Lunes, 7 de octubre de 2013 | Hoy
ECONOMíA › LA CORTE DE EE.UU. PODRíA DEFINIR SI TOMA EL CASO DE LA DEUDA ARGENTINA
El máximo tribunal suele tomar en todo el año unos 80 casos sobre casi diez mil que recibe. En este caso, podría demorar la decisión pidiendo la opinión del gobierno de Obama o aguardando a que se resuelvan apelaciones de segunda instancia.
La Corte Suprema de Estados Unidos podría definir hoy si acepta la apelación argentina en el litigio contra los fondos buitre. El tribunal difundió el martes pasado una lista con ocho casos que tratará en los próximos meses, entre los cuales no figura el argentino. Esto no implicó un rechazo de la Corte a esa apelación –informaron la denegación de un solo proceso–, ya que podrían solicitar la opinión del gobierno estadounidense o aguardar hasta que finalicen las apelaciones en el tribunal de segunda instancia.
La representación legal del país en Estados Unidos presentó el 23 de junio último un recurso de apelación ante la Corte Suprema rechazando el primer fallo de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre de 2012, que ratificó el embargo de Griesa sobre los pagos que Argentina realiza a los bonistas que entraron al canje a través del Bank of New York. Este recurso fue anterior al último fallo de la misma Cámara de Apelaciones, del 23 de agosto pasado, donde resolvió la legalidad del reclamo de los fondos buitre por el ciento por ciento del valor de sus bonos en default.
La decisión de la Corte Suprema de considerar el caso argentino está referida a la apelación del 23 de junio, para decidir si acepta o rechaza ese recurso. Si lo acepta, tomaría el caso y, por lo tanto, le correspondería decidir si es legítimo el reclamo de los fondos buitre o si, por el contrario, es válida la argumentación argentina que, por igualdad de derechos con la mayoría de acreedores que aceptaron el canje (93 por ciento hasta el momento), correspondería que los buitres recibieran igual tratamiento, en quita y plazos de pago. También está la opción de que lo rechace o que pida otras opiniones.
Los abogados argentinos remarcan que la decisión de la Corte no modifica la vigencia del no innovar (stay) que le permite a la Argentina no tener que cumplir con la sentencia de Griesa. Esto es porque ese stay es parte de la orden que la Cámara dictó el pasado 23 de agosto, y no el 26 de octubre de 2012. Por lo tanto, se mantendrá vigente hasta que Argentina complete todas las instancias de apelación correspondientes a esa segunda resolución. Entre los pasos se incluye el pedido de revisión del plenario (en banc) y si la Cámara decidiera rechazarlo, medida que se conocerá este mes, Argentina tiene 90 días más para presentar un pedido de certioraris a la Corte Suprema vinculado ya con esta segunda causa del 23 de agosto y no con la del 26 de octubre de 2012, que el máximo tribunal está analizando ahora. Es decir, Argentina tiene al menos hasta enero para presentarse a la Corte y desde ese momento corren tiempos para realizar presentaciones y respuestas de los demandantes. De todas maneras, la decisión que tome la Corte Suprema ahora es relevante porque empezará a dar algunos indicios sobre su posición frente a esta disputa.
El máximo tribunal estadounidense suele tomar en todo el año unos 80 casos sobre casi diez mil que recibe. Sobre la base de la práctica habitual en el máximo tribunal estadounidense, la falta de definición durante la jornada de ayer puede derivar en una decisión de no escuchar el caso, en darlo a conocer como incluido al emitir una nueva lista el próximo lunes o en una consulta al Poder Ejecutivo norteamericano. Si ocurriera esto último, la administración Obama debería determinar si el caso merece la atención del tribunal. También existe la posibilidad de que la Corte emita un memo o declaración en la que defina esperar a que la Cámara de Apelaciones decida sobre el pedido del país.
La disputa que se está saldando en los tribunales de Nueva York es la que iniciaron los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel. Ellos reclaman unos 1330 millones de dólares, pero el problema no es sólo el monto. Si la Argentina les paga a esos acreedores el ciento por ciento de lo reclamado, todos los que ingresaron al canje estarán en condiciones de reclamar lo mismo.
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