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El Coeficiente de Variación Salarial, el instrumento de ajuste utilizado para proteger de la inflación a los sectores de la población endeudados después de la devaluación y la pesificación, dejará de existir a partir del 30 de marzo próximo. Luego de esa fecha, los créditos volverán a las tasas de interés originalmente pactadas, aunque podría establecerse un tope. La medida quedó condicionada a la aprobación legislativa de la ley de compensación a los bancos. En total, la transferencia de recursos del conjunto de la sociedad a una porción de la población, con la intermediación de los bancos, habrá costado para octubre de 2004 un piso de 2300 millones de pesos.
El anuncio fue realizado ayer en el Congreso por el ministro Roberto Lavagna ante un grupo de legisladores oficialistas, en el contexto del impulso del Poder Ejecutivo a un paquete de leyes económicas (ver aparte). José María Díaz Bancalari, presidente del bloque del PJ en la Cámara baja, fue el encargado de dar la noticia tras la reunión que diputados de su partido mantuvieron con el ministro durante más de dos horas.
El CVS comenzó a ser aplicado tras la devaluación a los créditos personales de más de 12 mil pesos, prendarios de hasta 30 mil e hipotecarios para vivienda única de hasta 250 mil pesos (originalmente dólares). Aunque en principio pareció justo que los sectores más vulnerables de la población no queden expuestos a los efectos de una devaluación descontrolada, lo que para muchos hubiese significado la pérdida de sus activos –dado que con salarios congelados en pesos hubiese resultado muy difícil hacer frente al impacto provocado por la variación cambiaria sobre las cuotas– la medida dio lugar también a algunas injusticias.
Si se tiene en cuenta que estos créditos fueron tomados en dólares y pesificados 1 a 1, y que las propiedades ajustaron sus valores en pesos con un multiplicador promedio de 2,5, se tiene que quien tomó un préstamo por 200 mil dólares luego pesificados y con ajuste mínimo vía CVS, se encuentra hoy devolviendo 200 mil pesos por una propiedad cotizada en 500 mil. Los bancos no pierden esta diferencia ya que la reciben del Estado vía compensaciones. En otras palabras, el propietario de la vivienda única de 500 mil pesos recibió un subsidio por cerca del 60 por ciento de su valor. Este desfasaje, inherente a la pesificación, no será alterado por la eliminación del CER.
Con el ajuste del salario mínimo y la incorporación de los 200 pesos “no remunerativos” al salario, el coeficiente habría ajustado los capitales adeudados en alrededor del 15 por ciento, algo que ahora, si el Congreso aprueba las ley de compensación a las entidades financieras, no sucederá. Fue precisamente el efecto que este aumento tendría sobre los sectores de menores recursos la razón que impulsó la decisión política de eliminar el coeficiente. También de que se negocie políticamente en el contexto de la aprobación de las compensaciones.
Los créditos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), en tanto, no sufrirán ninguna alteración. Según explicó Lavagna a los legisladores, podría producirse la paradoja de que sean los bancos los que deban compensar al Estado por la diferencia de tasas. Esta inversión del clásico rol del Estado se produciría si la disminución de la inflación prevista para el 2004 fuese tal que el 2 por ciento más el CER redunden en una tasa total inferior al 13 por ciento promedio que tenían, por ejemplo, los créditos hipotecarios. En pleno entusiasmo de proyecciones optimistas, Lavagna consideró que el punto de equilibrio de igualación de tasas y, por lo tanto, de compensación cero, se produciría entre agosto y octubre de 2004. Si la inflación siguiese bajando, y por lo tanto también el CER, la paradoja comenzaría a cumplirse, la tasa original superaría a la del CER más 2 por ciento y el exceso pagado por los deudores sería recaudado por el Estado.