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Producción: Tomás Lukin

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Políticas contracíclicas

Por Pablo Mareso *

Como respuesta al shock externo causado por la crisis en los países centrales, durante 2009 la mayoría de los gobiernos sudamericanos incrementó sensiblemente sus gastos primarios. Esa decisión les permitió recuperar rápidamente el ritmo de crecimiento previo. En efecto, a pesar de que también influyeron otros factores exógenos, estas políticas fueron determinantes para que la tasa de crecimiento del PIB evolucionara en forma de V y no de U. La excepción a esta regla parece haber sido Venezuela, en donde la evolución del gasto fue procíclica durante la crisis y la recuperación más lenta.

Este margen de maniobra inédito en relación con lo observado en crisis anteriores debería dar cuenta de una situación también atípica en la macroeconomía de los países de la región. Algunos economistas han interpretado que la mejora en los indicadores fiscales y cierto manejo prudencial del gasto durante la etapa de bonanza serían los factores relevantes a la hora de interpretar las causas que permitieron adoptar estas políticas. De aquí se desprende que la implementación de reglas fiscales que vinculen el resultado primario del gobierno con la evolución del ciclo económico podría resultar en instrumentos eficaces para enfrentar contingencias de este tipo.

Sin embargo esta interpretación presenta algunos problemas. En primer lugar, porque la supuesta adopción de políticas fiscales contracíclicas en la etapa de expansión 2003-2008 no parece haber sido una práctica generalizada entre los países de la región. En segundo lugar, y más importante aún, porque soslaya el factor común que permite aglutinar la experiencia de todas estas economías, el cual tiene que ver con la decisión política de reducir los pasivos en moneda extranjera y acumular activos externos de libre disponibilidad (reservas), posibilitada por los altos precios de los principales productos de exportación y el elevado nivel de liquidez internacional. Contrariando a quienes postulaban la ineficiencia de estas políticas, la crisis volvió a demostrar que en un escenario de fuga hacia la calidad el “buen comportamiento fiscal” previo no garantiza en absoluto la obtención de financiamiento para los países que no emiten una moneda de reserva internacional.

Lo acontecido durante los últimos diez años invita a reflexionar acerca de las condiciones de factibilidad de los actuales procesos de crecimiento en la región, y en particular sobre la relación entre el gasto público y la sustentabilidad externa de los mismos. En este sentido, es importante destacar que el generalizado incremento de las erogaciones gubernamentales se transformó en una herramienta para potenciar el crecimiento de largo plazo, habida cuenta del efecto positivo del aumento del producto y de la inversión pública sobre la productividad. La mayoría de estos países incrementaron sus gastos primarios tanto en términos reales como en relación con el PIB durante la última década. El caso de Chile es la excepción más notable en este contexto, y posiblemente esto se relacione con su pobre desempeño relativo en los años 2000, después de haber presentado una tasa de crecimiento muy superior al promedio durante los años ’90.

Desde un punto de vista más general, las herramientas disponibles para hacer política económica deberían enfocarse en garantizar el espacio necesario en el sector externo que permita mantener un ritmo sostenido de crecimiento sin incurrir en situaciones de vulnerabilidad. Esto incluye, si se lo hace adecuadamente, la utilización de opciones vinculadas con la cuenta capital del balance de pagos. En los últimos años, el crecimiento acelerado ha impulsado un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones, provocando una tendencia a la reducción de los resultados de la cuenta corriente que han sido compensados con inversiones extranjeras directas y de cartera. Sin embargo, no se debe perder de vista que la posibilidad de mantener en el tiempo un rápido incremento del producto para los países de la región está inexorablemente ligada con la acción de un Estado que tenga por objetivo transformar una matriz productiva de inserción periférica en la economía mundial. De lo contrario, la actual coyuntura internacional derivará en mayor dependencia de los precios de unos pocos productos de exportación con escaso valor agregado y de las decisiones de los países centrales acerca del nivel adecuado de la tasa de interés internacional.

* Economista Cefidar.

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Expandir el empleo

Por Fernando Groisman *

Es indudable que el ritmo del crecimiento económico es el principal determinante de la intensidad con la que se van a generar puestos de trabajo. Análogamente, bajo contextos de expansión económica se favorece el incremento –absoluto y relativo– de los empleos de buena calidad. Es decir, aquellos con mayor estabilidad y con salarios que tiendan a garantizar el consumo adecuado de bienes y servicios para los trabajadores y sus familias. Asimismo, cuando se produce una desaceleración de la economía y/o asoma cierta incertidumbre acerca del devenir económico –como el que afecta a la región latinoamericana en estos momentos– surgen numerosos interrogantes acerca de cuáles son las medidas más efectivas para sostener los niveles de empleo y salarios y, además, cómo estimular la creación de nuevos puestos de trabajo con las características mencionadas.

La magnitud del problema puede apreciarse recurriendo a algunos datos elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En efecto, se ha estimado que será necesario crear al menos 43,5 millones de nuevos empleos en los próximos 10 años para asegurar que el desempleo se mantenga –y no aumente– en torno del 7 por ciento en América latina. Asimismo, para reducir en 5 puntos porcentuales la informalidad laboral –que en la actualidad es de algo más del 45 por ciento en la región– se ha calculado que 8 de cada 10 nuevos empleos que se creen deberían ser formales –registrados en los sistemas de seguridad social– y que la tasa de crecimiento económico se ubique en torno del 3,5 por ciento. Puesto en otros términos, de no cumplirse estas condiciones el desempleo y el empleo informal aumentarán y los salarios reales caerán.

Habiendo señalado esto, cabe destacar no obstante que existe un margen razonable de intervención por parte de los gobiernos para morigerar los efectos de un eventual menor dinamismo económico. Dentro de éste ocupan un lugar estratégico las políticas laborales y los esquemas de protección social. En este marco cabe llamar la atención sobre el proyecto de ley –actualmente en tratamiento parlamentario– que aspira a combatir la no registración laboral. La “Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral”, tal es su denominación, ha sido enviada por el Poder Ejecutivo Nacional y permite ubicar en el centro de la agenda social la problemática del empleo desprotegido. La experiencia argentina es abrumadora acerca de las negativas consecuencias sociales que conlleva el empleo precario: incertidumbre de ingresos, riesgo, inestabilidad, pobreza y de- sigualdad, entre otras.

El proyecto señala que “el trabajo no registrado e irregular afecta las condiciones de inclusión social y equidad en nuestra sociedad”. Agrega, además, que “los perjuicios por infringir la legislación laboral no son lo suficientemente significativos para desalentar e impedir el desarrollo de esas prácticas”. Ambas premisas plantean una interesante plataforma para avanzar en forma exitosa hacia la reducción de la precariedad laboral.

La iniciativa se estructura en cuatro ejes principales: la creación de un Registro Público de infractores a las normas laborales; la reducción de contribuciones patronales (mayor para las pequeñas empresas); el fortalecimiento de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, y por último la implementación de una Unidad de Investigación del Fraude Laboral. Todo ello en un contexto en el cual se manifiesta la voluntad de fortalecer la capacidad de inspección del Estado.

Probablemente la estrategia de incentivos a la registración laboral vía reducciones de las contribuciones a la seguridad social por parte de los empleadores es el aspecto que despierta algún grado de incertidumbre mayor acerca de su efectividad. No existe evidencia que asegure que tal medida induzca a la registración laboral. Más bien, los resultados han ido históricamente en la dirección opuesta en nuestro país.

Puede anticiparse que el logro de los objetivos de la ley recaerá en el poder de inspección del Estado y en el cumplimiento efectivo de las sanciones. De la misma manera, las empresas están llamadas a desempeñar un rol relevante en tanto pueden solicitar un “certificado” a su cadena de valor que deje constancia de la inexistencia de sanciones relacionadas con el empleo desprotegido. Ello permitirá extender el cumplimiento de los estándares laborales.

Por todo ello, la profundización de las políticas activas de mercado de trabajo, que van desde el estímulo directo a la creación de empleo, propendiendo a la mejora organizacional de las firmas hasta el diseño de estrategias globales, regionales y sectoriales de intermediación laboral entre empresas y trabajadores, emergen como instrumentos de gran potencial para contribuir a la reducción de la informalidad en el empleo.

* Director del Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (Citradis).