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El gobierno nacional dejó trascender en los últimos días que dispone de diversas herramientas contempladas en la legislación para sancionar a las empresas que especulen con los precios de los productos de consumo masivo, así como con las compañías que vulneren el acuerdo de Precios Cuidados, aprovechando la reciente devaluación del peso.

Las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial son dos de las normativas que establecen multas por incumplimiento a las firmas que se hayan comprometido a sostener precio y abastecimiento por el período trimestral correspondiente al acuerdo de precios. A su vez, independientemente de la participación en Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio se vería obligada al endurecimiento de la aplicación de estas normas si las empresas no cumplen con regulaciones relacionadas con tipificaciones de los productos o sus envases, exhibición de precios e información al consumidor que estipula la Ley de Lealtad Comercial. Lo mismo ocurriría si se registrara la falta de mantenimiento de ofertas informadas, publicidad engañosa, o trato injusto e inequitativo al consumidor, tal cual lo establece la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otra parte, la Ley de Abastecimiento habilita al Estado a aplicar sanciones si se “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos u obtuvieren ganancias abusivas”. La aplicación de estas leyes, junto con las inspecciones y fiscalizaciones rutinarias de la AFIP (respecto de temas impositivos), de la Anmat (en lo que se refiere a la sanidad en alimentos y medicamentos) y de la propia Secretaría de Comercio (a fin de verificar la facturación histórica o el cumplimiento de leyes como las de Metrología Legal), configura un menú de herramientas para el control estatal del acuerdo de precios al consumidor.

Al mismo tiempo, la apertura de importaciones en sectores que aumenten los precios desproporcionadamente (alimentos, vestimenta, juguetes, electrodomésticos), combinada con el cierre de importaciones a insumos y partes, y las trabas selectivas a las exportaciones (por ejemplo, en leche, carne, azúcar y granos), son otras medidas de gestión que podrían castigar a los especuladores, impidiéndoles realizar ventas al exterior a las empresas que no cumplen con metas de precios.

Otra opción en respuesta a comportamientos especulativos podría ser el retiro de las diferentes líneas de subsidios y financiamiento del Estado nacional al sector privado, si se verificara un incumplimiento masivo del acuerdo de precios. El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró ayer a Página/12 que “los precios no se van a modificar de ninguna manera” y que el gobierno nacional va a “exigir que nadie le mienta ni le robe a la gente porque la mayoría de los precios en la Argentina no dependen de la cotización del dólar”. Según detalló, el Producto Bruto Interno está cerca de los 500 mil millones de dólares y las importaciones son 75 mil millones, de los cuales los insumos que están directamente en dólares son muchos menos. “Con esto quiero decir que el efecto de un cambio del valor de la divisa sobre los bienes producidos en el país no es ciento por ciento. Nadie puede esperar que un cambio en el valor de la divisa impacte linealmente en los precios internos”, agregó. Luego sostuvo que se analizará la situación sector por sector y se autorizarán aumentos sólo cuando el impacto de la devaluación esté debidamente demostrado por el empresario.