“Si un juez está siendo juzgado, es el que mayor obligación tiene de asumir ese juicio y explicar lo que pueda explicar, o de asumir lo que tenga que asumir si se demuestra, si se prueba, porque ésa es la gran diferencia (...) que a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todas las víctimas nadie las culpó, o fueron juzgados sumariamente sin garantías o fueron ejecutados o desaparecidos.” Lo dijo el jurista español Baltasar Garzón en un acto en Mar del Plata, en alusión directa al juez de esa ciudad Pedro Hooft. Casualmente, Hooft acaba de lograr la quinta postergación de su llamado a indagatoria en la causa en la que se lo investiga por su actuación durante de la última dictadura, en 17 casos de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad en el contexto de la llamada Noche de las Corbatas, como se conoció al secuestro de un grupo de abogados.

Garzón no hablaba en el aire, sino que estableció una comparación con su caso personal, ya que fue juzgado y absuelto por investigar los crímenes del franquismo y condenado por intervenciones telefónicas. “Con todo respeto a la presunción de inocencia del juez Hooft –acotó el español–, lo dice quien ya ha sido investigado y juzgado. Puedo no estar de acuerdo, y no lo estoy, con aquellos que me juzgaron, pero asumí esa investigación y creo que es lo que las víctimas se merecen.” Apenas mencionó en forma crítica el apellido del juez marplatense, Garzón fue ovacionado. “Lo que ahora se pide es que con todas las garantías y con un proceso justo, se someta a la acción de la Justicia a aquéllos que desconocieron esa misma Justicia y aquéllos que quebrantaran el sagrado deber de la defensa de los derechos de los ciudadanos”, dijo en el Instituto Unzué, el mes pasado.

Hooft ya había recibido una advertencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, que le recomendó “prudencia en este tipo de planteos, que conllevan un retraso tácito para la continuidad del proceso penal”. Sin embargo, reiteró su estrategia de recusar al juez Martín Bava y seguir dilatando el expediente que tramita desde el 6 de mayo de 2006, por una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos. Dos veces, entre otros tantos artilugios, Hooft recusó a Bava por “temor de parcialidad”, y la Cámara lo rechazó y le ordenó seguir adelante. Esta vez el juez imputado (suspendido en sus funciones a la espera del juicio político) argumentó que Bava ya intervino como cuarto juez (suplente) en un juicio que abarcaba hechos por los que es investigado.

Aquel juicio terminó en junio de 2010, pese a lo cual Hooft recién hizo el planteo ahora. La excusa fue el testimonio de un conjuez de ese caso, Juan Carlos París, quien declaró a pedido del propio juez imputado. En aquel proceso fue condenado a prisión perpetua el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, juzgado, entre otros casos, por los homicidios de Roberto Centeno y Jorge Candeloro, secuestrados y asesinados en la Noche de las Corbatas, suceso con el que se vinculó a Hooft. Ahora otra vez tiene que destrabar el caso la Cámara Federal marplatense. La indagatoria debió haber sido la semana pasada.

Algunas de las imputaciones contra Hooft que formuló la fiscalía señalan que rechazó los hábeas corpus de las víctimas de la Noche de las Corbatas y que en dos casos puntuales lo hizo cuando aún las autoridades de la subzona 15 no habían dado respuesta al juzgado sobre si estaban detenidas en alguna dependencia militar. Omitió medidas posibles de investigación y envió las causas a la subzona militar, la misma donde los habían secuestrado. Inclusive, el envío fue cuando los abogados estaban todavía con vida en el centro clandestino La Cueva. Los expedientes, a su vez, desaparecieron, igual que documentación y fichas dactiloscópicas.

Pese a la gravedad de los delitos, el juez Bava no considera que deba llevarlo a declarar por la fuerza pública. La medida más grave adoptada hasta el momento se originó en la Cámara de Casación Penal, que le prohibió salir del país.