con una sentencia firme de segunda instancia a favor. El representante hizo llegar al equipo económico la intención del fondo especulativo de aceptar una quita, aunque menor al recorte que sufrió el 93 por ciento de los bonistas que ingresó al canje. “Argentina ya movió sus fichas y realizó una demostración de buena voluntad y de cuidado para con ese 93 por ciento. Ratificamos tratamiento igualitario”, fue la respuesta de Economía.

Para garantizar este tratamiento equitativo con el 93 por ciento de los acreedores que reestructuraron su deuda, los términos y condiciones financieras no podrán ser mejores que las ofrecidas a los acreedores en la reestructuración de 2010. Esa condición inhabilita una negociación bilateral sin riesgo de hacer fracasar el canje, debido a que los bonistas que ingresaron podrían litigar por la diferencia. Esa clausura rige hasta diciembre de 2014, luego de la cual podría ofrecerse un acuerdo distinto a los fondos buitre, aunque el Gobierno niega que vaya a hacerlo.

La reestructuración del canje, más allá del gesto simbólico dirigido a la Corte Suprema de Estados Unidos –quien debe definir si toma el caso–, podría sumar entre 3 y 4 por ciento adicional de bonistas, sobre unos 11.200 millones de dólares que se mantienen fuera. Esto permitiría aislar el “núcleo duro”, compuesto por fondos buitre y bonistas italianos que cuentan con sentencia ganada ante Ciadi, para una negociación bilateral con la mirada puesta en el 1º de enero de 2015. El nuevo canje obligará a quienes participen a renunciar a todas las acciones judiciales iniciadas contra el país y desestimar futuros litigios.

Argentina recién podría presentar su apelación ante la Corte Suprema estadounidense a fines de noviembre, luego de solicitar una revisión del último fallo ante la Cámara y al plenario de los trece jueces que la componen. Si la Corte rechaza analizar el caso se podría conocer su decisión durante el primer trimestre de 2014, mientras que si lo acepta la definición se demoraría hasta mediados de 2015, cuando vence la cláusula que impide mejorar la oferta. No obstante, los especialistas consideran que las posibilidades de que la Corte tome el caso son bajas de acuerdo a la jurisprudencia existente.