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Empezó como un proyecto para facilitar la regularización fiscal de las pequeñas empresas, sobre todo en castigadas economías regionales. Pero, a medida que se sucedían los borradores, la iniciativa empezó a parecerse a una lisa y llana moratoria impositiva. Si en un principio se acordó que sólo ampararía a contribuyentes cuya deuda no superara el millón de pesos, lo que ya implicaba un tope bastante elevado, de la versión actual del proyecto que se maneja en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados desapareció el máximo. Paralelamente, el paquete antievasión, llegado desde el Poder Ejecutivo, avanza a tranco cansino, habiéndose sólo convocado para que opinaran a las entidades de contadores y tributaristas, en general adversas a aspectos clave del proyecto oficial, como la introducción de la figura de asociación ilícita, metiendo en ella a los asesores jurídicos y contables de sociedades que evaden. No fue escuchado ningún experto independiente, y ni siquiera se requirió a los asesores del Gobierno en la materia.
Quien tuvo ocasión de explayarse, y lo hizo en defensa de las cerealeras, acusadas por la AFIP de triangular exportaciones para evadir impuestos, fue el diputado justicialista Diego Santilli, quien es a la vez vocal de directorio en el Banco Ciudad y busca su reválida parlamentaria en la lista de Mauricio Macri, tras haber sido estrecho colaborador de Hugo Franco en Migraciones y de Carlos Ruckauf en la gobernación bonaerense. Guillermo Alchouron, ex presidente de la Sociedad Rural y hoy diputado por el cavallismo, aunque ahora adscribe a Ricardo López Murphy, salió en respaldo de Santilli tras tomarse la molestia de asistir al encuentro de la comisión, alterando su hábito de no aportar.
El proyecto que realmente avanza es el de la moratoria, a pesar de las fracasadas experiencias del pasado: los anotados pagan una o dos cuotas y después dejan de hacerlo, pero el solo acogimiento les permite regularizar su situación y zafar. Según se aduce en medios próximos a la comisión, la iniciativa contaría con el guiño de Alberto Abad, responsable de la AFIP. La dificultad radica en que es imprescindible aprobarla por ley, dado que el Poder Ejecutivo, según un acuerdo alcanzado por José Luis Machinea con el Fondo Monetario y luego plasmado en una norma legal, se inhibió de establecer moratorias por decreto. Es conocida la antipatía que el FMI siente por toda clase de perdones fiscales, y una misión específica del organismo, que se ocupó de cuestiones de administración tributaria, elaboró un documento que expresa ese rechazo.
Lo que sí rige, como mecanismo permanente, es el RAF (Régimen de Asistencia Financiera), que permite solicitar a Impositiva un plan de facilidades de pago de hasta doce cuotas, cargado con un interés del 3 por ciento mensual, igual al resarcitorio que se paga por cualquier atraso. La moratoria, en cambio, permitiría saldar la deuda en 120 meses, y al menos una versión fija como cuota tope un monto que equivalga al 2 por ciento de la facturación bruta del moroso, con lo que las mensualidades serían variables. El solicitante no debería tener abierta una causa penal, pero ya no está claro si la evasión agravada sería un impedimento, ya que esa calificación corresponde a las deudas que superan el millón de pesos. La tasa a aplicar sería la activa del Banco Nación.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital se expidió en durísimos términos contra el paquete antievasión, señalando que “lo arbitrario será cosa común y volverán los viejos principios absolutistas de la fiscalización tributaria... Se captarán situaciones tributarias por vías no permitidas y no interesará el debilitamiento del derecho penal moderno... De ser aprobado, este proyecto de reforma vulnerará los verdaderos derechos humanos de los administrados...”. El hostil pronunciamiento se basa en un escrito de Vicente Oscar Díaz, quien fue asesor de la UCeDé y litiga frecuentemente contra el Estado. El Colegio de Graduados, manejado por radicales, optó por una crítica mucho más blanda.