Desde Londres

La alta corte de Londres extendió la autorización para que el gobierno británico continúe investigando el material requisado al brasileño David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, el periodista del The Guardian que reveló la mayoría de los archivos secretos en poder del ex espía estadounidense Edward Snowden. La corte, que hace diez días había autorizado la retención del material confiscado a Miranda por razones de “seguridad nacional”, amplió este permiso a la investigación de posibles delitos criminales terroristas y violaciones de la ley de secretos oficiales.

El fallo representa una derrota parcial para la defensa de Miranda, que solicitó una revisión judicial por su detención el pasado 18 de agosto en el aeropuerto de Heathrow, donde luego de nueve horas de interrogatorio –máximo permitido por la ley– le confiscaron la laptop, el celular, DVD y las memorias USB. Según el vicedirector de Seguridad Nacional británico a la corte, Oliver Robbins, uno de los archivos que llevaba Miranda tenía unos 58 mil documentos de inteligencia “altamente clasificados”.

Robbins insistió en que el material permitía la identificación de agentes británicos. “Esto presupone un riesgo para los oficiales de inteligencia y sus familias y permite que sean objeto de intentos de reclutamiento por parte de otros servicios de inteligencia o terroristas”, indicó Robbins, con lenguaje digno de una novela de John Le Carre.

Dos días después de su detención en Heathrow, el 20 de agosto, Miranda había hecho una solicitud urgente para impedir que se revisaran los documentos confiscados, señalando que el gobierno no podía aplicar la ley antiterrorista para un material de investigación periodística. Según la defensa de Miranda, la actual decisión de la corte no fue un revés para su cliente, ya que no altera la revisión judicial solicitada para su detención, mecanismo legal británico usado para casos de posible abuso de poder de las autoridades. “Miranda se ha comportado de manera pragmática respecto de la inspección de su material y ante las opciones que tenía la corte en esta etapa inicial frente a los dramáticos argumentos del gobierno. De modo que acordó que continuase la situación hasta que se pueda demostrar en una audiencia plena que la acción del gobierno es ilegal. Esta audiencia debería tener lugar en octubre”, señaló su abogada Gwendolen Morgan.

En la audiencia de ayer, el sindicato de periodistas británicos NUJ, que representa a unos 30 mil miembros, expresó su preocupación por la detención de Miranda y la falta de protección de fuentes periodísticas y material confidencial: “El NUJ está preocupado porque considera que el apartado 7 de la ley de antiterrorismo de 2000 no es compatible con el artículo 10 de la Convención Europea de DD.HH. Si las autoridades van a hacerse del material periodístico, es muy improbable que se examinen temas de legítimo interés público”, señaló.

El arresto de Miranda y la presión del gobierno para que The Guardian entregara o destruyera los discos duros que le había entregado Edward Snowden fueron ampliamente condenados. La semana pasada, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, y el secretario general del Consejo de Europa, a cargo de la supervisión de DD.HH., Thorbjon Jagland, advirtieron al gobierno británico sobre el “efecto nefasto que podrían tener sobre la libertad de expresión”. Por su parte, la Asociación Mundial de Periódicos y el Foro Mundial de Editores que representan a 18 mil publicaciones, 15 mil webs y más de 3 mil compañías en 120 países escribieron una carta pública al primer ministro David Cameron condenando su amenaza de demandar legalmente al The Guardian si no entregaba los discos duros en su poder.