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Producción: Tomás Lukin

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Condicionar el apoyo

Por Ricardo Aronskind *

La coyuntura económica actual argentina expresa con claridad los problemas no resueltos en la estructura productiva del país y del Estado. Así, en los ruidos cotidianos vinculados al “dólar”, vemos la sombra del grave déficit energético dejado por Repsol, las dificultades de la industria argentina para realizar una más profunda sustitución de importaciones y las maniobras especulativas de la comercialización agropecuaria, además de una demanda “anormal” de esa divisa. En las presiones inflacionarias, además de una cultura social muy compleja, se reflejan las dificultades del Estado nacional para disciplinar a sectores con aspiraciones de ganancias incompatibles con la estabilidad. En las dificultades en los sectores de transporte y energía se evidencian las falencias de las privatizaciones y el rentismo de empresarios locales y extranjeros. De la misma forma, el ralentizamiento de la tasa de crecimiento económico permite ver la aún insuficiente tasa de inversión productiva. Y en relación directa con ésta, el inadecuado uso del excedente económico.

Existe un amplio margen de acción si se desea poner bajo control algunas amenazas coyunturales, y encaminar la economía hacia el desarrollo. En el terreno del sector externo, junto con una decidida política de ampliación productiva energética, hay que apuntar hacia un consumo más eficiente y austero en familias y empresas. Al mismo tiempo, continuar un intenso y sostenido esfuerzo de reducción del déficit comercial industrial, que no descanse sólo en trabas al comercio, sino en logros duraderos en materia de eficiencia e integración. En materia de comercialización de la producción agraria, y de otros bienes primarios, el Estado debería reforzar sus mecanismos de fiscalización y control, ya que hay fundadas sospechas de maniobras ilegales.

La correcta política de administración cambiaria debe ser perfeccionada, eliminando las inconsistencias, como la política liberal en materia turística: ¿no se trata de establecer prioridades para proteger la estabilidad macroeconómica y las reservas? No habría que temer a la opinión pública: a veces ha sido la falta de una adecuada explicación y buena comunicación política lo que ha creado mayor malestar que las medidas racionales que se implementaron, como en el caso de la resolución 125 o la actual administración cambiaria.

En una cultura como la local, con características especulativas y cortoplacistas, la inflación tiene un componente “objetivo” y otro “social” vinculado a comportamientos oportunistas y abusivos de los formadores de precios. Se puede lograr establecer mecanismos que separen ambos componentes, usando la amplia información disponible sobre las cadenas de valor, y aplicar la legislación vigente de defensa de la competencia y contra los abusos de mercado, además de apelar a la acción de los consumidores. Se ha realizado durante una década una política de protección de la industria nacional. Sin embargo, parte de los beneficiados muestran comportamientos rentísticos e inflacionarios, en vez de promover la expansión del mercado interno manteniendo precios moderados. ¿Es necesario que estos actores continúen recibiendo apoyos y estímulos del Estado nacional, dada su baja calidad empresaria? Se requiere una política de seguimiento, análisis y acción clara sobre estos sectores. No parece ser un buen mensaje la incondicionalidad de la protección estatal. Su continuidad debe estar sujeta a resultados verificables. En el caso del transporte y la energía, se ha ido haciendo evidente la necesidad de retomar por parte del Estado la producción y prestación de estos servicios, ya que es el único actor dispuesto a invertir en serio. Además, crea una oportunidad notable para enlazar estas actividades con el desarrollo de otras industrias y conocimientos locales.

El punto de la inversión productiva es central. Su insuficiencia para acelerar el paso al desarrollo es un problema crónico en la Argentina, y no puede ser justificado ni por la carencia de recursos (el excedente económico es muy grande en el país), ni porque el gobierno de turno no da confianza a los inversores (es un argumento que no resiste la verificación histórica).

Direccionar el excedente económico hacia la producción parece una cuestión central para el mediano y largo plazo. El sector público puede orientar con mayor precisión su propio gasto público hacia actividades fuertemente reproductivas. Y vincular el perfil de sus fuentes de financiamiento para incidir en el comportamiento de los actores privados, con mecanismos que estimulen la inversión y castiguen el despilfarro del excedente.

El salto hacia un país mejor requiere en forma indispensable un Estado más inteligente, más estructurado, cuyas dependencias se articulen en pos de metas estratégicas nacionales. No puede haber una gestión eficiente, sin planes que expresen esos grandes objetivos, y generen los instrumentos públicos para concretarlos efectivamente. Pero en el comienzo de todo está la voluntad política.

* UNGS-UBA.

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El Estado debe protagonizar

Por Norberto E. Crovetto * y Guillermo Hang **

Desde la década del ’80, comenzó a gestarse un cambio de paradigma consistente en la desaglomeración de la producción, en especial industrial, donde las distintas actividades y tareas necesarias para componer un producto son fragmentadas, dejando de ser necesario realizarlas dentro de un territorio nacional. La producción de bienes se internacionaliza o, en el mejor de los casos, se hace dentro de amplias regiones, como el Sudeste asiático. Este nuevo paradigma, visto desde los países de herencia colonial con cierto desarrollo industrial en los ’50 y ’60, tiene cuatro consecuencias.

En primer lugar, la fragmentación es jerárquica. Las distintas actividades no tienen todas la misma importancia. La innovación, la generación de nuevos productos y el diseño generalmente están concentrados en pocas empresas oligopólicas, y sus headquarters están ubicados en el núcleo de los países centrales, un proceso de concentración que se acentuó en la última crisis.

En segundo lugar, el sector servicios se expande como consecuencia de la externalización de las actividades antes realizadas en el interior de las fábricas. La unidad productiva hoy tiene una relación de “equipo” por trabajador mayor que antes. A la par de generarse una ilusión estadística de reducción del empleo y peso de la industria, presiona a la baja de los salarios entre los distintos países. Aquellos países que cuentan en el siglo XXI con importantes porciones de su población en actividades de subsistencia tienen una ventaja relativa sobre aquellos que han participado de una industrialización del viejo cuño y sólo cuentan con sectores marginales. China es el mejor ejemplo, recién en esta década su población urbana ha superado a la rural.

En tercer lugar, el nuevo paradigma sostuvo tasas de rentabilidad distintas entre los distintos sectores, característica del capitalismo y que los modelos habituales en economía soslayan con el supuesto de tasa de rentabilidad uniforme para toda la economía. La dinámica de las tasas de rentabilidad muta entre los sectores de menor innovación a los de mayor innovación. La existencia de este diferencial entre las tasas de rentabilidad asegura una reproducción del sistema en la dirección del crecimiento de la productividad.

En cuarto lugar, los cambios fueron el pie de apoyo necesario para la globalización financiera y elemento complementario a la expansión de la oferta de dólares. La concentración del núcleo de las cadenas de valor en los países centrales desajustó la correspondencia que debe haber entre la masa de ganancias y la inversión en expansión de la capacidad física de producción. El excedente ha sido la base de la expansión del mercado financiero hoy en proceso de reestructuración.

Esas cuatro consecuencias centrales deben ser reconocidas para diseñar una política industrial nacional. Aldo Ferrer, en una vuelta de tuerca al concepto de sustitución de importaciones, sostiene que hay que sustituir hacia el futuro frente a la “sustitución del pasado” planteada en los años ’50. Las condiciones no pueden quedarse en la asignación de recursos en base a las señales actuales del mercado, pues difieren de las del futuro. Las tasas de rentabilidad actuales no son las del futuro. La direccionalidad de la industrialización se basa en la innovación y los adelantos tecnológicos en productividad. De modo que para alcanzar grados crecientes de industrialización es cada vez más significativa la relación creciente y balanceada de sustituir importaciones exportando industria. Todo producto industrial está compuesto de numerosas partes con distinto grado de constitución tecnológica. Sin considerar el núcleo que se reservan las empresas dominantes, hay partes con contenido tecnológico avanzado y las hay que utilizan tecnologías comunes y cuya existencia es difundida fácilmente. Las primeras requieren de una constelación de recursos entre capacidad de la mano de obra, dotación de capital físico y tecnología, es decir de una historia industrial, que sea capaz de sostenerla. La segunda requiere trabajadores con escasa calificación y salarios bajos. En el primer caso, más cercano a nuestro país, la competencia por salarios es relativa, importa la productividad y la calidad.

En una estructura productiva desequilibrada las tasas de rentabilidad, que son las que históricamente nos situaron como un país proveedor de commodities y de bajo valor agregado, nos conducen a una industria subsidiada sin solución de continuidad para dar trabajo a una población que no puede emplearse sólo con el campo. El Estado debe asumir la conducción del camino hacia un proyecto industrial para el futuro, fijando los incentivos y tomando un “seguro” por los riesgos que todo futuro conlleva.

* Profesor de Crecimiento Económico FCE, UBA.

** Economista UNLP.