El Consejo de Administración de Repsol se prepara para dar hoy el visto bueno al principio de acuerdo con el gobierno argentino por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario en YPF. La decisión de la petrolera concluirá una extensa disputa legal, económica, política y hasta diplomática. La decisión fue celebrada por las autoridades ibéricas, mexicanas y argentinas. Tampoco se privaron de aprovechar la ocasión para hacer un buen negocio los mercados locales e internacionales, donde las acciones de YPF y Repsol registraron fuertes subas. Desde Madrid dejaron trascender que los directores de la empresa, incluido el presidente Antonio Brufau, no presentarían reparos al acuerdo durante la votación que tendrá lugar al mediodía en la capital española. El ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró que las condiciones de la oferta serán confidenciales hasta que se apruebe la salida al conflicto. Sólo trascendió que las partes se comprometen a levantar las acciones legales en curso y que la compensación será abonada en “activos líquidos”. Dinero en efectivo o títulos públicos cumplen con esa característica, pero lo más probable es que sea en bonos. La especulación es que se tratará de un monto equivalente a 5000 mil millones de dólares a valor de mercado. Más allá del monto definitivo que se conocerá en las próximas horas, los bonos que deberá emitir el país serán por una cifra superior para garantizar que al momento de venderlos Repsol alcance una compensación por el monto acordado.

La petrolera española reclama en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, 10.500 millones de dólares y registra su participación en YPF en sus balances por un valor de 9300 millones de dólares. Después de un largo proceso de negociaciones, de presiones cruzadas dentro mismo de Repsol –entre sus directivos y por parte de Pemex, que quiere entrar en Vaca Muerta, pero no puede hacerlo mientras siga abierto el conflicto por la expropiación de YPF–, la empresa española accedió a bajarse de aquel monto. “El preacuerdo es el resultado de nueve meses de conversaciones y charlas informales entre distintos sectores”, afirmó ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof.

La Ley de Soberanía Hidrocarburífera que permitió la recuperación del control de YPF estipulaba una compensación para Repsol. El procedimiento legal está sometido a la ley de expropiaciones: el Tribunal de Tasaciones debe determinar el precio de los bienes en un plazo de dos años, el pago se hace en efectivo y, si el expropiado no está conforme, puede reclamar en la Justicia. El organismo fijó un peso por Aerolíneas Argentinas. La evaluación del comportamiento predatorio de la administración española sobre los activos de YPF hacía prever que el Gobierno exhibiría una durísima posición contra la petrolera ibérica. “Pagaremos una compensación porque es lo que dicta la ley. Estamos muy decididos a aplicar la ley del Congreso, compensar de manera justa y razonable a aquellos que perdieron el control de la compañía y del paquete accionario”, explicó ayer el ministro de Economía.

No terminar el proceso de expropiación limitaría seriamente las capacidades de YPF para avanzar en la firma de acuerdos con otras petroleras, la búsqueda de financiamiento externo que ya comenzó la gestión de Miguel Galuccio y generaría malestar entre los diferentes socios. El mismo Kicillof experimentó en Aerolíneas Argentinas las dificultades adicionales que genera a una empresa no tener finalizado el proceso de expropiaciones. Países de la región como Venezuela y Ecuador que expropiaron empresas pagaron compensaciones. Pero pagarle a Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF no estaba contemplado en el presupuesto de este año y tampoco en el de 2014. Por eso, se necesitaría autorizar el gasto y la emisión de los bonos a través de una ley o DNU.

El preacuerdo alcanzado tiene como condición que el pago sea realizable de inmediato. Así, Argentina accedió a pagar en efectivo o en bonos, pero lo más probable es que sea en títulos públicos. En principio quedó descartada la entrega de activos en Vaca Muerta, algo que ya había sido rechazado por Repsol. El pago rondaría los 5000 millones de dólares. La cifra se basa en una propuesta anterior que no prosperó, pero no hay que descartar un monto mayor. Un elemento a tener en cuenta es que la emisión que hará el país será por una cifra mayor ya que los bonos en el mercado tienen un precio inferior a su valor nominal.

La especulación sobre qué bono (o bonos) se utilizaría llevó a diferentes analistas consultados por Página/12 a descartar papeles de corto plazo, como sucedió el mes pasado en el acuerdo con las cinco empresas que tenían sentencias definitivas en el Ciadi. A cambio de levantar las demandas, el Estado entregó dos bonos: el Boden 2015 y el Bonar X (con vencimiento en 2017) por 506 millones de dólares. Emitir entre 5000 y 6000 millones de dólares de esos títulos suma presión sobre los vencimientos de deuda en el corto plazo y también sobre los mercados de esos papeles. Otra posibilidad es el bono Global 17, que se entregó con el canje 2010. El título tiene legislación de Nueva York y rinde alrededor del 8,8 por ciento. Sus condiciones de emisión lo dejan sujeto a la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos bloquee los pagos en la disputa con los fondos buitre.

Existe la posibilidad de que la operación desde el lado de Repsol esté estructurada en dos partes y cuente con el visto bueno de uno o más bancos y fondos de inversión que le comprarían inmediatamente los bonos argentinos, permitiéndole hacerse del dinero casi sin “descuento”. En ese caso, el acuerdo podría contemplar bonos de más largo plazo con vencimiento en 2018 o 2019. Estrictamente esos activos no son líquidos, pero sí son deseados por la banca internacional y una ampliación de la emisión permitiría crear un mercado. Están emitidos bajo legislación argentina, pagan en dólares y rendirían, si existiera un mercado, alrededor de 10 por ciento, según estimó un banquero consultado por este diario. Para un título a cinco años es una rentabilidad más que atractiva si se tiene en cuenta que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años rinden 1,34 por ciento.